01/09/2016 | 1426

En qué consiste el conflicto con las cooperativas mineras

Un salto en la crisis política


 


El conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros cobró una resonancia internacional luego de que al menos tres manifestantes murieran durante el desalojo ordenado por el gobierno contra los bloqueos de Cochabamba y Panduro. En esta última localidad, ubicada a más de 100 kilómetros de La Paz, los cooperativistas lincharon al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, al que mantenían retenido junto a uno de sus ayudantes, como parte de su puja con el Ejecutivo.


 


La represión con balas de plomo por parte del gobierno de Evo Morales contra los cooperativistas, a lo que le siguió una ola de detenciones y procesamientos contra referentes del sector, no es un hecho aislado. Las fuerzas policiales bolivianas han procedido de esta manera contra los indígenas que luchaban contra el desarrollo de la carretera Tipnis, en 2011, o contra la huelga de los mineros de Huanuni en 2008, que dejó dos muertos y 40 heridos de bala. Nada que envidiar a las masacres de Sánchez de Lozada.


 


El detonante del conflicto fue la promulgación de una ley que habilita la sindicalización en las cooperativas. Aunque no alcanza al sector minero, la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) inició bloqueos para disuadir cualquier tentativa de sindicalización de los trabajadores, amén de otros reclamos como tarifas diferenciadas en materia de electricidad, mayores áreas de explotación, disminución de las regulaciones medioambientales, y sobre todo, libertad de asociación con el capital privado. Este pliego de demandas es esgrimido como una necesidad de abatir los costos de producción y enfrentar la crisis derivada de la caída del precio de los metales.


 


Las cooperativas mineras concentran el 20% de la actividad del sector (el 72% está en manos de transnacionales y el 7% en manos del Estado) y en su seno los salarios son mucho más bajos que en el resto de la actividad. No existen la seguridad social ni el derecho de organización gremial. A pesar de esto, las bases cooperativistas actúan en los piquetes en común con sus patrones, presumiblemente bajo la extorsión de preservar las fuentes de trabajo.


 


Evo y las cooperativas


 


Aunque ahora se encuentra en choque con el sector, Evo Morales promovió el desarrollo de las cooperativas mineras y llegó a un pacto con ellas (obtuvieron puestos en el Estado y bancas en las listas del MAS) como parte de una orientación política que se proponía neutralizar al proletariado minero, la vanguardia de la clase obrera boliviana. Se toleró, por ejemplo, la transferencia de concesiones por parte de las cooperativas a empresas privadas, se les otorgó nuevas áreas de explotación y ventajas fiscales. Esta asociación le fue útil al gran capital minero, dado que le dio acceso a una gigantesca plataforma de trabajo precario.


 


El conflicto con los cooperativistas es una manifestación aguda de la pérdida de apoyo político del gobierno de Evo Morales. Los planteos de sindicalización en las cooperativas por parte del gobierno, sin embargo, no apuntan a una igualación de las condiciones de trabajo sino a dotarse de una base de apoyo, cuidadosamente regimentada desde el aparato estatal -o meramente a chantajear a los líderes de las cooperativas.


 


Agenda Revolucionaria, grupo que participó de las deliberaciones previas a la Conferencia Latinoamericana desarrollada en Montevideo, emitió una declaración (ver en la web del PO) en que caracteriza que “el choque entre cooperativistas y el gobierno (otrora aliados, NdR) se produce bajo la presión de la crisis, donde el precio de los minerales, al igual que los del petróleo, ha descendido. Se trata en el fondo de una pugna por la renta minera que, tanto gobierno como las cooperativas, obtendrían a través de negociar áreas de explotación con las transnacionales”. Denuncia la represión estatal y clarifica también la diferenciación social que se opera en las cooperativas: “lejos de cumplir con los principios cooperativos de solidaridad y  de asociación sin fines de lucro, no son otra cosa que empresas privadas en manos de un puñado de  socios-accionistas que explotan a un ejército de más de 180 mil obreros”.


 


Asimismo, la declaración subraya que “la política minera (de Evo) sigue intacta: no hubo nacionalización de la minería, la minería nacionalizada es parasitaria, se profundizó la primarización de la economía, el rentismo estatal y la hegemonía transnacional”.


 


Crisis y programa


 


Si durante el periodo de ascenso del precio de las materias primas, Evo Morales logró granjearse –a partir de numerosas concesiones- un apoyo que iba desde el capital imperialista hasta la burocracia de la Central Obrera Boliviana, pasando por la oligarquía de la Media Luna, la debacle de estos precios está llevando a un resquebrajamiento acelerado de su base social.


 


Esto se puso de relieve en su reciente derrota en el referéndum por la re-reelección, donde no sólo perdió en Santa Cruz de la Sierra sino que retrocedió fuertemente en algunos de los distritos emblemáticos del MAS. La derecha, sin embargo, permanece desorganizada y no logra explotar la crisis del mandatario aymara-aunque se haya plegado a los reclamos de los cooperativistas por medio de los ex candidatos Samuel Medina y “Tuto” Quiroga.


 


La clase obrera boliviana, que ha protagonizado importantes combates en esta nueva etapa, como contra el cierre de la textil Enatex, necesita dotarse de un programa frente a la crisis, que la delimite del gobierno y que permita escindir a las bases cooperativistas de su dirección reaccionaria, que incluya la prohibición de despidos, la equiparación salarial entre los cooperativistas y el resto de los trabajadores mineros y su libre organización gremial, así como la nacionalización integral de la minería bajo control obrero.


 


 


 

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