Hasta el 19 de mayo, las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) sólo reconocían 25 contagios por Covid-19. Ante la avalancha de evidencias que lo contradecían, debió ir corrigiendo sus cifras. El 26 de mayo, informó un total de 35 muertos y 759 infectados. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Covid-19 habla de al menos 465 muertos y 2.323 casos (France 24, 26/5), en un país de 6,4 millones de habitantes.

Los hospitales colapsados (Manolo Morales, Hospital Militar, Lenin Fonseca, Chinandega) y los testimonios de los profesionales también desmienten los guarismos del gobierno. El doctor Pasquier, médico del hospital Chinandega, afirma que el informe oficial no tiene ninguna relación con la realidad. Allí veinte profesionales se infectaron. Hay denuncias sobre amenazas a médicos con quitarles la licencia si denuncian el verdadero alcance de la enfermedad. El doctor Núñez, de la Unidad Médica Nicaragüense, denuncia una manipulación para subregistrar el número de muertes por Covid-19, que consiste en hacerlas pasar como decesos por neumonía, cuyo número ha aumentado en una proporción nunca vista en una época del año en que es inhabitual que ocurra.

El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidido por Daniel Ortega, no dictó medidas de aislamiento social y mantuvo las clases, la convocatoria a espectáculos deportivos y eventos masivos de toda clase, alentados  por el Instituto Nicaragüense de Turismo.

La oposición  política burguesa a Ortega apenas ha sido crítica de palabra, y meramente testimonial, incluida la Iglesia, uno de cuyos portavoces, el obispo de Matagalpa, aconsejó al presidente declarar la cuarentena. Los partidos de la oposición que han formado un frente electoral llamado Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, apenas alzaron la voz señalando por boca de uno de los voceros políticos de uno de sus partidos (Unidad Azul y Blanca), Jesús Teffel, que el gobierno manda a morir a los médicos. En términos prácticos, estas declaraciones no han tenido consecuencias. Sus quejas están dirigidas a la OEA y la ONU, esto es, a organizaciones representativas del imperialismo. En el fondo, pretenden la intervención de las mismas con la vista puesta en las elecciones de fines de 2021, con la finalidad de un recambio indoloro, en el que las masas estén ausentes (le temen a una irrupción de las mismas que no puedan controlar), y reclaman limpieza electoral para combatir el fraude orteguista. En rigor, no quieren hacer olas y pretenden el cumplimiento de los compromisos con los fondos de inversión acreedores y el FMI.    

Deuda externa, crisis capitalista y fracaso de las salidas nacionalistas

La deuda pública de Nicaragua asciende a 11.603 millones de dólares (más del 80% es externa). Esto constituye un 88,4% del PBI. El gobierno fondomonetarista presidido por Ortega ha debido enfrentar en 2018 una verdadera insurrección popular como resultado del intento de imponer una rebaja de las jubilaciones, para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario.

En un cuadro de recesión mundial, han bajado las exportaciones de lácteos, especialmente a El Salvador y Estados Unidos; ha disminuido el turismo, otra fuente de ingresos muy importante, y en 2019 se ha derrumbado por completo el proyecto de construcción de un canal interoceánico entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, con una empresa china que acaba de cerrar sus puertas en Hong Kong.

La política de compromiso con el Fondo Monetario y los fondos de inversión le han valido al gobierno nicaragüense el mayor premio por inversiones extranjeras, otorgado por la revista Forbes en Dubai. El premio no es gratuito ni simbólico. Nicaragua ha sido objeto de una transferencia de 5.055 millones de córdobas (150 millones de dólares) a las reservas internacionales del Banco Central nicaragüense cuya finalidad es atender la importación de bienes y el pago de los servicios de la deuda externa.

Respecto al impacto de la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronostica una gigantesca ola de despidos que llegaría a 125.400, que se sumarían a la cifra proporcionada por la Fundación Nicaragüense para el desarrollo económico y social, que habla de 106.000 empleos perdidos en los últimos dos años. Cabe mencionar que la mayor parte de los trabajadores de Nicaragua es informal (62%). La situación descripta va a agravar el estado de las jubilaciones; el INSS (Instituto Nacional de Servicios Sociales) está a punto de colapsar en la medida que disminuyen los cotizantes a la caja jubilatoria.

Es evidente que resulta perentorio el cese del pago de la deuda pública externa e interna y la ruptura con el Fondo Monetario y demás acreedores para destinar los fondos de la recaudación al combate de la pandemia, y un programa de prohibición de despidos y suspensiones, un seguro que cubra la canasta familiar a los desocupados, un impuesto de emergencia a las grandes fortunas para salvar el INSS de su vaciamiento y el control de trabajadores y jubilados sobre el mismo, un aumento salarial de acuerdo al costo de la canasta familiar y encarar el combate a la pandemia pasando por arriba del gobierno sobre la base de la organización de comités de obreros, vecinos y profesionales de la salud. Esto requiere retomar la rebelión de 2018 pero sobre la base de la ruptura con la dirección de la burguesía opositora, organizando a la clase obrera y a los oprimidos a partir de las conclusiones sobre el papel de la dirección sandinista y de las salidas de corte nacionalista, bolivariana, etc, para imponer una salida obrera a la crisis en la perspectiva de la unidad socialista de América  Central y de América Latina. La construcción de un partido obrero revolucionario que dote de una dirección a las masas laboriosas del heroico pueblo de esta nación centroamericana es una cuestión decisiva.