Un reciente y documentado informe de Amnistía Interna­cional sobre las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos puso al descu­bierto la envergadura y la im­punidad del aparato represivo norteamericano. Por su crude­za, este informe conmovió a la propia prensa norteamericana.

Según el documento, las tor­turas, las detenciones arbitra­rias, el uso desmedido de fuerza contra civiles desarmados (al punto de provocar la muerte de los ‘sospechosos’) son la “nor­ma” del comportamiento poli­cial. “Los inmigrantes son tratados como delincuen­tes”. En las cárceles, es regular la tortura de los prisioneros mediante electroshocks. “Uno de los hechos más dramáti­cos -informa William Schulz, secretario ejecutivo de la rama norteamericana de Amnistía Internacional- es el trata­miento de las presas, el aco­so sistemático a que some­ten a las mujeres en algunas cárceles, lo que incluye su venta a guardias o presos varones como esclavas sexuales. En ocho estados, por lo menos, el contacto sexual entre guardia cárceles y presas no se considera un delito. Por otra parte, la costumbre de encadenar a las internas parturientas es más común de lo que supone la mayoría” (The Washington Post, 13/10). El carácter racista de este régimen político es evi­dente. “La raza del sospecho­so parece ser, muchas veces, el primer indicador de peligrosidad” (Folha de Sao Pau­lo, 6/10).

El encarcelamiento de po­bres, negros y latinos es masi­vo. En los últimos años, la po­blación carcelaria norteameri­cana pasó de 750.000 a 1.700.000 personas, la inmen­sa mayoría por ‘pequeños crí­menes’ contra la propiedad. Estados Unidos encarcela seis veces más ciudadanos que los países europeos. Según un dia­rio británico, los pobres norte­americanos “enfrentan la disyuntiva de encontrar un empleo o pasar a engrosar la mayor población carcela­ria del mundo” (Financial Times, 28/11/97). Aunque los negros representan el 12% del total de la población norteame­ricana, la mitad de los presos son negros.

El ritmo de encarcelamiento viene creciendo sistemática­mente, junto con la polarización social. “En 1997, la tasa na­cional de encarcelamiento — 645 por cada 100.000 personas-fue más del doble que la de 1985 y el número de pre­sos creció en 9,4%, casi el doble que el promedio anual de crecimiento desde 1990” (The Economist, 3/10).

Paralelamente, creció el número de condenados a muerte y el número de críme­nes sujetos a la pena capital. Aquí también, “la raza del acusado y de la víctima pa­recen ser los factores esen­ciales para decidir una condena a muerte... la pro­babilidad de que un negro sea condenado a muerte es cuatro veces mayor que la de un blanco” (Folha de Sao Paulo, 6/10). En Pennsilvanya, por ejemplo, de los actua­les 120 condenados a muerte, sólo 13 no son negros (TheNew York Times, 16/10).

Otro de los ‘blancos’ prefe­ridos de la brutalidad policíaco- judicial es la juventud, contra la que rige el Hoque de queda’ en las principales ciudades. Esta­dos Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y que ratificó con re­servas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU: en ambos casos, por­que “objeta que se proscriba la aplicación de la pena de muerte a delincuentes juve­niles” (The Washington Post, 13/10).

“Los derechos humanos en los Estados Unidos, dice Amnistía, nos hablan de dos naciones (diferentes): ricos y pobres; blancos y negros; hombres y mujeres” (The Guardian Weekly, 11/10).

La integración de policías y jueces en este sistema represivo clasista y racista es perfecta, porque “rara vez los policías son procesados y, menos to­davía, castigados”. Peor aún, “los programas de reformas de los principales departa­mentos de policía y la legis­lación disponible no evitan la impunidad de los policías inculpados en abusos” (Fol­ha de Sao Paulo, 6/10). Los jue­ces, por su parte, son ‘intoca­bles’. A la cabeza de todo este aparato represivo se encuentra la Corte Suprema.

En esta represión estatal, se apoya una vasta represión ile­gal, a cargo de bandas derechis­tas con vastos lazos con las poli­cías, que -como ha ocurrido en las últimas semanas- asesinan homosexuales, inmigrantes y médicos abortistas. Rara vez los responsables de estos asesi­natos van a la cárcel.

El gigantesco aparato repre­sivo norteamericano que apun­ta a la masa de los desposeídos ilustra mejor que nada, por eso, la naturaleza concreta del régi­men político.