Internacionales
30/9/2026
Estado Español: los decretos del gobierno no tocan el poder rentista y solo buscan desactivar la movilización
Artículo de Izquierda Revolucionaria
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Pocos Consejos de Ministros han levantado tanta expectación como el del martes 29 de septiembre de 2026. PSOE y Sumar se enfrentaban al desafío lanzado desde las calles por cientos de miles de personas que ya no aguantan más y reclaman una solución efectiva al problema del acceso a la vivienda.
El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su piso de alquiler y que pagaba puntualmente su renta, expulsada de su hogar por la codicia de la empresa Urbagestión, fue la gota que colmó el vaso. Un profundo descontento social, alimentado por años de salarios a la baja, condiciones laborales cada vez más precarias, deterioro constante de los servicios públicos más básicos, empezando por la sanidad y la educación, y una escalada de los precios del alquiler inasumible, explotó de pronto y está llenando las calles y plazas de todo el Estado de indignación y de determinación de luchar hasta conseguir las justas reivindicaciones que el movimiento plantea.
La acampada de Sol, como las movilizaciones que se han replicado en decenas de ciudades en los días siguientes, expresa de la forma más visible esa voluntad de no ceder en la lucha y de continuarla hasta alcanzar los objetivos propuestos.
El Gobierno y los rentistas sienten la presión de la calle
La solución inmediata que este movimiento de lucha por una vivienda digna, encabezado por los sindicatos de inquilinas y de vivienda, planteaba tiene nombre, el “decreto Maricarmen”. Los manifestantes reclaman al Gobierno “progresista” su inmediata aprobación y que así se ponga fin a los abusos de fondos buitres, bancos y caseros rentistas.
Pero los intereses en juego son muy fuertes. Bancos, fondos de inversión y grandes empresarios han comprometido en operaciones de especulación inmobiliaria ingentes volúmenes de capital. La rentabilidad del sector turístico y la buena marcha del sector financiero en su conjunto dependen del éxito de esas inversiones especulativas. Ceder ante la presión de la calle supondría no solo una pérdida de rentabilidad, sino que provocaría algo mucho peor. Sería una victoria de la movilización y la lucha desde abajo, y daría un enorme impulso a grandes movilizaciones laborales y sociales, como la huelga indefinida de la educación de la Comunidad de Madrid que se iniciará en los próximos días.
Por esta razón, todos los resortes del poder se han puesto en marcha para tratar de abortar la protesta antes de que alcance un momento crítico en el que la desactivación resulte aún más difícil. Y el decreto, tal y como se ha aprobado es un intento de ello.
Por otro lado, la lucha ya está obteniendo sus primeras pequeñas pero muy relevantes victorias. La empresa Urbagestión anunció a bombo y platillo que Maricarmen puede volver a su hogar cuando lo desee, manteniendo un alquiler de cuantía similar al que tenía hasta ahora. El pánico ante la reacción social que su codicia ha desatado, junto con las indudables presiones de otras entidades del sector que ven con enorme miedo lo que está pasando en las calles, los ha llevado a tomar esta decisión en un intento de hacer ver a la opinión pública que la causa del conflicto ya está resuelta. Pero ya es demasiado tarde. Como se ha repetido una y otra vez en las calles, no se trata del problema individual de Maricarmen, se trata de un problema colectivo que exige una solución global y definitiva, que ninguna acción “caritativa” por parte de los caseros va a frustrar.
Dos decretos que son un nuevo regalo a los caseros y una burla a las inquilinas
El Gobierno, tras horas de frenética negociación con sus socios parlamentarios, ha aprobado dos decretos que son un auténtico insulto a quienes nos hemos movilizado por una vivienda digna. Incapaces de romper con su subordinación efectiva a los intereses del gran capital, PSOE y Sumar han aprobado un paquete de medidas que, en su mayor parte son simplemente retórica vacía, y que en el mejor de los casos son un simple aplazamiento de la agonía de decenas de miles de inquilinas sobre cuyas cabezas penden subidas inmoderadas del alquiler o la amenaza de desahucio.
De cara a hacer caer la única medida que podría ser relevante y un avance real, la renovación automática de los contratos de alquiler, han dividido las medidas en dos decretos distintos. Así se facilita a Junts, el partido de los rentistas de Catalunya, y a la mayoría de derechas no votarlo y hacerlo caer en el Congreso. ¡Pura maniobra parlamentaria y propaganda vacía para simular que toman medidas y dejar en realidad las cosas tal y como están! ¡Qué hipocresía! Pedro Sánchez se colgará la medalla de haber intentado moderar los alquileres, aunque su magnánimo intento no haya podido superar el escollo parlamentario.
El primer punto aprobado por el Gobierno es la prórroga de la actual prohibición de desahucios a personas vulnerables dos años más, hasta 2030. ¡Sin duda, nos toman por idiotas! Esta supuesta prohibición está plenamente vigente ahora mismo y, como se ha podido comprobar, no ha impedido el desahucio de Maricarmen ni de miles de personas más. ¿A quién pretender engañar? Las condiciones que se exigen para ser declarado “vulnerable” son tan rebuscadas que no las cumple ni siquiera una persona de 87 años, sin lugar alguno en el mundo para vivir.
Al mismo tiempo que el Consejo de Ministros deliberaba, en Mataró se ejecutaba el desahucio a un vecino con un 87% de discapacidad y, a pocos de metros de Sol, se intentaba un desahucio que solo la presión de los acampados pudo impedir.
El segundo punto de las medidas del Gobierno es la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que vencerán antes del 31 de diciembre de 2028. Es verdad que algunas familias verán alejarse la amenaza del desalojo inminente, pero solo para que dentro de 24 meses los caseros lleguen con una exigencia económica que incluya la compensación por las subidas de alquileres que en su momento no pudieron aplicar.
Esto es lo que también ocurrirá con la prohibición de subir alquileres durante dos años en caso de que su importe supere el marcado en el Índice de Vivienda. Sin medidas para rebajar efectivamente los alquileres abusivos y para impedir que nuestros salarios sean saqueados impunemente por los caseros, estas prórrogas solo aplazan el problema, al tiempo que contribuyen a que las futuras subidas de los alquileres sean todavía más inasumibles.
Tampoco tendrá gran efectividad la prohibición de la compra de viviendas por fondos buitre hasta el 2028. Las entidades financieras que especulan con la vivienda disponen de medios suficientes para esquivar la definición de “fondo buitre” que se establezca en el decreto. La única forma de cortar de raíz su especulación es expropiar las viviendas que ahora están en sus manos para constituir un parque de vivienda pública para alquiler asequible. El resto es pura cosmética.
Ha quedado claro. Nada podemos esperar de este gobierno ni de las instituciones del Estado capitalista. Es el momento de dar un paso al frente. Las manifestaciones de estos días, y la atención y simpatía que se ha levantado en todo el Estado demuestran que tenemos fuerzas más que suficientes para arrancar importantes conquistas frente al rentismo de caseros, bancos y fondos buitre.
Tenemos que salir masivamente a las calles este fin de semana y emplazar enérgicamente a los sindicatos de clase a que convoquen de forma inmediata una huelga general para hacer efectivo el derecho universal a la vivienda.
¡Hay que continuar en las calles! ¡Por la huelga general!
Luchamos por:
•La expropiación de pisos y viviendas en manos de la SAREB, de los caseros rentistas, los bancos y fondos buitres.
•De esta manera se puede crear un parque público con cientos de miles de pisos y viviendas, con alquileres no superiores al 20% del SMI y bajo el control y gestión de los sindicatos de inquilinas y de la vivienda.
•Topar inmediatamente los precios, reduciendo los alquileres un 50%.
•Contratos indefinidos.
•Prohibición de cláusulas abusivas y sanciones a quienes las incumplan.
•Prohibición de los desahucios por ley.
•Ilegalización de las empresas de desocupación.
