España: pasó la huelga general y ¿ahora qué?

La primera huelga general en catorce años fue empujada por la movilización contra la crisis habitacional. UGT y CCOO llegaron detrás de la presión de las bases, pero buscaron encorsetar el conflicto en una jornada de protesta y una salida electoral. El 11N mostró una importante disposición a la lucha, pero también los límites de una dirección que no se propone desarrollar una acción independiente de la clase trabajadora.

La huelga general del 11 de noviembre en España dejó planteado un interrogante que no se resuelve contando manifestantes ni confrontando las cifras de seguimiento de la patronal y los sindicatos: ¿pasó la huelga general o se abrió un proceso de lucha capaz de poner en cuestión la orientación del gobierno y las direcciones sindicales? La jornada tuvo movilizaciones multitudinarias y un seguimiento desigual en los lugares de trabajo. Pero su importancia política reside, sobre todo, en el proceso que la precedió y en las contradicciones que dejó expuestas.

La convocatoria nació de la movilización del movimiento de inquilinos contra los desalojos, los alquileres impagables y la especulación inmobiliaria. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que murió después de una prolongada lucha por recuperar su vivienda, se convirtió en un símbolo de una crisis que atraviesa al conjunto de la clase trabajadora. La consigna de paralizar el país fue impulsada por la indignación ante el desalojo de una anciana escoltada por policías y personal sanitario, pero también por la comprensión de que el problema de la vivienda no puede separarse de los salarios, la precarización y el encarecimiento de la vida.

La incorporación de las grandes centrales sindicales fue resultado de esa presión. Después de catorce años sin una huelga general, UGT y CCOO tuvieron que sumarse a una iniciativa que no habían impulsado originalmente. Sin embargo, su intervención no estuvo orientada a desarrollar el potencial de ese movimiento, sino a encuadrarlo dentro de una jornada controlada por sus aparatos y sin una perspectiva de continuidad.

Una huelga general no es una manifestación multitudinaria

Su fuerza reside en la paralización de la producción y la circulación de mercancías, en la organización de piquetes y asambleas y en la intervención colectiva de los trabajadores. El 11N mostró una adhesión importante en sectores industriales, automotrices, petroquímicos, logísticos y del transporte, aunque desigual entre territorios y actividades. La burocracia sindical buscó concentrar el balance en la masividad de las manifestaciones y no en la capacidad de convertir esa disposición en un plan de lucha.

La represión policial fue otro de los rasgos centrales de la jornada, tuvo lugar contra piquetes y manifestantes, golpes, utilización de gas pimienta y gases lacrimógenos. El balance nacional registró al menos 75 detenidos y más de mil incidencias. En Madrid, las imágenes de agentes antidisturbios golpeando y rociando con gas a manifestantes desataron una crisis política. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que ordenar investigaciones sobre el operativo y modificar el protocolo policial respecto del uso de gas pimienta. La responsabilidad política recae sobre un gobierno que se presenta como garante de derechos mientras su aparato represivo interviene contra quienes ejercen el derecho a huelga. No alcanza con anunciar investigaciones cuando la violencia estatal ya fue desplegada contra los trabajadores movilizados.

La lucha excede la vivienda y tiene también un desarrollo en el movimiento educativo, la huelga indefinida de docentes de la Comunidad de Madrid, iniciada en octubre por mejoras laborales y mayor presupuesto para la educación pública, las jornadas de paro universitario y las movilizaciones estudiantiles muestran que existe un proceso de resistencia que no se limita al 11N. En Cataluña, la Asamblea Educativa también resolvió impulsar nuevas jornadas de huelga y movilizaciones para noviembre. El 11N hubo piquetes, facultades cerradas y protestas estudiantiles en distintas ciudades.

Sánchez en el ojo de la tormenta

La crisis de vivienda estalló bajo un Ejecutivo que se reivindica progresista y que no consiguió garantizar el acceso a una vivienda asequible. La especulación inmobiliaria y el peso de los grandes tenedores no son fenómenos ajenos a su gestión. La derecha de PP y Vox representa una salida todavía más reaccionaria, pero eso no convierte al gobierno actual en una alternativa para los trabajadores.

Las elecciones generales anticipadas por el gobierno fueron fijadas para el 29 de noviembre y la campaña comenzó apenas dos días después de la huelga. La crisis parlamentaria se aceleró tras el rechazo de los decretos de vivienda del Ejecutivo y la movilización quedó así atravesada por una operación que busca trasladar el descontento social al terreno electoral. La izquierda que sostiene al gobierno pretende convertir la defensa de la vivienda en una bandera de campaña, como si el problema fuera exclusivamente el resultado de la próxima votación y no una estructura económica que lleva años expulsando a los trabajadores de sus hogares.

La secuencia posterior al 11N resulta ilustrativa: el Congreso aprobó uno de los decretos de vivienda y rechazó el que establecía la renovación automática de determinados contratos de alquiler. La movilización fue nuevamente remitida a una negociación institucional que dejó sin resolver una parte central de las reivindicaciones.

La huelga pasó, pero el conflicto sigue abierto

El 11N demostró que existe una fuerza social capaz de poner en movimiento a trabajadores de distintos sectores alrededor de reivindicaciones comunes. También expuso los límites de una dirección sindical que se incorporó tardíamente y que no se propone organizar la continuidad de la lucha.La tarea es desarrollar una coordinación independiente entre trabajadores, sindicatos combativos, organizaciones de inquilinos, estudiantes y docentes. Pero esa coordinación necesita herramientas concretas: recuperar los sindicatos de manos de las burocracias que los han convertido en instrumentos de negociación con las patronales y ponerlos al servicio de la organización y la lucha de sus bases. La recuperación de los sindicatos combativos, la construcción de cuerpos de delegados independientes y la deliberación en asambleas son condiciones para desenvolver una alternativa de dirección.

No alcanza con presionar para que el gobierno adopte medidas parciales ni con esperar que las urnas resuelvan lo que las direcciones sindicales no quieren conquistar mediante la movilización. El desafío abierto por el 11N es construir una dirección que exprese los intereses de quienes protagonizaron la lucha y pueda llevarla hasta el final. La huelga general no puede ser el punto de llegada de una movilización que nació desde abajo. Tiene que ser un punto de partida para recuperar las organizaciones obreras y ponerlas al servicio de una lucha consecuente.