Rodríguez Zapatero anunció el miércoles 13 lo que desde hace años venía prometiendo no hacer: un drástico plan de ajuste que incluye un recorte del 5% de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las jubilaciones y la eliminación de ayudas a niños recién nacidos, entre otros. El ajuste fue reclamado a tambor batiente por la cúpula de la Unión Europea, el FMI y hasta por Barack Obama, quien llamó a Zapatero el martes 12 para reclamarle “medidas decididas”. El anuncio provocó un auténtico descalabro político en España y logró que el país avance varios casilleros en la carrera por determinar cuál es el próximo país europeo que va a seguir los pasos de Grecia en el corto plazo. La buena recepción que “los mercados” le prodigaron al plan fue como una gota de agua en el desierto: el viernes pasado, una nueva caída bursátil castigó a todas las plazas europeas. La bancarrota no ha tocado piso y el ajustazo provocará una retracción del consumo y un aumento del desempleo, es decir que se profundiza la recesión. Y todavía habrá más: “Existen fundadas sospechas de que el recorte no será el último (y habrá que ver) si los recortes salariales se limitarán a los empleados públicos o se extenderán al sector privado” (El País, 16/5).

En otras palabras, lo que está en cuestión no es si el ajuste logrará salvar a la economía española de la catástrofe sino si el gobierno será capaz de asegurarse de descargar la crisis sobre la clase obrera. Las dos principales burocracias sindicales del Estado español, Comisiones Obreras y UGT, fundamentales puntos de apoyo del gobierno de Zapatero, se apresuraron a decir que una huelga general “es lo peor que podría pasarle al país”, pero tienen que pilotear sobre la bronca generalizada de toda su base. Ya se han anunciado movilizaciones y una jornada de lucha para el 20 de mayo y una huelga de empleados públicos para el 2 de junio, que luego fue postergada para el 8. Los sindicatos mayoritarios vascos –donde UGT y CC.OO. son minoría– anunciaron, por su parte, una huelga regional de empleados públicos para el 25 de mayo. El último domingo, sin embargo, más de quince mil personas – convocadas por distintas organizaciones de izquierda y sindicales de base, al margen de UGT y CC.OO.–  marcharon en Madrid reclamando la convocatoria a una huelga general: a la cabeza de sus columnas se reclamaba “que la crisis la paguen los capitalistas”.

Aunque el gran capital ha salido a defender el plan de ajuste de Zapatero y a reclamar una política “responsable” y de “unidad” por parte de los diferentes partidos patronales, la situación política española comienza a moverse desde hace tiempo en aguas pantanosas. El PP salió a desmarcarse de las medidas y Aznar acaba de publicar una columna en el Financial Times reclamando la formación de un nuevo gobierno. El de Zapatero es un gobierno en minoría y depende de los votos de los partidos regionalistas: los catalanistas de derecha de Convergencia i Uniò ya salieron a decir que no apoyarán el congelamiento de las pensiones.

La central empresaria española (CEOE), por otra parte, se encuentra quebrada ante los serios cuestionamientos recibidos por su presidente, Díaz Ferrán, por la quiebra de Marsans y otras de sus empresas.