Tras casi seis meses de intentos frustrados por conformar gobierno en Irak, luego de la renuncia impuesta en diciembre a Adel Abdul Mahdi por la rebelión popular, finalmente este jueves 7 asumió como primer ministro Mustafa al Kadhimi, con una serie de promesas para un país incendiado por el colapso sanitario, la crisis económica y la bronca contra el régimen político.

Pero la desconfianza de los luchadores, mayoritariamente jóvenes, no tardó en expresarse: el domingo 10, cortando con el relativo parate impuesto por la pandemia de coronavirus, volvieron a haber movilizaciones a Bagdad y otras áreas del país.

Al Kadhimi, al difundirse la convocatoria a marchar, había respondido con anuncios de que se perseguiría a quienes “derramaron sangre iraquí” -un cuento que ya se había escuchado en octubre, cuando la represión acumulaba 165 muertos, y que vuelve ahora cuando son más de 600 los cadáveres. Pocos días después, se lanzaban gases lacrimógenos y bombas de sonido contra los manifestantes.

Pese a que hoy al Kahdimi dispuso la liberación de detenidos por luchar y pidió “protección” para los manifestantes, la mencionada sucesión de hechos es muy demostrativa de las enormes dificultades que se le presentan para cerrar la larga crisis que atraviesa el país, y que abarca, sin exagerar, todos los terrenos.

El dilema económico

Si en octubre, cuando comenzó la última rebelión, ya se podía hablar de colapso de la economía, desocupación masiva (más de 25% entre los jóvenes) y déficits enormes en el acceso al agua potable y la electricidad, ¿qué palabras quedan para describir la situación actual?

En primer lugar, están los estragos del derrumbe del precio internacional del petróleo, del que depende el 90% de la economía del país, cuyos ingresos se han visto reducidos a la mitad (El País, 17/4).

Junto a ello, el coronavirus. El sistema sanitario del país, que hasta la década del ‘90 fuese de los mejores de la región, ha sido desmantelado por años de devastación imperialista, que forzaron al exilio de 20 mil médicos desde 2003 (según datos de la ONU). Con 1,4 camas y 0,8 médicos cada mil habitantes y solo el 2,5% del presupuesto nacional, la pandemia ha tenido amplio terreno para desarrollarse, y se registran 2.767 contagiados y 109 muertos (pero no son pocos los que señalan una gran subestimación en esas cifras).

Al Kadhimi anuncia que rescindirá la decisión del gobierno saliente de bloquear el pago de jubilaciones y sueldos estatales, “de los que dependen uno de cada cinco iraquíes” (Al Jazeera, 10/5). Pero los analistas advierten que la falta de ingresos obligará a tomar todavía más deuda con el capital financiero (eso cuando el país tendría que pagar durante este año 10 mil millones al FMI), lo que de suceder vendría condicionado con nuevas medidas de ajuste, echando más nafta a las protestas populares. Mientras tanto, en el curso de la pandemia, la gran masa de trabajadores informales ven sus ingresos reducidos a cero.

El dilema político

Al Kadhimi fue designado jefe del aparato de Inteligencia del país en junio de 2016, cultivando en todo el período de guerra contra el Estado Islámico (ISIS) aceitados vínculos con Arabia Saudita y Estados Unidos; su designación ha sido saludada por el secretario de Estado yanqui Mike Pompeo. Con todo, no podría haberse hecho de los votos necesarios sin la repartija de ministerios que realizó entre los principales partidos políticos del régimen. La pro-iraní Fatah, segundo bloque parlamentario, pasó de rechazarlo a aceptarlo.

Así, la estabilidad de Al Kadhimi aparece condicionada a que se mantengan los apoyos de EE.UU. e Irán. Algo nada fácil, ya que ambos países han continuado sus choques luego del célebre asesinato yanqui del general iraní Qasem Soleimani, varios de ellos en suelo iraquí. Las declaraciones del flamante primer ministro de que “Irak no se convertirá en el lugar para que Estados Unidos e Irán salden deudas” parecen por el momento el pedido de un hijo a dos padres en tensión. Por el momento Estados Unidos, que viene de importantes retrocesos en Medio Oriente, apuesta a beneficiarse de las divisiones surgidas entre las milicias proiraníes, que ocupan un lugar protagónico en el aparato represivo del Estado iraquí.

Por ¿otro? lado, Fatah dio su apoyo a Al Kadhimi por el compromiso de este, que ha prometido llamar a elecciones anticipadas, de mantener la “Muhasasa” -el sistema de gobierno sectario, que reparte los principales cargos del Ejecutivo y Legislativo entre chiítas, sunitas y kurdos. Pero el repudio a este sistema corrupto ha sido, justamente, uno de los principales elementos que desató la rebelión popular, y sigue vivo en el corazón de las masas.

La amenaza militar

Por si faltasen problemas, el gobierno saliente de Irak tuvo que anunciar la semana pasada la operación “Leones del desierto”, en un intento de frenar el resurgir del Estado Islámico (ABC, 7/5), luego de que este realizara varios ataques contra la población civil y milicias proiraníes en varios puntos de Irak.

Luego de sus derrotas militares del año pasado, el ISIS ha dado muestras de reavivamiento. Un reciente informe citado por La Tinta (8/5) sostiene que la organización “conserva una gran libertad de operabilidad en las zonas rurales y urbanas” y que recauda al menos tres millones de dólares por mes en “impuestos” a las compañías de transporte que operan en las zonas bajo su control; “también –afirma- ha demostrado que comprende su entorno y está aprovechando hábilmente las luchas internas políticas, la debilidad económica y el frágil entorno de seguridad de Irak”.

Vistos todos los elementos, parece claro que en Irak continuará la crisis política y que las marchas de este domingo no serán las últimas.