800.000 trabajadores siguen en un ERTE (los Repros españoles), algunos desde hace más de un año (perdiendo, en el mejor de los casos, una cuarta parte de sus salarios). Otros cientos de miles han perdido su trabajo y no tienen perspectivas de encontrar otro. Hay más de cuatro millones de parados, según las cifras oficiales. Y más de 80.000 muertos por el Covid-19 y por la destrucción de la sanidad pública, mientras las vacunas, presentadas como la única solución, quedan en manos de los intereses de multinacionales farmacéuticas que ponen sus beneficios por encima de la salud y la vida de millones.

Mientras el gobierno del Frente Popular promete la recuperación económica con fondos europeos, empresas que llevan un año alimentadas por miles de millones del gobierno se lanzan a cerrar y despedir. En la industria, por ejemplo, Nissan y Alcoa. Otras anuncian ERE-despidos acordados con las burocracias sindicales, como Ford en Valencia. En las grandes cadenas comerciales, se anuncian miles de despidos en El Corte Inglés, Zara, H&M, Adolfo Domínguez, que quieren aprovechar la ocasión para cerrar tiendas y pasar a la venta por internet. En la banca, se anuncian más de 18.000 cesantías, 8.300 de ellas en Caixabank, en ocasión de la fusión con Bankia (que se tragó 21.000 millones de euros de fondos públicos). En el BBVA, son 3.800 despidos, y el cierre de un 22,5% de las oficinas. En el Santander, 3.600, en Ibercaja 750, en el Sabadell, 1.800 (en los tres casos, con acuerdo de las burocracias sindicales). El BBVA alega como motivo para despedir la “transformación digital” financiada con ayudas europeas y gubernamentales. Las multinacionales y los bancos se benefician de las facilidades para despedir que les dan las reformas laborales, y se aprovechan de la prohibición y autoprohibición de manifestaciones, mientras otras aglomeraciones tienen todos los permisos.

Esta oleada de cierres y despidos, una verdadera catástrofe social, con tantas ayudas del gobierno autodenominado “progresista”, se cubre con excusas indecentes. El Ministro del Gobierno José Luis Escrivá se limita a declarar que los bancos “deberían recordar” las ayudas públicas que recibieron en la anterior crisis, sin pasarles la factura. Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, declara que Unidas Podemos ya advirtió que la fusión de Caixabank y La Caixa suponía “riesgos” para el empleo, y Nadia Calviño, Ministra de Hacienda, suplica al Banco de España que cubra los despidos masivos con limitaciones hipócritas de los sueldos y bonus de los altos ejecutivos de los bancos.

Y las burocracias sindicales, en lugar de organizar la movilización unida de todos los sectores amenazados de cierres y despidos, negocia sin rechistar, empresa por empresa, unas indemnizaciones cada vez peores para los trabajadores despedidos. Este 1 de mayo, ¿podrán defender el “diálogo social” con el gobierno tras cuatro años de aplazarse la derogación de la reforma laboral? Encima éste limita el contenido de dicha derogación, dado que, en plena epidemia de despidos, no prevé tocar las rebajas de indemnizaciones incluidas en las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En el “diálogo social” se anticipa una nueva y peor reforma laboral dictada por las autoridades reaccionarias de Bruselas.

Voluntad de lucha

No falta la voluntad de la población trabajadora de movilizarse. Por el contrario, la clase resiste. Ahí están los trabajadores de Airbus, que han parado la intención de la empresa de cerrar la factoría de Puerto Real. Ahí están los jubilados, que no cesan en su movilización, o las movilizaciones por la sanidad que recorren barrios y ciudades obreras de un extremo a otro del Estado español. Y ahí está como prueba de que es posible vencer, la reciente derogación del artículo antipiquetes del Código Penal, fruto de la movilización.

Para millones de trabajadores, para la mayoría social, es insoportable que día tras día se hundan el trabajo y las condiciones de vida, y se multipliquen los ataques a las libertades. Llama el gobierno a la unidad contra los franquistas de Vox, pero cada día que el gobierno mantiene las reformas laborales, el desastre sanitario y educativo, le está dando armas políticas y electorales a Vox y al PP. Sólo la clase trabajadora con su movilización puede abrir una salida a la grave situación. Movilizándose en defensa de sus reivindicaciones, por la recuperación de la sanidad pública, por las pensiones, por la derogación de las contrarreformas. Para eso tenemos que impulsar y centralizar las movilizaciones y construir un partido político que tenga como eje la independencia política de los trabajadores de la burguesía, el Estado y la Unión Europea imperialista.

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