Volvió a postergarse el juicio a José Padilla, el hombre que Bush utilizó para que la Justicia admitiera su derecho de abolir las garantías constitucionales y detener por tiempo indefinido, sin formular cargos, sin llevar a juicio y sin derecho a la defensa, a cualquier ciudadano norteamericano acusado de “enemigo combatiente”, una fórmula que no exige pruebas y habilita la tortura.

 

Padilla es un hijo de portorriqueños nacido en Brooklyn, que estuvo en la cárcel por delitos menores; allí se convirtió al Islam. Según el gobierno, Padilla fue arrestado cuando volvía de Paquistán y se aprestaba a detonar “una bomba sucia en alguna ciudad” por encargo de Al Qaeda. Su defensora dijo que la única prueba era “una declaración jurada que decía que, según unos soplones, Padilla se involucró en un complot terrorista. La declaración reconocía que los soplones no eran confiables". La Justicia ordenó liberarlo, pero Bush lo declaró "combatiente enemigo", lo envió a una prisión de la Marina y prohibió que viera a su abogada “para establecer una relación de dependencia" del preso hacia sus carceleros. La Justicia lo consideró legal.

 

Nadie vio a Padilla durante los cuatro años en los que estuvo encadenado en “aislamiento sensorial” (sin percibir luz o sonidos). Paul D. Wolfowitz, segundo del Pentágono, reconoció después que el complot “probablemente nunca existió” y que el soplón “en el pasado dio información falsa”. Pero Padilla se convirtió en el centro de una batalla legal sobre las atribuciones del gobierno en la “guerra antiterrorista”. Fueron denegados los hábeas corpus y una Corte de Apelaciones avaló que Bush detuviera en bases militares a norteamericanos calificados como “combatientes enemigos”. Otro tribunal anuló ese fallo. El gobierno apeló a la Suprema Corte y ésta le otorgó a Bush “una victoria legal significativa porque rechazó cuestionar la potestad del gobierno para mantener presos indefinidamente a norteamericanos, incluso capturados en su país” (FT, 3/4/06).

 

A fines de 2005, el gobierno devolvió a Padilla al fuero civil, cambiando su designación a "acusado criminal” por integrar un grupo que enviaba dinero para la Jihad. “Constreñido por leyes federales que limitan el uso de las declaraciones bajo ese tipo de interrogatorios (sic), el gobierno acotó el caso bajándolo a soldado raso de una conspiración incierta. El juicio no va a tener ninguno de los cargos iniciales sobre complot violento con Al Qaeda”. (NYT , 7/1). “Es una acusación pragmática, es como ir tras Al Capone por evasión fiscal”, explicó el especialista en seguridad Robert Chesney. En realidad, como la Suprema Corte debía ratificar la legalidad de esos confinamientos, “Bush se anticipó para evitar un fallo adverso” (ídem).

 

La prueba más firme contra Padilla (entre miles de grabaciones) es una charla de 1997, donde planea un paseo con un amigo. El gobierno dice que confesó que era una charla cifrada. Pero en los tribunales civiles no valen declaraciones arrancadas sin cargos y sin abogado. Además, “el gobierno se inclina a no presentar pruebas porque los soplones están en cárceles secretas de la CIA sobre las que prefiere evitar indagaciones”. Los activistas de DDHH aseguran que saldrá libre. Probablemente no se dé cuenta porque perdió la razón.