La junta militar de Myanmar asesinó a más de cien manifestantes en el Día de las Fuerzas Armadas, el 27 de marzo pasado. Durante dicha jornada, miles de personas se habían movilizado en más de cuarenta ciudades contra el golpe de Estado. Son más de 500 los muertos y más de 3 mil los detenidos a manos de las fuerzas de seguridad desde febrero. El régimen dispara incluso en los funerales de las víctimas, como en el caso de Thae Maung Maung, joven de 20 años asesinado el sábado pasado, quien integraba la Federación de Sindicatos Estudiantiles. También hay denuncias de secuestro de cuerpos, lo que obliga a los familiares a entierros apresurados (Myanmar Now, 31/3).

El régimen se ha encontrado con una respuesta popular más dura que de lo que imaginaba. Las calles se llenan de manifestantes, proliferan los boicots comerciales (como a la lotería estatal) y hay un Movimiento de Desobediencia Civil que cuenta con la adhesión de decenas de miles de trabajadores, con gran impacto en la salud, el transporte y los bancos.

Además, muchos grupos insurgentes se han sumado a la lucha contra el golpe. Myanmar es un país de mayoría budista, pero en el que hay más de cien grupos étnicos diferentes. Desde la propia independencia del país, el Ejército ha guerreado contra las formaciones que pelean por su autodeterminación territorial y ha intentado imponer una supremacía del budismo. El ataque más notorio del último período fueron las masacres de 2017 contra los rohingya, una minoría de origen musulmán que puebla el estado de Rakhine. Se cometieron todo tipo de atrocidades y decenas de miles de personas debieron desplazarse a la vecina Bangladesh. El gobierno de Aung Saan Suu Kyi, ahora depuesto y perseguido por los militares, fue cómplice de esa matanza estando en el poder.

Pues bien, a mediados de febrero, diez grupos (entre ellos la Unión Nacional Karen y el Frente Nacional de Chin) abandonaron un cese al fuego que habían suscripto con los militares antes de febrero. La Unión Nacional Karen (KNU, por sus siglas en inglés), que pelea en la frontera con Tailandia, sufrió el bombardeo de sus posiciones por primera vez en veinte años, tras atacar blancos de los golpistas. Cerca de diez mil personas debieron desplazarse, entre ellas miles que cruzaron la frontera para huir de las agresiones de las fuerzas armadas. A su vez, el Ejército de Independencia de Kachin (KIA, por sus iniciales en inglés), región lindante con China, inició ataques contra instalaciones policiales y militares (el último de ellos, este 30 de marzo), lo que derivó en fuertes represalias oficiales.

A mediados de marzo, en tanto, la junta retiró la designación del Ejército de Arakan (rohingya) como organización terrorista, lo que ha sido interpretado como un intento de evitar una unificación de la insurgencia en contra del gobierno. Sin embargo, este y otros grupos (como el Ejército de Liberación de Ta’ang) amenazaron con romper su propio acuerdo de cese al fuego en respuesta a los asesinatos en masa de manifestantes.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido desplazado del poder por las fuerzas armadas, está tratando de pescar en este río revuelto. Myat Aye, ministro del gobierno paralelo impulsado por esta fuerza (conocido como Comité Representante del Pydaungsu Hluttaw -CRPH), quien jugó un rol durante la masacre contra los rohingya, viró ahora de posición a través de declaraciones de simpatía hacia la minoría musulmana.

El recalentamiento del conflicto entre el gobierno y los grupos insurgentes, así como los crímenes crecientes de la junta y el repudio masivo al golpe, plantean el interrogante de si es posible que se abra un escenario de guerra civil. La ONU acaba de hacer una advertencia en ese sentido. Por lo pronto, ya hay voces que reclaman un diálogo entre la junta y la oposición (por ejemplo, Irrawaddy del 31/3) para descomprimir la situación, u otras que piden la convocatoria a nuevas elecciones a lo largo de este año.

Los desfiles del día de las Fuerzas Armadas fueron aprovechados por la junta militar para afianzar sus apoyos internacionales. Hubo representantes de Rusia, China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Laos y Tailandia. China e India rivalizan por su influencia en Myanmar. Los primeros van a la cabeza, con el desarrollo de un descomunal plan de puertos y rutas ferroviarias. Pero el gobierno de Modi ha lanzado también sus propios proyectos.

Las potencias occidentales, mientras tanto, aplicaron sanciones a la junta y a las empresas de los militares, pero los derechos humanos son lo que menos les preocupa. Lo que tienen en mente son las enormes riquezas naturales del país y el tráfico de drogas. Golpean a la junta para que se separe de China y ganarle espacios.

Por ello, la derrota del golpe militar depende exclusivamente de las masas y de la solidaridad de los explotados de todo el mundo.