Las fuerzas armadas de Myanmar (ex Birmania) destituyeron al comienzo de esta semana a Aung San Suu Kyi, la premio nobel de la paz que había sido reelecta como titular del gobierno en noviembre pasado. Los militares aducen que la elección fue fraudulenta y han detenido a varios dirigentes de la Liga Nacional por la Democracia (LND), a la vez que han instituido un estado de emergencia por un año.

En rechazo al golpe militar, trabajadores de más de 100 hospitales pararon este miércoles. Algunos sindicatos docentes anunciaron una campaña de desobediencia civil. Y cerca de 70 ingenieros que trabajaban en compañías dominadas por las fuerzas armadas renunciaron a sus puestos (Frontier Myanmar, 3/2).

Hasta los comicios de noviembre, el sector castrense y la LND coexistían en el poder. El Ejército reformó la Constitución en 2008, antes de habilitar la apertura que llevó a dicho partido al poder en 2011, reservándose la vicepresidencia, ministerios claves (Interior, Defensa, Asuntos Fronterizos) y un 25% de las bancas parlamentarias.

Pero sobre todo, el gobierno de Suu Kyi y las fuerzas armadas estaban unidos en la promoción de un nacionalismo budista (religión profesada por el grueso de la población) y la persecución de las minorías étnicas. El Ejército y el gobierno se ganaron la reprobación mundial por los crímenes atroces contra los rohingya, de origen musulmán. “Una limpieza étnica de libro”, según admitió la ONU: violaciones en masa, familias enteras quemadas vivas, y cientos de miles desplazados hacia la vecina Bangladesh, es el saldo de esta cacería.

Al mismo tiempo, el gobierno depuesto y los militares entraron en conflicto con las milicias de otras regiones como los Kachin y los Ta’ang. En la base de estas confrontaciones está el intento del Estado de apropiarse las enormes riquezas (oro, cobre, rubíes, etc.) de esos territorios y controlar el tráfico de heroína, en cuya producción el país solo se encuentra por detrás de Afganistán. Militares, políticos y empresarios aparecen involucrados en este negocio (Descifrando la Guerra, 19/5/18).

La ruptura entre los militares y la LND es una aguda lucha de poder. El partido opositor que denunció fraude (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo) está vinculado al Ejército.

Frente al golpe de Estado, China ha adoptado una actitud cauta, evadiendo toda condena del golpe. Beijing es el principal socio comercial del país y viene impulsando el desarrollo de oleoductos y zonas económicas especiales. El gigante asiático supo cultivar relaciones tanto con el gobierno de la LND, como con los militares y los grupos insurgentes, promoviendo una negociación entre todos ellos, bajo su tutela.

Estados Unidos y las potencias europeas vienen hace tiempo tratando de recortar distancias con China en el país, por lo que han tratado de aumentar su cooperación con las fuerzas armadas, ante las que se presentan como una alternativa para reducir la dependencia de Beijing. Su condena actual al golpe es de una profunda hipocresía.

Myanmar es también una plataforma de trabajo precario para las compañías multinacionales. Funcionan allí alrededor de 400 fábricas textiles con cientos de miles de obreras, que abastecen al mercado europeo en condiciones de superexplotación (jornadas de hasta 14 horas diarias). En los últimos años se han desarrollado intentos de organización gremial, movilizaciones y paros.

La clase obrera puede ser uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno militar.