Después de que fracasara la tercera ronda de contactos de “su majestad” con los líderes de los diferentes partidos, ha vencido el plazo reglamentario y Felipe VI deberá disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones, que se realizarán el 26 de junio. Según la Constitución española, hija de la transición prohijada por el franquismo, el rey es el jefe de Estado -además del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, la celebración del 85° aniversario de la caída de la monarquía, en abril de 1931, encuentra a España con el bisnieto de Alfonso XIII en el trono y convertido en el árbitro de la crisis política.

Desde el 20 de diciembre, cuando se realizaron las elecciones generales, Mariano Rajoy continúa como presidente del gobierno en funciones, con facultades limitadas. A pesar de haber sido el partido más votado, el PP sufrió un fuerte retroceso y quedó lejos de la mayoría necesaria para gobernar. En ese cuadro, Rajoy declinó el ofrecimiento de intentar formar un gobierno en minoría y le pasó la pelota a Pedro Sánchez, líder del PSOE, quien fracasó dos veces, a comienzos de marzo, en sus intentos de ser investido como primer ministro. Sánchez logró cerrar un acuerdo con Ciudadanos, una fuerza de derecha que apostó a la remanida “renovación” de la casta política intentando quedarse con votos del PP, pero la suma de ambas fuerzas no es suficiente para alcanzar la mayoría parlamentaria.

El impasse colocó a Podemos en el centro de la situación política, en tanto sus diputados podían habilitar la mayoría necesaria para formar un gobierno. Se abrió desde entonces un período de negociaciones, durante las cuales Podemos fue encadenando una seguidilla de concesiones programáticas con el objetivo de integrarse a lo que llaman un “gobierno del cambio”. Entre las concesiones se cuentan la aceptación de la reforma laboral flexibilizadora de Zapatero y del incremento de la edad jubilatoria, una reducción de 30.000 millones de euros en el gasto público y la aceptación de un plan de recortes para achicar el déficit fiscal en línea de lo propuesto por los socialistas bajo el dictado de Merkel y el Banco Central Europeo. La frutilla del postre es la renuncia a un referéndum por la independencia de Catalunya, una cuestión que el PSOE considera innegociable.

La integración de Podemos al Estado monárquico y su régimen político ya ha avanzado a escala local y regional. En las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, han asumido sendas alcaldesas aliadas a Podemos, con los votos del PSOE. En la comunidad valenciana, se formó un gobierno entre el PSOE y Compromís, que sumó los votos de Podemos para poder desplazar al PP. Podemos se ha sumado así, en forma muy veloz, a una tradición de años del PSOE e Izquierda Unida, que tienen un largo historial de pactos y gobiernos locales conjuntos, sobre todo en Andalucía.

Pero a pesar de todas las concesiones, el acuerdo no prosperó. Albert Rivera advirtió que prefería nuevas elecciones antes que ampliar el acuerdo para incluir a Podemos. Rivera reclama un frente al estilo alemán, en el que participen tanto el PSOE como el PP y advirtió que cualquier gobierno que no cuente con la colaboración del PP “no aseguraría la gobernabilidad de España” (El País, 31/3). La clave para el fracaso de la negociación, de cualquier modo, está del otro lado del Pirineo. La cúpula de la Comisión Europea expresó su oposición a la formación de un gobierno de centroizquierda sin agotar antes las posibilidades de una continuidad de Rajoy: según El Mundo, un “factor que se añade entre grandes inversores en Davos es que no quieren que España se una al ya preocupante resto del sur de Europa” (24/1).

Ante el fracaso de las negociaciones y frente a unas encuestas que indican un retroceso, la dirección de Podemos pegó un volantazo. A mediados de abril, Iglesias convocó a las “bases” del partido a una consulta (que se realiza vía web) para apoyar o rechazar “un gobierno basado en el pacto Sánchez-Rivera”. El mecanismo apuntaba al previsible rechazo plebiscitario de los afiliados (el “no” obtuvo 88% de los votos) y así dar aire a la dirección del partido, que encara ahora la preparación para las nuevas elecciones. El giro incluyó la reapertura de las negociaciones con Izquierda Unida, con la intención de realizar un frente electoral que incluya también a diferentes coaliciones de izquierda a nivel regional. El modelo es lo que ocurrió en las elecciones de diciembre pasado en Catalunya, Valencia y Galicia, bajo los nombres de En Comú-Podem, Compromís-Podem y En Marea, respectivamente.

La intención de acercarse a IU, una fuerza de la que siempre había intentado despegarse por considerarla propia de la “vieja política”, pone de relieve la crisis que atraviesa Podemos. De hecho, el año pasado la posibilidad de un frente con IU a nivel de toda España había sido bloqueado por el propio Iglesias, quien ahora admite que “las condiciones han cambiado” (El País, 25/4). Lo que ocurre es que Podemos viene cayendo en las encuestas desde enero, así como el PSOE, mientras que IU ha subido, al igual que el PP y Ciudadanos. La dirección estatal de Izquierda Unida aprobó abrir una negociación y dio cuenta de la nueva situación marcando la cancha: ahora se reclama que el acuerdo garantice “el reconocimiento mutuo y la autonomía de ambas organizaciones”