El anuncio de la calificadora Standard & Poor's, comunicando la quita del grado de inversión a Brasil, tomó estado público inmediatamente después que el gobierno diera a conocer el proyecto del presupuesto. Dicho proyecto, que arrojaba un déficit, fue interpretado por los círculos financieros como la evidencia del fracaso de ajuste.

 

Esta visión se ha hecho extensiva a la propia burguesía local que, hasta ahora, venía cerrando filas detrás del gobierno y sosteniendo a Dilma en medio de la tormenta. Las poderosas federaciones industriales de los estados de San Pablo (Fiesp) y de Río de Janeiro (Firjan), que el mes pasado rechazaron el impeachment de la mandataria, emitieron ahora un comunicado en el que calificaron al gobierno de incapaz para resolver la crisis. Ambos sectores coinciden en que “la presentación, la semana pasada, al Congreso de un presupuesto deficitario para 2016 fue la demostración más inequívoca de que el gobierno cedió su responsabilidad de gobernar” (La Nación, 12/9). Este cambio de posición es el inicio de un viraje que puede terminar llevándose puesto al gobierno.

 

Uno de los principales diarios del país advierte que “la administración de Dilma Rousseff pende de un hilo” y hace un dramático llamado a que “tanto la presidenta como el Congreso, asuman sus responsabilidades para evitar que el país sucumba” (Folha de San Pablo, 13/9).

 

Por lo pronto, se ha reactivado el cerco judicial y por primera vez, se ha elevado el pedido a la justicia, en el marco de la causa del Petrolão, de que Lula sea citado a declarar. La justicia ahora tiene que decidir la pertinencia de tal solicitud. El asedio judicial va de la mano de la amenaza del impeachment. El fantasma del juicio político vuelve a la superficie en forma proporcional a la pérdida de respaldo del gobierno en las filas de la clase capitalista, por un lado, y al derrumbe económico y social, por el otro. La devaluación del real es imparable mientras se profundiza la crisis industrial y el retroceso económico, con su secuela de despidos y cierres.

 

Dilma está haciendo un esfuerzo contra reloj para adaptar el presupuesto a las exigencias del gran capital. La nueva versión contempla un corte de gastos por 6800 millones de dólares que incluye -entre otras medidas- el congelamiento de los salarios del sector público (con una inflación superior al 9%). Y un recorte drástico de gastos sociales. Se trata de los programas “Bolsa Familia”; seguro de desempleo; fondo de financiamiento estudiantil, que incluye a 2 millones de estudiantes y el plan “mi casa, mi vida” que da créditos baratos para la compra de vivienda por familias de ingresos bajos. Pero, para ello, debe vencer las resistencias existentes dentro de su propio gabinete y del PT, que han procurado preservar la continuidad de algunos programas sociales.

 

Una crisis de fondo

 

El desenlace de esta pulseada anticipa una crisis de gabinete, alimentando aún más las tendencias de disgregación y descomposición del PT. Siendo el principal blanco el recorte de programas sociales, aun así, el ministro de Economía pretendería cerrar las cuentas apelando también a un aumento de impuestos. Es que la recaudación ha ido cayendo este últimos meses, lo que “parecería haber convencido a Levy de que algo hay que hacer con los gravámenes” (Clarín, 13/9). Pero la sola insinuación de esa posibilidad ya ha despertado la beligerancia de la burguesía. Lo “delicado” del caso, como subraya la prensa, es “la resistencia empresarial a pagar una pequeña parte de la cuenta” (ídem).

 

Las contradicciones que han quedado expuestas en torno al presupuesto, de todos modos, van más allá del ajuste propiamente dicho. Estamos frente a una disputa en la que lo que está en discusión es la apertura económica al gran capital internacional y una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra pública. Están en juego, en primer lugar, los contratos del estado, una mayor injerencia de petroleras y capitales foráneos en Petrobras y el futuro del BNDES, el banco de desarrollo que ha subsidiado a los grandes grupos de la burguesía brasileña. Para amplias franjas de la burguesía, el Mercosur debe dejar de ser una “unión aduanera” y quedar en libertad de suscribir tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos. En definitiva, el ajuste es el puntapié inicial de un giro económico más general.

 

Entre tanto, las centrales sindicales frenan las luchas contra los ajustes y contra las cesantías, alegando la necesidad de apoyar al gobierno contra un golpe. Estamos asistiendo, sin embargo, a una seguidilla de huelgas en la gran industria que están enfrentando la crisis industrial en curso y que resisten los despidos pese al bloqueo de la burocracia (ver “Ford en huelga” en Internet).