Al menos unos 4.100 condenados a muerte fueron ejecutados el año pasado, según el informe de la organización Hands off Cain, que lucha por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

La mayor parte de las ejecuciones tuvieron lugar en China, uno de los países donde las contradicciones sociales son más brutales. Al menos 3.138 condenados fueron ejecutados según las informaciones del propio gobierno. La cifra exacta, sin embargo, podría ser muy superior: Hands off Cain dio a conocer un documento de un miembro del Partido Comunista que habla de 15.000 ejecuciones por año, entre 1998 y 2002, una cifra cinco veces superior a la oficialmente reconocida (Le Monde, 8/7). La burocracia china pretende, por la vía del asesinato legal, poner en caja las enormes contradicciones desatadas por el proceso de la restauración capitalista: la existencia de decenas de millones de desocupados en la zona rural y en las ciudades del interior, los masivos despidos producidos por los cierres o privatizaciones de las empresas estatales, la descomposición del sistema de seguridad estatal y la pauperización de millones en el cuadro del enriquecimiento de un puñado de burócratas asociados a los “negocios”.

Otras 800 ejecuciones tuvieron lugar en Asia, entre las que se destacan 316 en Irán y 214 del régimen de Saddam. En Asia, la aplican tanto regímenes totalitarios – la monarquía saudita por ejemplo – como las “democracias” de Japón (2 ejecuciones) y la India (14 ejecuciones). En los países de la ex URSS fueron ejecutados 19 condenados.

“EEUU representa, tras la República Popular China, el país que impone a nivel estatal y federal más condenas a muerte en el mundo civilizado. Concretamente 6.324, desde noviembre de 1973 y desde la reinstauración judicial de la pena capital en julio de 1976. Además, EEUU es la nación con la más numerosa y vasta población de internos residentes en el corredor de la muerte, 3.679 personas” (página web deHands off Cain). El año pasado fueron ejecutados en Estados Unidos 71 condenados, tres de ellos menores. La barbarie del régimen represivo norteamericano se revela, precisamente, en que es uno de los pocos que aplica la pena de muerte a menores de 18 años: hay más de 70 de ellos esperando la ejecución en las cárceles norteamericanas. Como todo el sistema penal norteamericano, la aplicación de la pena de muerte sigue criterios marcadamente racistas: representando apenas el 25% de la población, el 55% de los ejecutados pertenecen a las minorías negra y latina.

Cuba se encuentra también en la lista, con un centenar de condenados a muerte esperando su ejecución, la mayoría de ellos por delitos comunes.

Los socialistas, que luchamos por una sociedad sin clases y sin Estado y que nos oponemos a toda forma de opresión, nos hemos opuesto históricamente a la pena de muerte por delitos políticos o comunes. Sólo es un factor revolucionario cuando sirve contra los verdugos históricos de las masas, como instrumento de justicia revolucionaria (delitos contra el pueblo) y como autodefensa en la guerra civil.