18/03/2021

Estado español: una nueva crisis profundiza la debacle del régimen del 78

El presidente Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A simple vista, los hechos que han desencadenado la crisis política, parecerían una mera anécdota: los dirigentes de Ciudadanos (Cs) de la región de Murcia denuncian la corrupción del Partido Popular (su socio en el gobierno de dicha región) y pactan con el PSOE una moción de censura. Ante lo cual el PP reacciona y hace cambiar de opinión a tres parlamentarios de Ciudadanos, que habían suscrito y apoyado la moción de censura (para convencerlos, les ofrece tres Consejerías en el gobierno murciano). Pero antes de ese acontecimiento, que haría fracasar la proyectada moción de censura, la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso del PP, reacciona echando a los de Ciudadanos de su gobierno y convocando elecciones. A la maniobra de Ayuso, Más Madrid (un desprendimiento de Podemos) y el PSOE responden con la presentación de mociones de censura, que crean un embrollo legal porque ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Madrid para dirimir si deben votarse antes de convocar elecciones o no (el pronunciamiento del TSJM ha sido en favor de la celebración de elecciones). El movimiento se extiende a Castilla y León y amenaza con hacerlo a otras comunidades… todo un vodevil al que asiste atónita buena parte de la población que se convence cada vez más de que ninguno la representa.

Ahora los partidos del Frente Popular (PSOE, Podemos, Más Madrid), que comparten con la derecha el régimen surgido del 78, llaman a la unidad de los trabajadores y la izquierda para echar a Ayuso. Pero todo el mundo sabe que la manera más segura de echar a los franquistas es la movilización unida, como la gran manifestación por la sanidad pública que ha habido en Madrid este fin de semana.

Como parte de las modificaciones en el tablero político, Pablo Iglesias, líder de Podemos, dejó la vicepresidencia segunda para competir en Madrid, bajo la expectativa de salvar una fuerza que viene sufriendo varios golpes electorales. Pero aunque dejó su cargo ejecutivo, la alianza que Podemos mantiene a nivel federal con el PSOE sigue en pie, dado que es relevado por otra figura de su mismo partido.

¿Qué hay detrás de todo esto, de todas las maniobras y contramaniobras a las que asistimos?

Con esta crisis se pone de manifiesto, también, el verdadero significado de los distintos acuerdos de mantenimiento del régimen. Por ejemplo, el tan cacareado “pacto antitransfuguismo” (que castiga el traspaso de partido por parte de diputados y senadores), que no se aplica, al parecer, a los tres de Cs de Murcia, pero que se hace caer con toda su fuerza sobre los nueve anticapitalistas (representantes del Secretariado Unificado que fueron echados de Podemos) de Andalucía, que, aun siendo la mayoría del grupo parlamentario, han sido expulsados del mismo como tránsfugas y privados de la inmensa mayoría de sus derechos como parlamentarios.

Pero la crisis actual expresa otra cosa. Por su carácter caótico, fuera de control, es el reflejo directo de la crisis general del régimen, de su descomposición, que afecta en primer lugar a la Casa Real y sus constantes escándalos.

El hecho de que afecte directamente al PP tiene un significado profundo: el PP es la representación política principal de las instituciones heredadas del franquismo. De su crisis han salido los principales dirigentes de Vox (formación fascistoide), así como muchos de Cs (una vez que los primeros fundadores en Cataluña se han ido yendo). Todos salen de la misma escuela y casa matriz. Es por ello que el ABC no para de decir que la división en tres derechas (PP, Ciudadanos, Vox) lleva a la impotencia, y que no está seguro de que esta crisis, aunque el PP acabe absorbiendo a Cs, se resuelva positivamente para ellos.

La gobernabilidad

Pedro Sánchez no deja de declarar que necesita un PP fuerte. Lo necesita para restablecer el consenso del 78, porque su objetivo –para el que cuenta con el apoyo (no sin contradicciones) de Podemos- es salvaguardar la Monarquía y vehiculizar la política que exigen la UE imperialista y el capital financiero. Ahí están sus medidas económicas: las ayudas a las empresas; la operación Seat, con el Rey y la Volskwagen (Sánchez y Felipe visitaron la primera planta mencionada, donde se fabricarán baterías para autos eléctricos en asociación con el Estado); la maniobra para dejar en manos de la Iglesia Católica los más de 35.000 inmuebles inmatriculados apoyándose en la modificación del Ley Hipotecaria que hizo el expresidente José María Aznar en 1998. Al tiempo que mantiene las reformas laborales del PP y utiliza el Estado de alarma para controlar y aterrorizar a las masas, y romper las movilizaciones, aplicando a fondo la ley Mordaza (las promesas de derogarla parecen haberse ido por el inodoro).

La crisis de las derechas afecta a todos los partidos que han ligado su actuación a la defensa de este régimen. A todos los partidos, incluidos los catalanes, que, “confiando” en Europa, se oponen a una política que busque la alianza con los trabajadores y los demás pueblos en torno a las exigencias sociales de defensa de la salud, la educación, las jubilaciones y demás servicios públicos, reivindicaciones democráticas de libertades y derechos de los pueblos. En particular contra la justicia franquista.

En estas condiciones, una “salida parlamentaria” se vería sometida a varios obstáculos. Y más aún si recordamos los resultados en Cataluña con el aumento brutal de la abstención de masas como rechazo a las instituciones y los partidos que las sostienen.

El gobierno, que cuenta con el apoyo incondicional de los aparatos sindicales, que se traduce en su negativa a toda movilización –más allá de las mínimas acciones demostrativas del 11 de febrero y 11 de marzo- y/o huelga, al mismo tiempo decide derogar el 315.3 del Código Penal que prohíbe los piquetes, cuestión que es al mismo tiempo una victoria y una maniobra para permitir a los aparatos presentarse como conseguidores de esta reivindicación, producto, según ellos, del “diálogo social”.

Intentar impedir una explosión social

Todos son conscientes de que las medidas de excepción del estado de Alarma no son suficientes para impedir la movilización.

No es una anécdota: la victoria en la empresa John Deere (conflicto contra despidos en Getafe); las movilizaciones de los jóvenes particularmente en Cataluña contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél; las de los médicos y el personal sanitario, muestran que, a pesar de los ataques a las libertades, la movilización aparece como la única salida para hacer retroceder a los planes de despidos, al desmantelamiento de la sanidad pública y de la enseñanza… y demuestran, además, que se puede vencer.

La reacción de todos los prebostes del régimen y de sus medios de comunicación a las manifestaciones de los jóvenes, la misma prohibición de las manifestaciones del 8M, demuestra el miedo que tienen a una explosión social. La prohibición de manifestaciones muestra, además, la tentación de ir casi a un estado de sitio. Una línea que se inscribe plenamente en la política de todos los gobiernos europeos, porque los planes de destrucción del capital financiero, en un mercado mundial en plena guerra, exigen acabar con todas las libertades para poder ser impuestos.

En este marco, es necesario afirmar que hoy es más que nunca inseparable el combate por las libertades de expresión, de reunión y manifestación, imprescindibles para la organización del combate por los derechos sociales, por las reivindicaciones, para abrir una salida favorable a los trabajadores y los pueblos. Libertades que hoy están todas en cuestión. Defenderlas hoy exige plantear el combate para acabar con la Monarquía y el régimen del 78. Para abrir esa vía debemos construir un partido independiente de la burguesía y que plantee la Federación de Repúblicas socialistas Ibéricas.

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