A menos de un mes del asesinato de George Floyd que inició una rebelión popular en Estados Unidos y movilizaciones en Europa y todo el mundo en apoyo, la población norteamericana Lgbt+ logró avanzar en un derecho por el que ha peleado largamente. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la prohibición de despedir a una persona por su orientación sexual o por ser trans, travesti o transgénero, basándose en el título VII del Acta de Derechos civiles de 1964 que estipula que es ilegal despedir a una persona por su sexo. El juez Neil Gorsuch dijo “es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a ese individuo por su sexo” ( New York Times 15/6/2020), cambiando entonces la realidad de miles de trabajadores que, hasta antes de este día, podían ser despedidxs en más de la mitad de los estados por formar parte de la población LGBT+. La decisión del tribunal llamó particularmente la atención ya que está mayormente conformado por jueces conservadores, incluso el mismo Gorush, quien escribió el fallo, fue designado personalmente por el reaccionario Donald Trump. Unos días más tarde la corte dio otro fallo progresivo, en este caso a favor de los inmmigrantes. Trump viene en retroceso y se ve que la Suprema Corte esta dando pasos para distanciarse de él frente a la opinión pública.

Esta decisión no surge de la nada, sino que se da después de fallos individuales que obligaron a la Suprema Corte a posicionarse. Gerald Bostok, denunció al condado de Clayton, Georgia, que lo despidieron de un programa gubernamental después de unirse a una liga de Softball gay. Como también, el caso de Donald Zarda, instructor de paracaidismo, despedido por decirle a una clienta que era gay. Vemos que estos despidos se daban tanto en el ámbito estatal como privado, y que, al igual que en nuestro país, si bien lxs ciudadanxs de EEUU tenían derecho a casarse con personas de su mismo género desde 2015, esto no es garantía de derechos básicos en otros ámbitos.

Un paso adelante, tres pasos atrás

En un país con el sistema de salud completamente privatizado, en el cual lxs trabajadorxs se endeudan de por vida para  pagar el plan médico. y  está pasando por el mayor índice de desempleo en casi un siglo. La semana pasada, en el cuarto aniversario de la masacre del club gay Pulse, el Departamento de Salud y Servicios Humanos determinó que el gobierno nacional dejará de considerar a la identidad de género como un motivo de discriminación por parte de los proveedores de salud, hospitales y médicxs. Es decir, todos los servicios de salud que reciben fondos federales podrán negarse a proporcionar o cubrir la atención médica relacionada con la transición de género, desde tratamientos hormonales a quirúrgicos.

Una reforma de 2016 establecía la inclusión de personas basándose en su identidad de género autopercibida, y por lo tanto instaba a los proveedores de salud a cubrir el tratamiento de personas trans, dar marcha atrás a este punto no solo implica una traba más al ya difícil acceso a la salud para las personas trans, sino que es un retroceso  a una concepción binarista y meramente biologicista del sexo, ya que toma como motivo de discriminación solamente el sexo y no la identidad autopercibida.

Esto forma parte de un plan del gobierno de Trump para achicar la definición legal de discriminación por sexo y así dejar por fuera a las personas trans no solo de la salud, sino también de refugios, educación y empleo. Varies activistas, comentan que esto implicaría que se le pueda negar a una persona el test de Covid-19 por el mero hecho de ser trans y la agrupación por los derechos LGBT+ “Human Rights Campaign” planea demandar al gobierno de Trump por este motivo.  Esta modificación, además, elimina la protección ante la discriminación para personas que hayan interrumpido un embarazo, avanzando así también sobre los derechos de las personas que hayan decidido acceder a un aborto, incluso en los estados donde es legal.

El acceso a la salud y al trabajo para el pueblo trabajador y puntualmente a la población LGBT+ no puede quedar en manos de puramente de legislaciones o fallos legales, sino que se deben dar en base a un cambio social que eleve la conciencia de las masas y vea estos derechos como parte de los derechos básicos de todxs lxs trabajadores. Como bien sabemos por nuestra experiencia en Argentina, el hecho de tener una ley que defienda nuestros derechos no es una garantía de que efectivamente se cumpla. Lo vemos con la ley de identidad de género que debería, entre otras cosas, garantizar el acceso a los tratamientos hormonales de personas travesti-trans pero hoy en día ese derecho se encuentra completamente vulnerado ya que hace meses se complica el acceso en hospitales públicos y obras sociales. En lo laboral el panorama no es muy distinto, pese a la aprobación de la ley de cupo laboral trans en 2015 en la provincia de Bs As esta sigue sin aplicarse efectivamente, y Según un informe de ATTTA y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), sólo el 18% de las personas travestis y trans tienen acceso a trabajos formales, llevándolas a recurrir a los trabajos más precarizados para poder subsistir, principalmente la prostitución. Es por esto que desde el Partido Obrero y la Agrupación Lgbti 1969 hemos presentado, por tercera vez, el proyecto de ley de Inclusión Laboral Travesti-Trans en el Congreso, a través de nuestra diputada del FIT Romina Del Plá, no como la solución a todas las problemáticas sino como un paso adelante en nuestros derechos y un eje para organizar la lucha del movimiento LGBT+.

Tomando el ejemplo de lucha del movimiento Black Lives Matter, y retomando la lucha histórica de la revuelta de Stonewall precisamente en su mes de aniversario, el activismo LGBT+ se enfrenta a nuevos desafíos: Llevar adelante una lucha por sus reclamos  y  dar marcha atrás a las ideas Trans odiantes que el actual gobierno intenta imponer. Privando del acceso a la salud a una población ya vulnerada y con una expectativa de vida de 35 años. Esta lucha no es  solo para cambiar a Trump por otro gobierno burgués, sino para cambiar de fondo las bases sociales,  y económicas que perpetúa el capitalismo, tarea que solo podrá ser llevada adelante por la clase trabajadora.

Desde la Agrupación LGBTI+ 1969, llamamos a denunciar a este régimen social que persigue y oprime a las personas por su identidad de género y orientación sexual  y a organizarnos independientemente del estado y los gobiernos para conseguir la victoria de todas nuestras reivindicaciones.