La huelga que han mantenido los trabajadores del metal de Cádiz durante 9 días ha galvanizado al movimiento obrero y la juventud. En la provincia de Cádiz contó con el apoyo mayoritario de la población trabajadora, y ha habido incluso una huelga de estudiantes en solidaridad con los metalúrgicos. También se han convocado movilizaciones de solidaridad en distintas ciudades de todo el Estado como la masiva marcha en Málaga.

Se trata de una convocatoria de huelga en defensa de reivindicaciones precisas, que en la práctica rompen con los planes de la Unión Europea, en primer lugar, el mantenimiento del poder de compra de sus salarios, ante una inflación que en este momento está en el 5,4%, y la defensa de conquistas recogidas en su convenio y que la patronal pretendía eliminar. Dos cuestiones, defensa de reivindicaciones precisas que unifican a la clase y unidad de las organizaciones por las reivindicaciones que explican, en buena medida, el éxito de la huelga.

El amplio seguimiento de la huelga, el mantenimiento de la misma durante casi dos semanas, la combatividad que han demostrado los trabajadores, los apoyos recibidos desde todo el Estado Español e incluso desde nuestro país, son signos inequívocos de que la clase trabajadora está dispuesta a la lucha, en contra de lo que defienden tantos “sesudos comentaristas”, y, también, la burocracia sindical que evitó el llamado a la huelga general para justificar la necesidad de hacer concesiones en los convenios y, sobre todo, en el diálogo social.

La huelga pone en evidencia al gobierno del Frente Popular

El éxito de la huelga y la amplitud del movimiento de solidaridad han despertado la inquietud de todas las patronales, dentro y fuera de Cádiz, que temen, con razón, que la huelga abra la vía a la movilización de muchos otros sectores por sus convenios colectivos. O, simplemente, para poder mantener el poder de compra de sus salarios ante la inflación desbocada y la subida de precios de cosas imprescindibles como la electricidad y los combustibles.

Al mismo tiempo, sectores muy importantes de la clase trabajadora se miran en el ejemplo de sus compañeros de Cádiz, están atentos a ver cómo seguir el ejemplo. Lo mismo sucede con sectores importantes de la juventud de la clase trabajadora.

El gobierno del Frente Popular se puso en evidencia. No se trata ya, tan solo, de dilatar una y otra vez la adopción de medidas reclamadas por el conjunto de la clase trabajadora, como la derogación de las reformas laborales o de la ley mordaza, o de que, con cada dilación, se vaya descafeinando un poco más el contenido de las modificaciones que el gobierno está dispuesto a hacerles. Esta vez, todos han visto la represión desatada contra los manifestantes, la actuación de los antidisturbios amedrentando a la población y agrediendo a manifestantes pacíficos. Y la guinda ha sido sacar a la calle una tanqueta, una imagen que sintetiza la represión contra la clase trabajadora.

Una represión policial que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, defendía diciendo que la actuación de los antidisturbios buscaba “garantizar el derecho de manifestación” de los trabajadores (!!!), y garantizar “la seguridad de todos, también de la ciudadanía”. La portavoz añadió que el Gobierno mantiene su “confianza en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Se ha pretendido deslizar que la represión había sido cosa del ministro Fernando Grande-Marlaska (PSOE), e incluso se ha hecho pública la supuesta disconformidad de Yolanda Díaz (Partido Comunista). Una discrepancia desmentida con el hecho de que, junto a la portavoz del gobierno que defendió la represión  se sentaba  la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), que no abrió la boca cuando la portavoz advirtió, para dejar claro que hablaba en nombre de todo el gobierno, que “en esta mesa atendemos a cuestiones de Gobierno y no al ámbito de los partidos de la coalición”. Montero añadió entonces que “para preguntas de nuestra formación política estamos disponibles en otros foros”. O sea, “una cosa es lo que digamos y otra lo que hacemos y defendemos como gobierno”.

El papel de la policía

Las imágenes han corrido por las redes. Antidisturbios agrediendo a ancianos, a manifestantes que se mantenían con las manos en alto, lanzando a troche y moche balas de goma (alguna, decorada con la frase “viva España”) y gases lacrimógenos. Y, para colmo, el uso de tanquetas recorriendo barrios obreros para amedrentar a la población al viejo estilo de la represión franquista.

Se han hecho, con justicia, comparaciones con la actitud de la policía de pasividad ante las manifestaciones de los barrios aristocráticos de Madrid durante el confinamiento, o de abierta confraternización con manifestantes neonazis en esa ciudad.  Pero hay que ir más allá.

No es casualidad que, al mismo tiempo que se desarrollaba la huelga metalúrgica de Cádiz, se llevaban a cabo manifestaciones de policías y guardias civiles en Madrid y otras provincias para protestar contra los cambios que se están tramitando en el parlamento a la Ley Mordaza. Manifestaciones organizadas por las asociaciones supuestamente “progresistas” (Sindicato Unificado de Policías y Asociación Unificada de la Guardia Civil). En esas manifestaciones han participado los franquistas: Pablo Casado, Santiago Abascal y otros destacados dirigentes del PP, de Vox y de Ciudadanos.

Los policías reivindican abiertamente poder mantener la impunidad policial y las amplias facultades de represión que les facilita la ley mordaza. Tanto la policía como la guardia civil son cuerpos represivos heredados del franquismo sin depuración alguna. Pretender presentarlos como una “policía democrática”, es una mistificación. Y pretender hacer una política “progresista” defendiendo las instituciones y manteniendo el aparato judicial y policial del franquismo, mantenido bajo la monarquía, un imposible.

El acuerdo firmado

Las burocracias sindicales de UGT y CCOO (Comisiones Obreras) del metal de Cádiz pusieron fin a la huelga. Desde los medios de comunicación al servicio del capital, desde el gobierno andaluz (PP, Vox y Ciudadanos) y también desde las cúpulas de los sindicatos, se formó una unión sagrada porque movilizaciones como la de Cádiz pueden ser contagiosas y poner en peligro la estrategia del “diálogo social” y de no molestar al gobierno del Frente Popular. En plena huelga de Cádiz se firmó el convenio del metal de Sevilla (capital de Andalucía), aceptando condiciones muy alejadas de las que en ese mismo momento reclamaban en las calles los metalúrgicos de Cádiz, y dejándolos solos.

Tras 9 días de huelga, se firmó un acuerdo entre la patronal y los dirigentes de UGT y CCOO de la Industria de Cádiz y de Andalucía, que ha sido aprobado a espaldas de las las asambleas de los trabajadores en huelga.

Ese acuerdo mantiene el texto del convenio actual, evitando la pretensión de la patronal de recortar algunas de las conquistas reconocidas en él, y aumenta la ultraactividad del convenio a dos años. Pero no garantiza mantener el poder de compra de los salarios, una de las reivindicaciones principales de la huelga. El acuerdo alcanzado garantiza el 2% más el 80% de la diferencia entre ese 2% y el IPC final de 2021. Es decir, que es un acuerdo que no garantiza la indexación salarial hasta… 2024. Un acuerdo a la baja y en cuotas como los que firman las burocracias sindicales de todo pelaje.

Una lección para todo el movimiento obrero

Sin duda alguna, el contenido del acuerdo no corresponde  a las reivindicaciones. En estos dos años, bajo el gobierno del Frente Popular  ha habido una disminución global del peso de los salarios en el PIB del 6,3 por ciento según los organismos oficiales. La media de subida en los convenios no supera el 1.5 por ciento. Por el contrario, los altos ejecutivos han visto su salario aumentar el 6 por ciento, y los trabajadores, para obtener el 2 por ciento y promesas de recuperación, tienen que hacer huelga.

Nos encontramos, por tanto, ante un problema político de primera magnitud. Por un lado los trabajadores de Cádiz no se sienten derrotados y han demostrado que la clase obrera está de pie y dispuesta a luchar. Por otro lado, todos los asalariados de este país: de la industria, de los servicios, de la función pública… tienen las mismas reivindicaciones. La patronal se refugia detrás de las burocracias sindicales y el gobierno del Frente Popular  que envía la policía.

En estas circunstancias, la mayoría, desde la sanidad, la industria, los servicios… reclaman salarios  y exigen la movilización unitaria. El diálogo social sólo ha servido para retroceder. Tenemos que recuperar las organizaciones sindicales para ponerlas a la cabeza de derechos y libertades, y para no  someterse al gobierno del Frente Popular  que sigue los dictados de Bruselas, del capital financiero y las instituciones franquistas. La construcción de un partido obrero que lleve adelante estas tareas en la perspectiva de un gobierno de trabajadores es la tarea a realizar.