Pedro Sánchez (PSOE) acaba de obtener la investidura como presidente del gobierno del Estado Español, en un acuerdo precario con Unidas Podemos -fuerza que encabeza Pablo Iglesias- y otras fuerzas regionalistas menores, entre ellas el sector independentista vasco más conciliador (PNV).

Esto ocurre luego de un profundo impasse político con motivo de la destitución de Mariano Rajoy (PP) aprobada por el Congreso en junio del 2018, ante un caso de corrupción, y que llevó nuevamente al PSOE al gobierno. Con problemas para impulsar una agenda propia, Sánchez se vio obligado a convocar elecciones en abril del 2019, a cuyo término debería haberse conformado un nuevo gobierno. Sin embargo, con los resultados obtenidos, y con la negativa del PSOE a establecer un acuerdo con Unidas Podemos, este intento se vio frustrado dando lugar a la convocatoria de nuevas elecciones para noviembre. El resultado de estas arrojaron un leve retroceso del PSOE (de 123 escaños en abril a 120), una caída más acentuada de Unidas Podemos (de 42 a 35) y un crecimiento de las variantes derechistas, pasando el PP de 66 a 88 escaños y una elección destacada del ultraderechista Vox que pasó de 24 escaños a 52, capitalizando el derrumbe de Ciudadanos y ocupando el lugar de tercera fuerza.

Asistimos a un salto en la adaptación de Podemos al Estado, una fuerza nacida en 2014 con planteos limitados de reforma social y con críticas a la “casta política” que buscó canalizar a su favor el movimiento previo de los indignados. Ya se había integrado a gobiernos municipales, pero ahora pasa a la gestión capitalista del Estado nacional.

Iglesias ya ha dicho en una carta a su militancia que habrá que “ceder en muchas cosas”. Pero el acuerdo con el PSOE, que él presenta como la única posibilidad de evitar un mayor retroceso electoral en caso de nuevas elecciones, en lugar de salvar al partido puede terminar hundiéndolo como fue el caso de Syriza en Grecia, que terminó electoralmente aplastada por la derecha luego de aplicar ella misma las políticas de ajuste desde el poder.

Cabe señalar que Unidas-Podemos, el paragüas que cobija a Podemos y sus socios, incluye también al PC-Izquierda Unida, fuerza que tutela a la central Comisiones Obreras. La UGT, por su parte, es más afín al PSOE. Estas centrales pondrán su capacidad de contención al servicio del nuevo gobierno.

Una coalición en tiempos de crisis

España no cuenta con un gobierno de coalición desde que el Frente Popular -una alianza del conjunto de las fuerzas de izquierda y marxistas- obtuviera la victoria en febrero de 1936, en los preludios de la guerra civil española y la caída de la segunda república. Lejos de convertirse en una remake de una época dominado por un formidable ascenso revolucionario y el poder de las organizaciones obreras revolucionarias en una Europa convulsionada por una aguda lucha de clases, la nueva coalición representa un intento improvisado por detener el retroceso de la centroizquierda española, ya hace tiempo adaptada al régimen; y ofrecer una salida al impasse político. Ni siquiera sube al poder producto de un ascenso electoral, sino de un enjuague, un reparto de posiciones entre las dos fuerzas.

Para lograr la investidura de Sánchez, tuvieron que convocar a una segunda sesión para la cual solo se necesitaba obtener una mayoría simple de los votos -la primera convocatoria requería de una mayoría absoluta que Sánchez no logró obtener- y establecer un acuerdo precario con los grupos nacionalistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la vasca EH Bildu, quienes no integraron la coalición pero se abstuvieron de votar. Esto dejó un saldo de 167 votos a favor y 165 en contra, para Sánchez.

Recuperar las conquistas arrebatadas

El programa con el cual se conformó esta coalición plantea, entre otras cosas, derogar algunos aspectos de la reforma laboral flexibilizadora del PP, poniendo énfasis en revalorizar los convenios sectoriales por sobre los acuerdos por empresa, y recuperar la ultraactividad de los convenios; un aumento del Salario Mínimo Interprofesional de 900 a 1.200 euros; mayores partidas presupuestarias para educación y salud; etc. Esta plataforma fue presentada en un documento de 50 páginas bajo el título “Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España”. Usada para justificar la capitulación de la dirección de Podemos ante el gobierno del PSOE, amenaza con convertirse en papel mojado. El gobierno PSOE-Unidas Podemos no cuenta con las mayorías necesarias para introducir estas reformas, ni con las condiciones políticas y económicas para tal propósito. Ni se propone movilizar a las masas trabajadoras para imponerla. En esta perspectiva su margen de maniobra es escaso: el endeudamiento del Estado Español alcanza casi el 100% de su PBI, mientras el país cuenta con uno de los mayores índices de desocupación de la región, con uno de los regímenes laborales más precarizados de Europa. El déficit fiscal supera el 2% violentando el Pacto de Estabilidad de la Eurozona, lo cual ya fue señalado por la Unión Europea para que España ajuste su gasto público. Esto será motivo de crisis a la hora de discutir el presupuesto 2020.

Sánchez necesitará la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para aprobar leyes orgánicas; y tres quintos del Congreso (210 diputados) para renovar órganos institucionales: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, etc. (El País, 7/1).

La cuestión catalana

Otro de los puntos clave del acuerdo es el respectivo al abordaje del soberanismo catalán. En esta materia, el nuevo gobierno solo ha emitido declaraciones difusas en base a promesas de conceder mayores potestades a los Gobiernos Autonómicos, pero siempre en el marco de la defensa de la integridad y cohesión del Estado Español monárquico.

El acuerdo prevé "abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual". Cabe señalar aquí que, tras la experiencia de 2017, los partidos catalanes mayoritarios han desechado toda medida “unilateral” y plantean una salida pactada como la única posible. Mientras que el PSOE busca impulsar una reforma estatutaria que amplíe la autonomía del Ejecutivo catalán –la que probablemente se empantanaría en el Congreso- desde ERC pretenden la convocatoria a un referéndum de autonomía, avalado por el Gobierno central, y la amnistía de los condenados por el Procés catalán. La diputada de Esquerra, Montserrat Bassa, manifestó en la sesión de investidura: “me importa un comino la gobernabilidad de España”, sin embargo la abstención de ERC es lo que permitió la conformación de un nuevo gobierno.

Si bien Sánchez se avino a la formulación de un “diálogo político” para lograr a cambio la abstención de ERC, bajo su gobierno se produjo la sentencia al Procés, e incluso coqueteó con la posibilidad de una nueva intervención de Catalunya frente a las movilizaciones de repudio al fallo. Quienes llevan a fondo la línea intervencionista son el PP y Vox, criticando las “concesiones” de Sánchez. La hostilidad contra el reclamo de autodeterminación es una política de Estado.

Independencia obrera

La coalición izquierdista que ahora asume el gobierno nace en el marco de un empantanamiento. Su orientación se inscribe en el camino portugués, que bajo el pretexto de hacer compatible la recuperación económica con el pago de la deuda externa, y las obligaciones fiscales del país, terminará recreando las condiciones de un régimen laboral precarizado, heredado de sus antecesores derechistas en el poder: la consolidación de la destrucción de las conquistas obreras es el único camino para “salvar la República” en los términos del régimen burgués.

La llamada izquierda alternativa de Podemos ha terminado igual que Syriza en Grecia, llegando al poder, no para imponer una salida obrera a la crisis, sino para administrarla. Ante la crisis de régimen ha salido a salvar al Estado monárquico y todos los avances antiobreros impuestos en estos años de recesión. A los militantes que se reclaman revolucionarios se les plantea más que nunca la necesidad de constituir un Partido Obrero Revolucionario que supere al nuevo gobierno organizando en forma independiente a los trabajadores. No hay atajo político en ese sentido.

En el movimiento obrero, las centrales sindicales deben romper toda subordinación a este gobierno de coalición y movilizarse en forma independiente para poner en práctica no solo las reivindicaciones positivas que prometió el gobierno, sino todas las que han sido arrebatadas. Ninguna espera. La lucha por la autodeterminación nacional, por la libertad de los presos políticos, solo podrá avanzar con la movilización independiente y deberá encarar la lucha por la caída del régimen monárquico y por la República, que desde el punto de vista socialista pasará por la Federación de Repúblicas Socialistas de los Pueblos Ibéricos. La agudización de la lucha de clases en curso en Europa (¡Francia!) puede acelerar la maduración de los trabajadores españoles. Una vanguardia organizada en un partido marxista revolucionario independiente de la burguesía ayudará a desarrollar más rápida y consistentemente este proceso.