En el informe enviado por César Zelada (Perú), que publicamos en estas páginas, podrá verse en forma detallada cifras y caracterizaciones de las elecciones legislativas del domingo 26.

Evidencian una gran atomización política. Se han presentado 22 partidos y entre 9 y 10 de ellos tendrían representación en el nuevo parlamento. El que salió primero, el centroderechista Acción Popular (del expresidente Belaunde Terry), sacó alrededor del 11 % de los votos. Con diferencias de 1% y/o décimas viene el resto del pelotón. Es de señalar que la legislación peruana coloca un tope alto (5%), proscriptivo, para ingresar al Congreso.

Lo destacado es la brutal caída del agrupamiento derechista fujimorista que, de tener mayoría absoluta (73) en el anterior Parlamento disuelto, ha pasado al quinto lugar con solo 12 bancas. Igualmente, el APRA, que actuaba en tándem con Keiko Fujimori, que, por primera vez en su larga trayectoria, se ha quedado directamente sin representación parlamentaria.

Este solo desenlace puede considerarse un beneficio para el presidente Vizcarra que forzó el cierre del Parlamento y la convocatoria adelantada de elecciones para sacarse de encima esta mayoría fuji-aprista que sistemáticamente obstruía su accionar.

En general, ha habido un avance de la derecha y/o la centroderecha variopinta: un militar represor, un líder de una secta evangélica, etc. capitanean partidos que obtuvieron bancas.

Retroceso de la centroizquierda

La centroizquierda ha retrocedido. De 20 bancas que había sacado el Frente Amplio (FA) ha pasado ahora a 12. Desde la elección del 2016, el FA se dividió, estando la otra fracción -Juntos por Perú, de Veronika Mendoza- al borde de no poder entrar, porque por décimas no superaría el 5% restrictivo. Esta lista integrada por los PC y la Central Obrera (CGTP), dirigida por estalinistas, que coqueteó con el presidente Vizcarra y se empeñó en constituir un frente popular con fracciones menores de la burguesía, hizo sapo total.

En la lista del FA fue electo como diputado Enrique Fernández Chacón, dirigente de la organización UNIOS, integrante de la UIT-CI (organización internacional que integra Izquierda Socialista de Argentina). UNIOS no se presenta en forma independiente, sino que es parte integrante del Frente Amplio, un frente de colaboración de clases. Ya hemos criticado que Chacón fuera –anteriormente- como candidato del FA a intendente de Lima.

El FA es un frente centroizquierdista, del tipo del FA de Chile. Tiene una trayectoria de subordinación a la burguesía: en la elección entre la derechista Keiko Fujimori y el neoliberal Pedro Kuczynski , el FA apoyo al neoliberal, por ser el “mal menor”.

En su programa plantea “construir un Estado eficiente, ético, descentralizado y participativo”, (no la lucha por un Gobierno obrero y campesino); ingresar a la OCDE el organismo imperialista de control del comercio mundial; la “afirmación de la economía social de mercado”; limita el derecho al aborto a casos de violación, etc. Al referirse al capítulo económico del plan del FA, Chacón declara: Hay que cambiar todo lo que haya que cambiar, para satisfacer las necesidades de los trabajadores, el pueblo y las grandes mayorías”. Demasiado genérico ¿no?

El FA propugna la convocatoria a una Asamblea Constituyente para encarar los problemas existentes, proponiendo al nuevo parlamento su convocatoria.

UNIOS afirma que mantiene su independencia dentro del FA, en una especie de participación “entrista”. Repite la política de “frentes amplios” que lo lleva a integrar en Brasil el PSOL, etc. Una política de carácter electoralista, en el marco de un frente de colaboración de clases, contraria al desarrollo de una corriente revolucionaria, de independencia política de los trabajadores.

El presidente Vizcarra no presentó partido propio. Es un hombre de una ínfima base política partidaria. Este nuevo Parlamento atomizado podrá mejor ser manipulado para sus objetivos políticos. Los legisladores electos solo tienen mandato por poco más de un año, hasta abril del 2021, cuando se realizarían elecciones generales, para presidente y legisladores.

Vizcarra tratará de crear para esa fecha, una coalición con él al frente. El fujimorismo ha quedado por el momento fuera de combate, políticamente desplazado. La justicia que liberó a su líder Keiko Fujimori, dos meses antes de la elección, de la cárcel, donde estaba detenida en forma “preventiva” acusada de soborno y corrupción; 48 horas después de realizada la misma, fue vuelta a encerrar. Justicia al servicio del régimen.

Vizcarra ha encarado su accionar gubernamental usando al mismo tiempo una campaña demagógica de “lucha contra la corrupción”. Una hipocresía, siendo él mismo acusado en varias oportunidades como corrupto. Con esa bandera ha logrado confundir a sectores de la clase media y de los explotados. Mientras cuenta –por esta campaña contra la corrupción- con un prestigio popular de cerca del 60% de aceptación. A fin del 2018 sacó un decreto de “Competitividad y Productividad” que es un verdadero manual de reforma laboral antiobrera. Ha maniobrado enfrentando las luchas populares (movilización campesina en El Tambo por el cierre del proyecto minero Tía María, imponiendo finalmente su apertura) u obreras (enfrentó la huelga minera contra la superexplotación de los monopolios patronales, etc.). Ahora, pegado a la elección, sacó un nuevo decreto, por el cual asesta un fuerte golpe a los convenios colectivos de trabajo en el ámbito estatal. Usando también un lenguaje anticorrupción: “no pueden presentarse pliegos de reclamos en el año anterior a una elección, tanto generales, como municipales o locales”. Subyace que enfrentaría los nombramientos y privilegios que otorgan los políticos corruptos para obtener votos, disfrazando su ataque a los derechos de los trabajadores.

La vanguardia obrera y de la izquierda revolucionaria tiene planteado sacar un balance del callejón sin salida al que llevan las políticas de conciliación de clases, movimientistas y frentepopulistas. Es necesario apartar la búsqueda de soluciones a la superexplotación de los trabajadores en cambios constitucionales. (Una reforma constitucional podría llegar a estar incluso en los planes de Vizcarra.)

Es necesario promover un reagrupamiento político independiente de la vanguardia militante. Reorganizar al movimiento sindical detrás de un programa de independencia de clase, que se plantee la realización de un Plenario Nacional de Trabajadores para votar una plataforma y coordinación para recuperar los sindicatos y enfrentar con un plan de lucha los ataques del gobierno hasta derogar sus decretazos antiobreros y antisindicales. Solidaridad activa en apoyo a las luchas que vayan protagonizando diversos sectores de los trabajadores.