La crisis de poder venezolana atraviesa una nueva escalada. La OEA, ese “ministerio de colonias” según lo definiera justamente el Che Guevara, resolvió “invocar la Carta Democrática”. Se trata de una presión internacional para el apartamiento del gobierno electo -o sea golpismo revestido de “democracia”.

 

En respuesta a la “invocación” de la OEA, Nicolás Maduro anunció “que demandará a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) por usurpar funciones exclusivas del presidente” (www.telesurtv.net). A nadie escapa que este juicio, bajo el control de un Tribunal Supremo que responde directamente al Ejecutivo, apunta al cierre o la disolución del Parlamento, cuya mayoría está en manos de la derecha.

 

Esto viene precedido por el desconocimiento de Maduro sobre las firmas reunidas por la oposición para convocar al referéndum revocatorio. En el pasado, Chávez había admitido otras iniciativas de referéndum y salió a desafiar a la derecha en ese terreno. Maduro ahora no lo hace porque sería derrotado categóricamente. El jefe de Gobierno dice que la Asamblea Nacional es oligárquica y burguesa, y por eso desconoce las firmas. Es el reconocimiento, por parte del mismo riñón del régimen, que la constitución chavista no era ni es la base para ninguna construcción socialista. Por otra parte, es la confesión de que el chavismo no puede gobernar sobre la base de su propia constitución. La violación que hace de ella es para reforzar un “bonapartismo en descomposición” que se aferra al poder para cumplir una misión que nada tiene de “popular”. En efecto, el gobierno de Maduro pilotea un brutal ajuste contra las masas, que sufren padecimientos insoportables; en Venezuela se observan retrocesos civilizatorios a escala de la salud pública, la provisión de alimentos, y, en definitiva, una aguda descomposición social. El “Estado de excepción” dictado hace 15 días buscó, antes que esta ofensiva contra el Parlamento, reforzar el poder represivo y de arbitraje de la camarilla madurista. Su disgregación, sin embargo, no ha cesado un curso imparable: la vieja guardia de militares chavistas se pronunció públicamente por la caída inmediata del gobierno. El Mayor General retirado Cliver Alcala dijo que “necesitamos destituir al presidente Maduro este año para conectar de nuevo con la gente” (The Wall Street Journal, 31/5), mientras que otro grupo de “héroes del 4 de febrero” (por el levantamiento contra Carlos Andrés Pérez en 1992) firmó un duro texto contra el mandatario, bajo el liderazgo del ex gobernador Porras.

 

La invocación de la “Carta Democrática” de la OEA llega tras sucesivos fracasos de “mediación” internacional. El último se dio el pasado fin de semana, cuando funcionarios del gobierno y dirigentes de la derecha proimperialista tuvieron encuentros en Dominicana con Rodríguez Zapatero, ex presidente del Estado Español, país que se encuentra a la vanguardia de los lobbys destituyentes en América Latina. Las declaraciones posteriores sugerían un nuevo empantanamiento. La “transición ordenada” se constituyó en obsesión para Obama, el Papa y sus “amigos” venezolanos, asustados por una intervención popular “descontrolada” cuyas consecuencias barrerían también con ellos. La hipocresía de la OEA busca esconder las maniobras que agrupan al imperialismo y sus principales aliados en América -como el gobierno argentino-. Quieren sacarse de encima a Maduro, pilotear mediante la derecha de la MUD el ajuste, y ejecutar un rescate de gran alcance respecto de la economía venezolana -reestructuración de deuda y del negocio petrolero.

 

Por una salida obrera

 

La dinámica de los desplazamientos políticos en América Latina está dictada por la envergadura de la bancarrota capitalista mundial y su impacto en América Latina que viene provocando la fractura, el derrumbe de sus economías y de sus regímenes políticos.

 

Los “nacionales y populares” que persisten en el poder descargan el peso de la crisis sobre los trabajadores, desde Tierra del Fuego hasta Caracas. Al mismo tiempo, las “alternativas” derechistas para reemplazarlos pretenden pilotear ese ajuste en sus términos. La independencia política de los trabajadores es irremplazable. En Venezuela es necesario impulsar la convocatoria de un Congreso que discuta una salida obrera independiente frente a la crisis y pugnar por una asamblea constituyente dirigida por un gobierno de trabajadores, que reorganice el país sobre nuevas bases.