Entre el imperialismo y la revolución

Ya en agosto del 2002, cuando Gonzalo Sánchez de Losada (Goñi) del Mnr, fue elegido Presidente por el Congreso después de haber obtenido, a la Kirchner, poco más del 20% de los votos emitidos, anticipamos que «el gobierno que surge será un gobierno de crisis, minoritario y puesto en jaque político desde el inicio» (Prensa Obrera N° 762, Buenos Aires, 11/7/02; Trinchera ÿpor un Partido Obreroÿ, La Paz, 12/8/02). Por su lado, con 20,94% de los votos, el Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales obtuvo el segundo lugar. El resultado de las elecciones nacionales del 30 de junio configuró un nuevo mapa político.

No pasaron cuatro meses para que el «nuevo» gobierno se enfrentase a una insurrección popular, luego de su tentativa de imponer un impuesto (uno más) de 12,5% sobre todos los salarios y rentas superiores a 840 bolivianos (120 dólares). Iniciado con un bloqueo campesino de la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, en enero, los cortes de ruta y la insurrección popular rápidamente se extendieron a todo el país, generalizándose en las jornadas del 12 y 13 de febrero. El «impuestazo» puso al país en estado de rebelión. Los enfrentamientos provocaron 35 muertos y 205 heridos, muchos de ellos por las balas militares, con decenas de edificios públicos, de empresas y de sedes de partidos oficialistas destruidos. El «argentinazo» se extendía a Bolivia.

Acorralado por la crisis económica y las exigencias del FMI, el gobierno atacó a su propia base social en las clases medias, empujándola a la oposición: trasladó el principal escenario de conflicto social a las ciudades y dividió a la burguesía, ya que los empresarios y los exportadores vieron estas medidas como un nuevo ataque a sus intereses y destinadas a favorecer tan sólo a los bancos y a las empresas «capitalizadas» (privatizadas). La Oposición Trotskista caracterizó así la crisis política: «El gobierno ha quedado frágil, sus socios están en dispersión… Las patronales no están unidas y no tienen una salida clara frente a la movilización del conjunto de los trabajadores. Sus partidos políticos no tienen fuerza…».

El acuartelamiento de los policías en el GES de La Paz (seguido por otras guarniciones, como Santa Cruz) añadió un componente a la caldeada situación. En el motín policial se verificaba el descontento de la tropa mal paga y maltratada, la oficialidad afectada por el impuestazo y hasta las camarillas corruptas dispuestas a bloquear el proyecto de «reforma policial» del gobierno. El efecto fue explosivo; el 12 de febrero fue visible la parálisis del aparato represivo del Estado, fracturado con el combate entre los policías y el Ejército enviado por Sánchez de Losada para reprimirlos. Al lanzar el Ejército contra la policía, Sánchez de Losada buscaba imponer una salida autoritaria, represiva, ante la marea ascendente de protestas; pero debió retroceder apresuradamente cuando ya era tarde. Comenzaban los ataques a los símbolos del poder político y económico: varios edificios estatales, las sedes de los partidos del gobierno (Mnr, Mir, Ucs, Adn), oficinas de financieras y de empresas privatizadas. Las acciones tenían un claro contenido político, evidenciado en los objetivos y en las consignas. La declaración de asueto por el gobierno para el 13 trató de impedir el paro nacional, mientras la movilización en La Paz reunía a más de 10 mil personas y en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, se realizaban marchas y también ataques a las sedes de los partidos de gobierno. Las fuerzas militares apostadas en Plaza Murillo recurrieron a la criminal táctica de los francotiradores, para aterrorizar a los manifestantes y crear un clima sangriento que impidiera el desarrollo de la movilización. Los primeros heridos y víctimas fatales fueron jóvenes, trabajadores de la salud que cumplían su deber, y obreros.

Al mismo tiempo, los dirigentes de las organizaciones populares se encargaban de disminuir las proyecciones del paro, negando continuidad a la lucha. Evo Morales, del Mas, y la COB, aunque reiteraron el pedido de «que se vaya Goñi», no plantearon nada más. La constitución del Estado Mayor del Pueblo, en enero, con el Mas de Evo Morales (verdadero vencedor de las elecciones del 2002), el Mip de Felipe Quispe Mallku, la COB y los «movimientos sociales» (como la «Coordinadora» de Cochabamba, de Oscar Olivera, y otros), que parecía delinear una situación de doble poder en la mejor hipótesis, se revelaba inútil. Un «anti-globalizador» boliviano se sintió alarmado: «De más en más enfrentados con la confrontación abierta (los movimientos sociales) fueron superados por la multitud revoltosa en los acontecimientos del 13 de febrero: fue ella, en realidad, la que casi derribó al gobierno» (Walter Chávez, Le Monde Diplomatique , mayo de 2003).

Al atardecer del 14, la policía volvía a las calles. La movilización retrocedió, como lo demostró el reducido impacto del paro nacional de 48 horas de la COB durante el 17 y 18. Pero el gobierno había salido herido de muerte, y el día 19 tuvo que anunciar públicamente el retiro del impuestazo, además de la remoción de cuatro ministros. A seis meses de su asunción, la rebelión popular había herido de muerte al gobierno de Sánchez de Lozada. Según la prensa boliviana, sólo la «intensa presión» del Mnr y del Mir (los partidos de la coalición gobernante) sobre el mandatario lograron impedir que Sánchez de Lozada renunciara en la noche del jueves. «La coalición salvó al gobierno», dijo la prensa boliviana.

Pero ¿la coalición podría salvarse a sí misma? Con la caída del impuestazo sobre los salarios, se abrieron gruesas disputas entre los partidos de la coalición. El gobierno aseguró al FMI que «continuaba comprometido» con la política de «ajuste y austeridad», lo que significa que pensaba reemplazar el impuestazo sobre los salarios con un impuestazo sobre el combustible. La continuidad del gobierno aseguraba nuevas rebeliones populares.

En estas condiciones, ¿cómo pretendía el gobierno sostenerse y aplicar los planes del FMI? El gobierno boliviano, denunció Evo Morales, pretendía ir al estado de sitio, poner el Ejército en la calle y, como último recurso, producir un autogolpe de Estado. El Mas, el principal partido de la oposición, reclamó que la vicepresidenta del Senado se hiciese cargo del gobierno y convocase a una Asamblea Constituyente «para refundar Bolivia». La COB respaldó esta posición. La consigna evitaba plantear que el poder pasase a manos de Morales y de las organizaciones populares. Ya en las elecciones, Morales había planteando la Constituyente, apuntando a una reforma puramente política del Estado.

Evo Morales

Los trotskistas bolivianos hicieron un balance de la dirección del conflicto: «¿Que pasó con la llamada ‘nueva’ izquierda y el populismo aymara?», preguntaba Trinchera («Que las organizaciones obreras rompan con los partidos patronales»). «A lo largo de estos más de 14 años de neoliberalismo se han gestado diferentes movimientos de lucha, de los cuales han salido agrupaciones como el Mas y el Mip. En el caso del Mas, que manifiesta ser de izquierda, muchas personas se acercaron buscando salidas a la crisis y una perspectiva de construcción diferente de la realidad. Pero el Mas ha demostrado lo contrario; en diferentes luchas ha capitulado frente a la política de hambre de los poderosos. El Mas ha quedado atrapado en el juego del parlamento y la democracia de los ricos y no ha posibilitado la organización real de los explotados y la incorporación de la clase obrera en la lucha por la construcción de una nueva realidad social. ¿Acaso esto no es evidente en las derrotas que ha sufrido el sector cocalero? En estos últimos años, la capitulación de Evo Morales amparándose en la Ley 1.008 diseñada por la Embajada gringa, ha llevado a la completa militarización del Chapare y a un proceso de casi total erradicación de la hoja de coca. Pero este proceso también lo ha demostrado en otros conflictos, como el del 12 y 13 de febrero, cuando ante la completa debilidad del gobierno y una perspectiva de su caída, el Mas no llamó a una salida del gobierno centrada en la organización de una gran huelga general con un bloqueo de caminos para la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana dirigida por las organizaciones de los explotados. El Mas no dio ningún impulso a la lucha y se quedó atrapado en el discurso elaborado por la Nfr de buscar una salida constitucional del gobierno. Es decir, el Mas facilitó la recomposición del gobierno de Goñi y le perdonó la vida. Se ha convertido en el principal sostén del actual régimen. ¿Y qué pasó con el Mip? Absolutamente nada. Las denuncias de su vinculación con el Mir parecen ser ciertas, al mostrar una participación insignificante dentro del parlamento y estar al margen de las luchas de los explotados. El Mip ha mostrado ser un partido que, más allá de hablar sobre el tema indígena, está compuesto por un conjunto de indios oportunistas que a la primera de cambio se venden por un sueldo, como pasó con su candidata a vicepresidenta Esther Balboa».

Y, en relación a los sindicatos de la COB (Central Obrera Boliviana), «¿qué pasó con nuestros dirigentes? Como mencionamos, en los últimos años hemos visto como se han debilitado y en algunos caso destruido los sindicatos. Sin embargo, estas tareas las patronales no las llevaron a cabo solas, sino que contaron con la ayuda, en muchos casos, de los dirigentes burocratizados… Estas burocracias son las que han posibilitado, en gran medida, que la clase obrera esté ausente de las luchas más importantes de este último tiempo en el país, lo cual contribuyó al salvataje de los regímenes de los poderosos».

La sobrevivencia de Goñi le ha permitido ahora encarar el proyecto entreguista estratégico exigido por el imperialismo: la venta del gas boliviano al consorcio multinacional Pacific LNG. La salida buscada por las clases dominantes es la exportación de gas por vía marítima a los Estados Unidos, encontrando con ello una buena forma de amarrar los intereses de varios grupos económicos y de poder en la región. Las transnacionales del petróleo presionaron para que Mejillones sea elegido como el puerto de exportación de gas a los Estados Unidos. La española Repsol-YPF, las británicas Gas y British Gas y British Petroleum y Total, se han constituido en el verdadero factor de poder en el país, y alrededor de ellas giran los grupos oligárquicos intermediarios del negocio, una élite tecnocrática dominante y muchos dueños de medios de comunicación que desean asegurar el fabuloso negocio para esas transnacionales, y proteger los intereses energéticos de los Estados Unidos. El Estado boliviano se ha transformado en una sucursal de las compañías petroleras.

El gas y el golpe

Desde antes de junio de 2002, 90% del pacto estaba cerrado: el territorio sería arrendado en comodato por 99 años; el área total negociada sería mayor de 600 hectáreas. El gasoducto desembocaría en un pedazo de costa chilena aún por definir, donde también se instalaría un complejo petroquímico y turístico. Los impuestos del negocio serían percibidos por el Fisco boliviano. La única exigencia para cerrar las conversaciones era la solicitud del gobierno boliviano de acceder ÿvía comodato, es decir, arriendoÿ a una franja costera, en la que pretende desarrollar un complejo turístico. La histórica reivindicación nacional boliviana de salida al Pacífico sería usada para dar base a la mayor entrega de su historia. El proyecto Pacific LNG ÿque integran las petroleras Repsol-YPF, British Gas y Pan American Energyÿ incluye la construcción de un gasoducto desde Bolivia hasta un puerto chileno del Pacífico. En dicho terminal, el hidrocarburo será licuado y llevado en barco hasta México, donde se volverá a gasificar para suministrarlo a California, en Estados Unidos. Uno de los aspectos fundamentales de la negociación fue el debate de si un acuerdo de este tipo era objeto de un nuevo tratado entre ambos países. Se llegó a la conclusión de que bastaba con un convenio binacional, el cual debía ser ratificado por el Congreso chileno. En el acuerdo se especificará que los terrenos en territorio chileno serán inscritos por los bolivianos en el Conservador de Bienes Raíces chileno, bajo la figura de comodato y por un período de 99 años. En el caso del transporte del gas, se utilizará como referente el Tratado de 1957, acordado para la exportación de petróleo hacia Arica. Los integrantes del consorcio manifestaron desde el primer día su preferencia por un puerto chileno, porque esto implicaría ahorros de entre 300 y 500 millones de dólares anuales. Los plazos entre el consorcio privado y el grupo de empresas que distribuirá la energía en Estados Unidos ÿque encabeza la compañía Sempra Energyÿ fueron, sin embargo, dilatándose. Según la prensa, el gas era uno de los tres temas esenciales para lograr un «pacto de gobernabilidad» ÿjunto con la revisión del proceso de privatizacionesÿ, con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir), de Jaime Paz Zamora, y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa.

Perú, sin embargo, ofrece condiciones más ventajosas que Chile (apoyado por los EE.UU.) para el embarque del gas y, según el ya citado Walter Chávez, tal vez sea éste «el punto de ruptura de la lealtad» de las FF.AA. a Sánchez de Losada. La actividad golpista, sin embargo, tiene como principal protagonista al agente de la CIA David Grenlee, actual embajador de los EE.UU. en Bolivia, quien denunció un supuesto «golpe de Estado» de la izquierda para tomar el poder. Manfred Reyes Villa ha denunciado que detrás de ello se oculta el acuerdo Goñi-EE.UU. para preparar un auto-golpe. La crisis política se ha profundizado, y puede llevar a una situación tipo Venezuela. Vale resaltar que Bolivia, con 52,4 billones de pies cúbicos de gas natural, tiene la segunda mayor reserva latinoamericana de esa sustancia (la primera es Venezuela, con 147 billones), con un aumento de once veces en los últimos cinco años; actualmente sólo lo exporta a Brasil, que compra 17 millones de metros cúbicos/día (Gaceta Mercantil, 23/5); cifra insignificante comparada con la proyectada por los EE.UU. La producción y consumo de gas natural exhiben, entre todas las fuentes energéticas, los más altos índices de crecimiento mundial, de casi 4% anual. En Bolivia, las 52 cuencas de reserva de gas certificadas como probadas y probables, se encuentran en manos de compañías extranjeras. Brasil paga 1,10 dólares por BTU (unidad térmica) de gas (los consumidores bolivianos pagan 5,48 dólares): la Pacific LNG, con el contrato previsto, pagaría 0,70 dólares por BTU (Trinchera, 12/8/02).

A esto se agrega la privatización del agua, cuyo precio pasó de 2 a 12 bolivianos, desde que el consorcio francés Aguas del Illimani (Lyonnaise des Eaux) administra su distribución. La mayor parte de la población, que no puede afrontar este aumento, reemplazó las duchas por instalaciones sanitarias comunes, y pagas. La privatización vino acompañada de un deterioro del servicio, relacionado con los despidos efectuados para reducir los costos. «Hoy en día, es un lujo tener agua en la ciudad de El Alto», señaló un trabajador despedido por Aguas del Illimani. Otro choque con el imperialismo se anuncia en torno a la recuperación del plantío de coca, debido al completo fracaso del plan de cultivos sustitutivos, que hizo caer la cultura cocalera un 90% entre 1998 y 2001: «El gobierno americano ya está preocupado con la producción de coca en Bolivia, que subió 23% el año pasado, desde su punto mínimo en 2001, por causa del rápido replantío. Bolivia permanece como la tercera mayor productora mundial, con Colombia y Perú» (The Wall Street Jornal, 14/5).

El cuadro de crisis, miseria creciente, e intervención económica y política directa del imperialismo yanqui, prepara una nueva explosión popular, que ya se avizora en movilizaciones parciales. La crisis boliviana se internacionaliza con la intervención de los EE.UU. y el embrollo con Chile y Perú sobre el Pacífico, en vísperas del desplome económico del primero, y de crisis política galopante del gobierno de Alejandro Toledo. Las direcciones de las masas (de la COB, del Mas y del Mip), burócratas sindicales, indigenistas y «anti-globalizadores», están a kilómetros-luz de las exigencias políticas de la hora para los explotados bolivianos; sectores enteros de la vanguardia obrera y juvenil lo comprenden cada vez más claramente.

Oposición trotskista

La Oposición Trotskista, luego de la muerte de Juan Pablo Bacherer, experimentó un retroceso político y organizativo. Ha vuelto, sin embargo, a publicar con cierta regularidad el periódico Trinchera, y ha conquistado una posición dirigente en el gremio de la cerveza, uno de los sindicatos obreros más importantes del país (la Cervecería Boliviana Nacional, CBN, fue vendida a la Quilmes, que monopoliza ahora el mercado, en guerra contra la AMBEV-Brahma/Antártica, brasileña, por el mercado sudamericano). Ha retrocedido también programáticamente: «Nos negamos, dicen, a reclamarnos como ‘leninistas’, ‘trotskistas’ o ‘castristas’, y demás ismos, dado el carácter sectario de unos, o el triste papel de baluartes de las fuerzas conservadores de los otros» («¿Quiénes somos?», Trinchera N° 19, La Paz, 1/5/02), cediendo a las presiones de moda en los medios estudiantiles, ONGistas (que también es un ismo) y «anti-globalizadores». En un documento político central que hicieron aprobar por la Intersindical cervecera no hay una palabra sobre la situación política boliviana. Aunque documentos políticos posteriores plantean «que las organizaciones obreras rompan con los partidos patronales», no concluye como un programa de acción para esas mismas organizaciones obreras. Es lamentable, porque Bolivia necesita más que nunca un partido revolucionario.