El israelí Yossi Beilin, ex ministro laborista de Justicia, y el palestino Abed Rabbo, ex ministro de Información, anunciaron un "modelo de plan de paz". Fue bautizado "Acuerdo de Ginebra", en relación a que Suiza financió durante dos años su elaboración. El acuerdo no es un documento oficial sino apenas un "modelo" que ambos grupos ponen a consideración de sus respectivos gobiernos.

Al igual que los planes de paz del gobierno de Clinton, establece la frontera entre Israel y Palestina en la llamada "línea verde" establecida por la ONU en 1949, y divide Jerusalén. Establece un "Estado palestino desmilitarizado" (junto a Israel que cuenta con armas atómicas) en el cual se instalará una "fuerza multinacional"; reconoce la soberanía israelí sobre los mayores asentamientos existentes en Cisjordania y Jerusalén Oriental (sólo se retirarán de Cisjordania 115.000 colonos de los 400.000 actualmente existentes); permite la instalación de bases militares israelíes en Cisjordania ("bases de alerta temprana"); acepta el mantenimiento de presos palestinos durante un período de hasta treinta años; y, finalmente, "abandona la reivindicación del retorno de los refugiados" a sus ciudades y pueblos de origen (The Economist, 18/10).

El "plan de paz de Ginebra" recibió el apoyo de Francia, de la ONU e, incluso, de Colin Powell, cabeza del Departamento de Estado norteamericano.

La repercusión del "Acuerdo de Ginebra" y el súbito renacimiento del llamado "campo de la paz" israelí (100.000 manifestantes se reunieron en Tel Aviv en ocasión del aniversario del asesinato del ex primer ministro Rabin) son la manifestación de la enorme crisis que atraviesa la política de Sharon.

El reclamo de un "giro político" proviene de las entrañas de los aparatos armados sionistas. Cuatro ex jefes del Shin Bet, la seguridad interna israelí, acaban de denunciar que "Ariel Sharon está llevando el país a una catástrofe" (Yedioth Ahronoth, 15/11). Reclaman el retiro del Ejército y el desmantelamiento de algunos asentamientos en Cisjordania y Gaza. Este pronunciamiento llega inmediatamente después de que el jefe del Ejército, Moshe Ya’alon, formulara idénticos reclamos (La Nación, 31/10). Todos ellos piden "un acuerdo de paz" con los palestinos, lo que equivale a un giro político sustancial de los aparatos armados "que hasta hace poco pedían firmeza sin concesiones a los dirigentes del Estado hebreo" (ídem).

El fracaso de la ocupación norteamericana en Irak es, por cierto, uno de los factores que han provocado el "giro" en la cabeza política de las instituciones armadas sionistas. Pero no es el único, pues el Estado sionista se ve confrontado a la mayor crisis económica de su historia, una crisis que muchos analistas califican como "argentina".

La producción cae, el déficit fiscal crece, y se está produciendo una masiva ola de quiebras. Según analistas israelíes, "el 18% de las empresas corre peligro de colapso. En lo que va del año, cerraron 2.500 empresas israelíes" (Clarín, 29/10). La política oficial - privatizaciones, apertura a las importaciones y ataques a las conquistas sociales de las masas - sólo ha servido para echar leña al fuego. En este marco, el intento de insertar en el mercado mundial la industria israelí de alta tecnología y el turismo ha fracasado. "La pobreza en Israel se triplicó en la última década", según los propios registros oficiales; la desocupación alcanza al 12% de la población (aunque hay bolsones de miseria donde llega al 20%); un tercio de la población israelí está por debajo de los niveles de pobreza; una parte, especialmente los jubilados y las familias encabezadas por mujeres solas, concurren a comedores populares (Clarín, 29/10). La tensión social va en aumento y recientemente una huelga general convocada por la Histadrut (central obrera) fue prohibida por la Justicia. Los líderes vienen advirtiendo acerca de un "estallido social" de la población israelí contra su propio gobierno.