El general Juan Carlos Córdoba, comandante de la división más importante del ejército uruguayo, fue despedido de su cargo después de llamar a sus subordinados a “resistir” las citaciones judiciales por las investigaciones de los crímenes de la dictadura militar y anunciar que “daría refugio” en sus cuarteles a quienes lo hicieran.

Aunque aceptó la amnistía a los militares decidida en un referendo, Tabaré Vázquez ha resuelto impulsar la investigación judicial de algunos crímenes “específicos y notables” de la dictadura militar, como el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de la nuera del escritor Juan Gelman, y darles “un tratamiento rápido” para que todo esté terminado “antes de fin de año”. Vázquez ratificó el respeto de su gobierno a la llamada “ley de caducidad”, la versión uruguaya del punto final. Ya en el “pacto del Club Naval”, firmado por el FA y el partido colorado con los militares al final de la dictadura, quedó establecido que los gobiernos “democráticos” se comprometían a no encarcelar a ningún represor y a respetar el pago de la deuda externa.

Todo esto explica el apoyo recibido por el gobierno de toda una parte del generalato.

Acaba de ser confirmado también el ascenso al generalato del militar Miguel Dalmao, acusado de actuar como torturador en una cárcel clandestina. El pliego con su pedido de ascenso fue enviado al Senado por el gobierno del FA y aprobado por sus propios senadores, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos advirtieron de manera pública, e incluso en forma privada, al propio Vázquez, sobre sus antecedentes.