Desde diciembre del año pasado España se encuentra sumergida en un empantanamiento político inédito, expresión del agotamiento del régimen montado luego de la muerte de Franco y la reinstauración de la monarquía, a fines de la década de 1970. Las elecciones de diciembre dieron el triunfo al PP pero lo dejaron muy lejos de la mayoría absoluta, y tampoco el PSOE logró formar un gobierno debido a su incapacidad de llegar a un acuerdo a tres bandas con Podemos y Ciudadanos. El impasse llevó al rey a disolver el parlamento en mayo y convocar a nuevas elecciones, que se realizaron el 26 de junio y dieron un nuevo triunfo a Mariano Rajoy, esta vez por un margen mayor, pero otra vez sin mayoría absoluta. Rajoy tejió un acuerdo con Ciudadanos pero aun así quedó a cinco votos de la mayoría necesaria para gobernar: su investidura fracasó dos veces a principios de este mes y ya se ha iniciado la cuenta regresiva para unas nuevas elecciones, las terceras consecutivas, que serían nuevamente en diciembre. La crisis es mayúscula: Rajoy sigue siendo presidente “en funciones”, con atribuciones limitadas; el parlamento no sesiona y no se aprueban leyes desde hace casi un año. 

 

Luego del fracaso de la investidura de Rajoy a comienzos de septiembre, la atención se volcó sobre la campaña electoral en Galicia y en Euskadi, en la expectativa de que los resultados en esas comunidades pudieran aportar un desbloqueo político. Sin embargo, las elecciones en ambas comunidades, realizadas el domingo 25, no modificaron demasiado el escenario. En Galicia, el PP volvió a ganar con mayoría absoluta. En Euskadi, nuevamente se impuso el Partido Nacionalista Vasco (la tradicional fuerza política de la burguesía de ese país) y si bien no tiene mayoría absoluta todo indica que volverá a formar un gobierno con los votos del PSOE. 

 

Rajoy se apresuró a mostrar el resultado obtenido en Galicia (de donde él mismo es oriundo) como un espaldarazo a su liderazgo. Debe andar con pies de plomo, sin embargo, porque el triunfo refuerza más a Núñez Feijóo, el presidente de la comunidad, quien se perfila como el nuevo dirigente estrella del Partido Popular y un potencial candidato a la presidencia del gobierno español. “En Génova [la calle donde está el local central del PP, en Madrid] querían que Feijóo ganara. Pero por tanto, probablemente no” (El Diario, 29/5). 

 

El dato más significativo de las elecciones del domingo, en cualquier caso, es el nuevo golpe sufrido por el PSOE, que sufrió el peor resultado de su historia: en ambas comunidades fue superado por Podemos y en Euskadi quedó cuarto, superado también por Bildu, la formación política de la izquierda abertzale. Los resultados gallegos y vascos le dan un poco de aire a Podemos, que venía de sufrir un golpe en las últimas elecciones generales, pero sigue estando muy lejos la época de racha ascendente de ese partido que había sacudido el escenario político español hace dos años. Por otro lado, los resultados seguramente profundizarán las diferencias internas que se han evidenciado en estos meses, sobre todo porque el segundo puesto en Galicia corresponde a En Marea, una coalición que integran distintos grupos y en la cual Podemos debió integrarse a último momento en una posición de debilidad. En Euskadi, Podemos cayó al tercer lugar luego de haber obtenido el primer puesto en las elecciones generales de junio. Ciudadanos no obtuvo escaños en ninguna de las dos comunidades.

 

El derrumbe del PSOE en las elecciones vascas y gallegas significa un golpe para Pedro Sánchez, el secretario general del partido, y le da aire a los dirigentes regionales que reclaman abandonar la postura intransigente defendida hasta ahora y habilitar, con una abstención en una nueva sesión de investidura, que Rajoy pueda ser consagrado presidente del gobierno, evitando así unas terceras elecciones. Es la misma línea que fogonea El País, un periódico históricamente partidario de los socialistas, que caracterizó que las elecciones del domingo  fueron un “voto a favor de la estabilidad” y un “castigo la intransigencia y la frivolidad” de Sánchez. Los editorialistas de El País (vocero del Grupo Prisa, unas de las principales multinacionales de España, con capitales del Santander, Telefónica y el HSBC) vienen planteando hace meses su cuestionamiento a Sánchez y reclaman un entendimiento para evitar nuevas elecciones, incluso con un paso al costado del propio Rajoy que permita elegir a otro presidente del PP. En esta línea, la editorial del domingo por la noche hace un guiño explícito a Núñez Feijóo, a quien ubica “en primera línea de salida para la eventual sucesión de Rajoy al frente del Gobierno de España”. 

 

Todas las miradas apuntan ahora a lo que sucederá en las próximas semanas al interior del PSOE, donde el tembladeral es de tal magnitud que unos y otros se mueven únicamente por el temor a un retroceso mayor. Sánchez sabe que, si se abstiene y permite la formación de un gobierno del PP, corre el riesgo de liquidar el partido: le estaría regalando el lugar de oposición a Podemos y podría darse un escenario como el de Grecia, cuando el cogobierno de los socialistas con la derecha pavimentó el ascenso de Syriza. Pero los dirigentes regionales del PSOE, particularmente los que gobiernan en varias comunidades autónomas, temen que este bloqueo a la “gobernabilidad” les licúe el poder que todavía conservan. El resultado de estas posturas contradictorias ha sido el inmovilismo: el impacto de las elecciones del domingo puede llevar la situación a un desenlace. Según el diario Público, Susana Díaz, presidenta de Andalucía “y eterna aspirante a secretaria general del PSOE con el respaldo de los críticos, ya tiene todos los argumentos para llevarse por delante a Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre” (25/9).

 

La incapacidad de todos los partidos para encontrar una salida al bloqueo, que mantiene a la cuarta economía de la zona euro sin gobierno desde hace un año y sin perspectivas de una solución a corto plazo, revela que la crisis política tiene causas muy profundas. El esquema montado desde la Transición ha colapsado y los partidos que han gobernado España desde entonces son ahora víctimas de su propio Frankenstein: un régimen montado para asegurar la alternancia de dos partidos que cuenten con mayoría absoluta (con ocasiones apoyos de las burguesías regionalistas vasca y catalana) muestra ahora todos sus límites cuando esos mismos partidos no pueden superar el 30% de los votos. Cualquier cambio a este régimen requiere una modificación constitucional, es decir detonar la obra del posfranquismo y abrir la caja de Pandora del cuestionamiento a la monarquía y a la propia unidad de España.