Cuando aún no se han apagado las repercusiones por la retirada del imperialismo norteamericano de Afganistán, y en medio de un recrudecimiento de la crisis migratoria, demócratas y republicanos se han sumergido en una fuerte pulseada política por el techo de la deuda pública (fijado por ley en 28,4 billones de dólares). La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que si el Congreso no avala una suba del límite de endeudamiento antes del 18 de octubre, el organismo podría ingresar en un default, ante la incapacidad de afrontar sus compromisos financieros (incluyendo bonistas, ciertas prestaciones sociales y pensiones de veteranos de guerra).

Los republicanos se resisten al reclamo, argumentando que sería usado para expandir el gasto. Si no se alcanza un acuerdo, los demócratas se verían obligados a aprobar la ampliación en soledad, recurriendo a un mecanismo excepcional que permite hacerlo sin una mayoría calificada. En el sector financiero hay preocupación por la tensión política, pero se especula con que el asunto se termine resolviendo a último momento, como ha ocurrido en años anteriores. Un arreglo sobre el precipicio entre los dos partidos es también el que ha evitado el cierre de la administración federal (shutdown) a partir del 1 de octubre.

El problema del techo de la deuda se superpone con el nuevo paquete económico del gobierno de Joe Biden. Tras el fiasco de Afganistán, el mandatario aspira a retomar el centro del cuadrilátero con un plan de obras de infraestructura de más de un billón de dólares y uno de gasto social del orden de 3,5 billones (con prestaciones sanitarias a mayores, educación infantil gratuita, y asignaciones por hijo, entre otros ítems).

El plan de infraestructura fue aprobado en el Senado con el respaldo de los republicanos, pero recortando el monto original. Le resta su aval en la Cámara de Representantes. En cuanto a la otra iniciativa, patrocinada por Bernie Sanders y la llamada ala progresista del Partido Demócrata, es rechazada tanto por los republicanos como por un sector del oficialismo.

La confrontación dentro del Partido Demócrata ha escalado al punto de que unos y otros se amenazan con sabotearse los proyectos respectivos en el recinto. En esta disputa, lo más probable es que el ala progresista termine reculando y aceptando una fuerte poda de su iniciativa. El proyecto social se financia con un aumento del impuesto a las corporaciones con beneficios superiores a los 5 millones de dólares anuales, que subiría del 21 al 26,5%. Esta cifra, sin embargo, no compensa la brutal rebaja instrumentada por Trump, del 35 al 21%.

El gobierno estadounidense ha dispuesto múltiples medidas de rescate al capital frente a la crisis (rebaja de las tasas de interés, compra de activos por parte de la Fed, subsidios), y no es la primera vez que ocurre; el problema de deuda es resultado de los sucesivos auxilios a las grandes patronales, a partir de la crisis mundial de 2008. El endeudamiento público supera ya el 100% del PBI.

En menor medida, el gobierno se ha visto obligado también a autorizar un aumento del gasto social como medida de contención. El nuevo paquete de asistencia se discute en un momento clave: en septiembre se vencieron subsidios como el bono extra de 300 dólares semanales a los parados (complemento del seguro de desempleo) y otras compensaciones similares que alcanzaban a 12 millones de personas. Y si bien la economía está experimentando un rebote, dado que se espera un crecimiento del 5,9% para 2021, la tasa de desempleo aún no ha regresado a los niveles prepandémicos (recién lo haría a fin de año) y se ha acentuado la precarización laboral.

Por lo demás, la variante delta, con 160 mil casos y 1,500 muertes diarias, muestra que la pandemia aún conserva poder de daño, y de hecho obligó a la Reserva Federal a recalcular a la baja sus perspectivas de crecimiento para el 2021. La incertidumbre es la que también hace vacilar a la Fed respecto al fin de la política de compra de activos y a la suba de la tasa de interés, este último un punto descartado al menos hasta el año próximo, debido a sus efectos recesivos. Pero el rescate de la clase capitalista no es gratuito. La economía norteamericana sigue acumulando desequilibrios. El crecimiento de la deuda pública es una expresión de ello.

En los megaplanes de Biden pesa también una consideración política de primer orden: evitar una derrota ante los republicanos en las elecciones legislativas del año próximo, y peor aún, un reposicionamiento de Donald Trump. El magnate aprovecha cada revés de su contrincante para defenestrarlo.

La izquierda del Partido Demócrata mantiene una política de respaldo y subordinación a Biden, pese a que el mandatario es hoy el principal baluarte de la clase capitalista y el imperialismo. Algunos de sus últimos pasos han sido la alianza militar con Reino Unido y Australia (contra China), y la deportación masiva de migrantes haitianos.

Es necesario defender y promover la independencia política de los trabajadores.

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