Así sintetiza el cuadro de situación en Brasil una analista de la Fundación Getulio Vargas (reportaje a Lara Mesquita, Clarín, 29/7).

Brasil se ha transformado en una verdadera olla a presión. La reciente sublevación provocada por el aumento de los combustibles que atravesó todas las clases sociales, desde el camionero independiente hasta los grupos empresarios, es una señal del creciente impasse del golpe parlamentario de 2016, que precipitó el desplazamiento de Dilma. La recuperación económica que proclamó el gobierno Temer asciende a un 3% del PBI, que no contrarresta la recesión de años anteriores. El desempleo subió a la cifra récord de 13,1% en el primer trimestre de 2018 y un millón y medio de trabajadores perdieron su trabajo en los primeros meses de este año. Los nuievos empleos, mayoritariamente, tienen un carácter precario.

La política de apertura de la economía, privatizaciones de sectores estratégicos y la reforma laboral no generaron, como se pregonaba, una nueva corriente de inversiones. Petrobras, la nave insignia de la economía nacional, sufrió un derrumbe de sus acciones, cuando fracasó el tarifazo sobre los combustibles dirigido a rescatar a la empresa y a hacer frente al déficit fiscal provocado por la abultada y creciente deuda pública. La inversión global asciende al 15% cuando promediaba el 20% en 2010. Lejos de ingresar nuevos fondos, asistimos a una sangría, que ascendió a casi 3 mil millones de dólares en 2017 y que no se ha frenado. Brasil no escapó al impacto de la crisis mundial, que viene provocando una desvalorización de las monedas nacionales y por la huida de capitales de los países emergentes hacia las metrópolis. En este contexto, las calificadoras han bajado la nota a la deuda brasilera.

El tránsito de Dilma a Temer fue la tentativa de pasar de un régimen de contención a otro de ataque a las masas y de promover una alteración profunda de las relaciones de clase en todos los planos. Pero la experiencia derechista viene tropezando con escollos cada vez mayores, revelando que no logra reunir los recursos políticos y económicos para imponer semejante agenda. Con su capital político minado, Temer no ha logrado armar una sucesión controlada. La contienda electoral, lejos de ser un una vía de estabilización y salida de la crisis, ha terminado transformándose en un factor de su agravamiento.

Fragmentación

Bolsonaro, el candidato derechista que figura escoltando a Lula en las intenciones de voto, no supera el 20 por ciento. Por otro lado, es un elemento poco confiable para el establishment. Sus posturas en favor de la dictadura y otras de carácter fascistizante lo transforman en un elemento incontrolable y provocador. Goza de simpatías en las Fuerzas Armadas y la elección como su vice del polémico general de reserva Hamilton Mourao, y su promesa de que “habrá un montón de ministros militares” en su gobierno, afianza este nexo.

En cambio, la burguesía mayoritariamente parece inclinarse por la candidatura de Alckmin. El ex alcalde paulista es “puerto seguro” para los empresarios y ha recibido todos los aplausos de la Bolsa de Valores. Promete privatizar empresas estatales, imponer una reforma previsional y terminar con la enseñanza superior pública gratuita. Alckmin ha logrado conformar una coalición de cinco partidos de “centro” y confía en que su influencia en los medios y vínculos con círculos de la burguesía lo catapulte como el candidato principal, aunque arranca con una intención bajísima de votos (7%). El nombramiento de la reaccionaria Ana Amélia es una señal de que el ex alcalde paulista está dispuesto a tomar como propia parte de la agenda ultraderechista de Jair Bolsonaro.

Pero el panorama seguirá siendo incierto hasta que no quede definida la suerte de Lula. El PT acaba de oficializar la candidatura del ex presidente, que lidera los sondeos con casi un tercio de las intenciones de voto. Las normas electorales vetan la postulación de cualquier persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es su caso, pero la Justicia electoral sólo puede pronunciarse una vez que la candidatura sea registrada. En caso de que dicha instancia confirme este criterio, el PT tendría la posibilidad de apelar ante el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) aunque el pronóstico no es alentador.

El PT ha puesto en marcha un plan B, nombrando al ex ministro Fernando Haddad como candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por el ex mandatario, que aún puede ser impugnada por la Justicia. En caso de que esto ocurra, Haddad sería ungido como candidato presidencial, acompañado por una candidata del PC do B.

Golpismo y Fuerzas Armadas

Está a la vista que el objetivo del Lava Jato es funcional al golpe institucional. Es muy aleccionador tomar nota de esto ahora que en la Argentina se le rinde pleitesía como sinónimo de una “cruzada contra la corrupción”. El apresuramiento para condenar a Lula no ocurrió con Temer y otros miembros de la coalición gobernante. La investigación e intervención judicial ha servido de pantalla para llevar adelante el operativo destituyente y proscriptivo.

Una pieza clave de este operativo son las Fuerzas Armadas, quienes, una vez más, han hecho valer su presión para que Lula continúe preso. Vocero de la demanda esta vez fue el general Luiz Eduardo Ramos Baptista, jefe del Comando del Sudeste del Ejército brasileño, quien señaló que “la ley debe ser cumplida, en forma independiente de quién sea afectado por ella”. En Brasilia, según un relato del diario Estado, no sorprendieron sus palabras, que tenían como propósito marcar la cancha ante “una eventual revisión por parte de la Corte Suprema de la prisión del ex presidente” (Clarín, 28/7).

La crisis atraviesa todos los estamentos del aparato del Estado y la Justicia no es una excepción. El llamado “golpe parlamentario” que se produjo en junio de 2016 fue un golpe militar con la complicidad de todas las instituciones del Estado brasileño y el apoyo de la “comunidad internacional” -o sea, el imperialismo de Estados Unidos, la Unión Europea y las ‘democracias’ latinoamericanas. El imperialismo no apela a una intervención militar directa, como era usual décadas atrás, pero no se priva de alentar maniobras, presiones y componendas, mientras progresa en la instalación de bases militares y en el reforzamiento de las Fuerzas Armadas del continente. En Brasil, entre una proclama golpista y la siguiente, los militares -en especial retirados- van copando las listas parlamentarias, para imponer un bloque agrario-militar-evangélico luego de las elecciones de octubre.

PT y la izquierda

La política del PT es de apaciguamiento. Aunque la cúpula petista pretende presentarlo como una maniobra para eludir las trabas judiciales, el plan B ya es una señal de que va a allanarse la proscripción de su líder partidario. La estrategia del PT es hacer buena letra ante la burguesía, de la cual fue escrupulosamente tributaria cuando fue gobierno. Lula fue el gerente de negocios de Odebrecht, de la patria contratista y de la burguesía industrial y armó un régimen de corrupción a su servicio.

Lula y compañía han dejado pasar la brutal ofensiva oficial contra los trabajadores -empezando por los sindicatos y la central obrera, encolumnados políticamente con el PT-, con el argumento de que había que esperar a las elecciones, pero la opción que ofrecen es una variante del ajuste. La presidente del PT acaba de pronunciarse en favor de una reforma jubilatoria, lo cual es toda una definición política.

De todos modos, y por más señales que dé que no va sacar los pies del plato, la clase dirigente reserva la carta de Lula como un recurso último frente a una irrupción revolucionaria de las masas.

En este contexto, un párrafo especial lo merece la izquierda, donde se ha creado un frente político PT-PSOL-PC do B-PDT, de contenido burgués, para cooperar en un segundo turno electoral. La izquierda se ha unido en un “Frente Ciudadano”, de programa desarrollista y de rescate y subsidios a la burguesía que llega hasta el PDT de Ciro Gomes. El PSOL no es un factor activo en el impulso y organización de la lucha de clases y de la resistencia al ajuste, sino que está sumado al electoralismo más abyecto. La primera vuelta electoral, para la cual el PSOL enarbola la candidatura de Boulus, oficia como una interna dentro de esta coalición política “amplia” que viene actuando. La pasividad de la izquierda durante la crisis de los camioneros fue llamativa. Ni qué decir de sectores petistas que hicieron frente único con el gobierno Temer, planteando que la huelga de camioneros desestabilizaba el país.

Estrategia

Entre los trabajadores brasileños, sin embargo, hay reservas de lucha. Lo prueba la victoria obtenida por los profesores de la red privada paulista contra la tentativa de anular conquistas de su convenio colectivo; la huelga general de las universidades públicas paulistas o la lucha de los trabajadores municipales de San Pablo en defensa de sus jubilaciones. Esta tendencia viene chocando con el chaleco de fuerza de direcciones políticas y sindicales del movimiento obrero.

El planteo de poner al proletariado como furgón de cola de una colaboración de clases, en nombre de una oposición a la derecha, es completamente reaccionario. El desafío crucial de la hora es que la izquierda y la clase obrera se trasformen en alternativa política, esta vez ya no bajo las formas democratizantes, como en la década y media pasada, sino bajo una estrategia obrera y socialista. Esto plantea una firme delimitación político-programática del nacionalismo de contenido burgués, impulsar la lucha e intervención independiente de los trabajadores y la construcción de partidos obreros revolucionarios.

Llamamos a combatir al golpismo, a la derecha y al imperialismo, no en defensa de un retorno de los regímenes patronales ‘nac & pop’, que son los responsables por este retroceso, sino para impulsar una salida revolucionaria de los trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina.

Entramos en Brasil en una nueva fase de la situación política. Lejos de cerrar la crisis, las elecciones abren paso a una transición convulsiva.