Tras nueve días de huelga general con piquetes y movilizaciones, un acuerdo entre la cámara patronal y las directivas de la UGT y Comisiones Obreras puso fin al conflicto de los obreros metalúrgicos de Cádiz, en el sur del Estado español. Aquel establece un aumento salarial del 2% anual para los próximos tres años, y en caso de que el índice de precios supere esa cifra, un monto superior, pero que no equipararía el total de la inflación.

El arreglo, con sabor a poco considerando la magnitud de la lucha, no fue puesto a consideración de una asamblea general, sino que se colocó a votación entre los delegados y luego se habría refrendado en los lugares de trabajo. La Coordinadora de Trabajadores del Metal y la CGT, que no tuvieron lugar en la mesa de negociaciones, rechazan el pacto y denuncian que en algunas fábricas se obligó a los obreros a votar delante de sus jefes. Además, afirman que el descontento con el acta es generalizado.

La huelga fue aguerrida, con piquetes itinerantes y movilizaciones. El gobierno reprimió las marchas, incluso con tanquetas. El conflicto sacudió a toda la región y para el viernes estaba convocada una huelga estudiantil de solidaridad en la provincia.

No era solo la cuestión salarial la que impulsaba a los huelguistas, sino también las condiciones de labor. Hay un crecimiento de la subcontratación y la explotación en el sector. En un barco en reparación, se detectaron jornadas de hasta 80 horas semanales (el doble de lo que fija el convenio).

La precarización laboral y la temporalidad se han transformado en dos grandes problemas para toda la clase trabajadora española. Según datos de la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “uno de cada cuatro contratos tiene una duración inferior a 7 días” (El País, 4/11). Y se registran 180 millones de contratos desde 2012, año en que el gobierno del PP impuso una reforma laboral flexibilizadora. Semejante nivel, en un país de menos de 50 millones de habitantes, es una señal de la alta rotación laboral.

Pasados casi dos años de su gobierno, el Psoe-Podemos no derogaron la reforma de Mariano Rajoy. Y aunque en un documento se han comprometido a hacerlo, la ministra Díaz ha dicho que “técnicamente” eso no es posible (ídem), por lo que solo se avanzará en cambios puntuales. Para más tranquilidad de la CEOE (cámara patronal), el texto promete una legislación “justa y equilibrada” que, por lo pronto, no aumentará la indemnización por despido improcedente y no fijará un techo general del 15% al empleo temporal. El gobierno centroizquierdista sigue preservando a los grandes empresarios.

Además de la precariedad, la clase trabajadora padece el drama del desempleo, que es de un 14,6%, y que en el caso de los menores de 24 se eleva al 30%. A esto se suma el problema de una inflación creciente, con aumentos que superan los dos dígitos en lo que va del año en combustibles y tarifas eléctricas.

Los cierres y despidos están propiciando conflictos. El 23, más de 3 mil trabajadores de Unicaja se movilizaron en Málaga y otras ciudades del país contra el recorte anunciado del 15% de la plantilla. A su vez, habrá paros el 26 y el 1 y 2 de diciembre. En Airbus de Puerto Real, ubicada en Cádiz, los trabajadores llevaron a cabo un gran proceso de lucha contra el cierre y traslado de la planta, pero la UGT y Comisiones Obreras terminaron pactando con la patronal la deslocalización.

Pese a que el Estado español ha salido del punto más crítico de la pandemia, la Comisión Europea estima que no recuperará los niveles de PBI y desempleo pre-crisis hasta 2023 (Cinco Días, 11/11). A la vez, la deuda se ha elevado al 120% del PBI.

Se plantea la necesidad de una articulación de las distintas luchas y un programa de defensa del movimiento obrero, que parta de la prohibición de despidos, el fin de toda forma de precarización laboral y la indexación de salarios y jubilaciones.

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