El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó el miércoles 25 de mayo una nueva ley que prohíbe el aborto en el Estado desde el momento de la fertilización, considerada la legislación más restrictiva de Estados Unidos. La ley, que permite emprender procesos penales contra cualquier persona que ayude a una mujer a abortar, entró en vigor tras la firma del mandatario estatal. “Había prometido a los habitantes de Oklahoma que como gobernador firmaría toda ley pro-vida que se me presentara, y estoy orgulloso de haber mantenido esa promesa hoy”, declaró el republicano Stitt en un comunicado.

Esta avanzada reaccionaria se produce cuando la Corte Suprema estadounidense estudia la posibilidad de anular el fallo Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto a nivel federal. Las alarmas del movimiento de mujeres se encendieron la semana pasada, cuando el medio Político dio a conocer un borrador de voto de uno de los jueces que va en el sentido señalado. Los argumentos de Alito, uno de los nueve magistrados de la Corte, son respaldados por otros cuatro del tribunal (que tiene nueve miembros), por lo que de mantenerse todos en su postura (la sentencia se espera para mediados de año), se impondría un severo retroceso en los derechos de las mujeres norteamericanas.

Oklahoma sienta su ley sobre la base de las promulgadas en Mississipi y Texas. Esta última fue conocida como “La ley del latido del corazón” y prohíbe llevar a cabo interrupciones después de que se detecte la actividad cardíaca del feto, normalmente en torno a las seis semanas de embarazo. Si la Corte diera marcha atrás con el fallo Roe vs. Wade, la cuestión del aborto quedaría librada al arbitrio de cada Estado. Se estima que en la mitad del país se impondrían legislaciones antiderechos semejantes a la que acaba de aprobar Oklahoma.

Las leyes de los tres Estados mencionados van en contra de los hitos que consagraron el aborto legal en el país. Por eso, la representante legal de Mississippi, Lynn Fitch, dice que ha llegado el momento de que los jueces anulen no solo el fallo Roe vs. Wade, de 1973, sino además el de Planned Parenthood vs. Casey, de 1992. Este último fue un caso histórico de la Corte Suprema con respecto al aborto, que ayudó a elaborar el estándar que protege el derecho de la mujer a optar por un aborto antes de la llamada ‘viabilidad fetal’, que se daría en el marco de las 24 semanas (LatFem, 3/12).

Tras conocerse la filtración del borrador de voto del juez supremo Alito, el presidente Joe Biden planteó su respaldo al derecho al aborto. Actúa pensando en las elecciones legislativas de este año, dado que según un estudio del Pew Research Center casi el 70% de los encuestados está en contra de la derogación del fallo de 1973, que se produjo en medio de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos como fruto de una gran pelea del movimiento de mujeres. El gobierno estadounidense mantiene una política de cooptación respecto del movimiento de lucha; esto supone un obstáculo para derrotar la ofensiva reaccionaria contra sus derechos y reclamos.

El avance reaccionario colocó en las calles al poderoso movimiento de mujeres: hubo movilizaciones en todos los Estados donde quiso aplicarse y en todo el país y fue el reclamo central de la Marcha de las Mujeres en el mes de octubre.

Para derrotar estos ataques el movimiento de mujeres y diversidades debe estar movilizado en las calles, y para ello es clave que se dote de una independencia política de los gobiernos de turno.