La administración Trump vuelve a verse envuelta en un escándalo por su brutalidad, en este caso, contra las mujeres migrantes en suelo estadounidense. Hace unos pocos días, Dawn Wooten, una enfermera que trabajó hasta julio en la prisión de Georgia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en inglés), denunció que en el Centro de Detención del condado de Irwin se realizan esterilizaciones forzadas a las mujeres. El procedimiento conocido como histerectomía se realiza sin el consentimiento de las detenidas, en lo que constituye a todas luces una violación gravísima a los Derechos Humanos.

El escándalo estalló cuando la organización por “la eliminación de la pobreza y el genocidio” Project South elaboró un meticuloso informe de 27 páginas que fue presentado en concepto de denuncia al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina del Inspector General. En él se recopilan detalles de los testimonios de Wooten así como de los mismos inmigrantes detenidos, que además relatan la ausencia de todo protocolo de seguridad e higiene ante el Covid-19, negativa a los hisopados, condiciones de hacinamiento y extrema suciedad, falta de atención médica y de suministro de medicación a pacientes con enfermedades terminales y comida en mal estado, entre otras de las atrocidades que se viven en el Centro de Detención del ICE de Irwin (ICDC) administrado por el grupo privado LaSalle Corrections.

Aprendices de Mengele

Este hecho es extremadamente cruel, pero no novedoso. Ya el ICDC había estado en el centro de la polémica en ocasiones anteriores, incluso siendo instado a su clausura por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) tras presentar una serie de denuncias de todo tipo en 2012. El propio Project South encabezó una investigación en 2017 que ya daba cuenta de violaciones de todo tipo a los Derechos Humanos, condiciones insalubres y faltas a las garantías del debido proceso. Un año después, en 2018, un informe en un sentido más amplio del Human Rights Watch (HRW) señalaba que los agentes estatales de todo el límite fronterizo con México perpetraron todo tipo de maltratos a los migrantes, incluidas las agresiones sexuales.

Lo propio, la esterilización forzada tiene sus precedentes en Estados Unidos. En 1907 el Estado de Indiana aprobó la primera ley de esterilización eugenésica del mundo, que se extendió luego a otros 31 Estados. Incluso, en los años posteriores, la Alemania nazi se valió de esta experiencia para aplicarla en los campos de concentración. En cualquier caso, la esterilización ha sido aplicada sobre inmigrantes y negros, fundamentalmente a las mujeres; una muestra de la naturaleza racista, misógina y opresiva en todo término del Estado imperialista yanqui. Es el caso de California, donde el procedimiento se ha vuelto masivo a los descendientes de mejicanos, o de Carolina del Norte, donde se tomó como objetivo a las mujeres negras, relató la profesora Minna Stern en un artículo para The Conversation. Pese a que estas leyes fueron derogadas formalmente en 1970 tras los escándalos en el hospital del condado de Los Ángeles (sobre lo cual se realizó el documental “No más bebés”), la práctica como tal no ha desaparecido.

Dawn Wooten, the nurse who blew the whistle on ICE, just went on MSNBC. This is being done in our name. pic.twitter.com/ljacMzUQ0N

— Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) September 16, 2020

El escándalo azuza la crisis política

Este hecho coloca a Trump en el ojo de la tormenta por partida doble. Si de por sí de manera inevitable su gestión es enteramente responsable ante esta denuncia, en los hechos la misma se ha apoyado permanentemente en la fuerza policial del ICE. Ya para fines del año pasado el presidente yanqui les había encomendado organizar redadas en distintos lugares de trabajo a fines de detener a inmigrantes indocumentados. Pero en el presente año, Trump se valió de ella para intervenir en la rebelión desatada, valga la redundancia, por el asesinato del afrodescendiente George Floyd. Allí donde las policías locales no respondieron al gobierno federal, el presidente delegó la intervención represiva a fuerzas federales como ICE, sumándose a los Marshals y la fuerza ATF de control de tabaco, alcohol y armas de fuego, ratificando un vínculo de cercanía con una de las fuerzas naturalmente más racistas del país.

Los demócratas se han subido rápidamente al tren. La Presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, ha brindado una conferencia de prensa este martes desde Washington, en la que calificó el hecho de “abrumador abuso de los Derechos Humanos”, y exigió en nombre del bloque que el Departamento de Seguridad Nacional lo investigue de inmediato. Sin embargo, se trata a todas luces de una impostura.

No puede dudarse en absoluto del contenido fascista de las políticas de Trump alrededor de la cuestión inmigratoria, uno de sus ejes en la campaña electoral del 2017 prometiendo levantar el muro en la frontera con México y acusando a los mejicanos de violadores y criminales. Concretamente, Pelosi podrá cuanto mucho repudiar los métodos de tortura por parte del ICE, pero no puede tapar el sol con la mano; ni encubrir que la política migratoria yanqui es un patrimonio común a todo el arco político. Basta con mencionar las recientes declaraciones de Joe Biden, el candidato demócrata, que en pleno curso de la rebelión (y ante la brutal represión policial como respuesta), alegó que “había que enseñarle a los policías a disparar a las piernas y no al corazón”.

Por su parte, el predecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, se ha ganado en Estados Unidos el apodo de “deportador en jefe” por su aumento exponencial en las tasas de deportaciones. Tras un discurso de protección a los inmigrantes, -más bien, “a los que no delinquían”-, montó una criminalización a enormes sectores de ellos. Así fue que muchos fueron deportados bajo el gobierno de Obama por los denominados “fraudes de la inmigración”, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, falsear un número de la seguridad social para poder trabajar. En un mismo sentido, fortaleció enormemente el control fronterizo, e introdujo la formalización de causas legales a los inmigrantes que intentaran cruzar sin permiso; sustituyendo así el régimen de “salidas voluntarias” que los instaba a regresar al otro lado sin sanciones legales. Datos como que su gobierno presionó incesantemente al Estado mexicano a reforzar los controles y la represión en la frontera sur que linda con Guatemala y Belice, logrando así la creación del Programa de la Frontera Sur bajo el gobierno de Peña Nieto en 2014, terminan de corroborar que la preocupación de los demócratas por la vida de los inmigrantes es cuanto menos una farsa.

Para terminar con las más cruentas violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes en Estados Unidos no basta con los pedidos de informes en el parlamento o la presentación de denuncias. El caudal de la rebelión desatada por el asesinato de George Floyd puso de relieve que el Estado yanqui como tal se asienta sobre fuertes bases de racismo sistémico y represión. Hay que redoblar más que nunca la gesta emprendida del Black Lives Matter con total independencia política de republicanos y demócratas, que han edificado, gobierno tras gobierno, una clara política de amedrentamiento, violencia, abusos y expulsiones a la población migrante. Fuera Trump y el régimen racista y represor.

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