El hallazgo, en Bélgica, de dos niñas muertas secuestradas hace más de dos años por una banda mafiosa de traficantes y abusadores de menores, dio lugar, días atrás, a la “ceremonia más conmovedora del país después del fin de la Segunda Guerra Mundial” (Clarín, 23/8).

La solidaridad popular con los padres de las niñas, obreros ambos de una fábrica de Lieja, dio lugar a una impresionante movilización popular contra las autoridades gubernamentales y contra la monarquía, acusadas de “negligencia” y complicidad con las bandas de delincuentes. La población se volcó en masa a las calles el día del entierro, denunciando —como lo registró la cronista de Clarín en boca de una mujer: “Estos horrores los practican los ricos y no los pobres, ¿sabe ?”.

Bélgica tiene un récord de “350 abusadores de menores… detenidos anualmente” (ídem), con un historial que involucra “a un ex-ministro de Justicia” (ídem, 24/8). El financista de la red que ahora cayó y que habría contado con “protección oficial”, sería un empresario que en el pasado actuó “como correo  de dinero negro procedente de comisiones ilegales para el Partido Socialista (imperialista) belga” (ídem, 28/8).