Exministro de seguridad mexicano declarado culpable de narcotráfico

Un caso que expone el entrelazamiento político y policial con los carteles.

Genaro García Luna escucha al expresidente Felipe Calderón

Genaro García Luna, exsecretario (ministro) de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. La semana pasada, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York lo declaró culpable de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico por la participación en una empresa criminal y distribución internacional de cocaína, además de falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad en 2018. Se espera que el 27 de junio el juez dicte la sentencia donde, según el Departamento de Justicia estadounidense, corresponde una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

En el juicio se mostró su recorrido desde la administración pública al narco. Luego de encabezar la Agencia Federal de Investigación (AFI), encargada de inteligencia, durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006) del derechista Partido Acción Nacional (PAN), García Luna fue designado secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) también del PAN.

Desde ese cargo, estuvo al mando de la llamada guerra contra el narcotráfico que lanzó Calderón apenas asumió en diciembre de 2006 en medio de fuertes protestas y movilizaciones contra el fraude en las elecciones de ese año. Dicha guerra, que fue el eje del gobierno, implicó el involucramiento del ejército en tareas de seguridad interna, que tuvo como correlato una escalada de violencia y de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares con cientos de miles de muertes y más de 100 mil desaparecides en México. La guerra contra el narcotráfico implicó una política de militarización de todo el territorio nacional. Con esto, se buscó la reorganización del territorio, la criminalización y el disciplinamiento social, en virtud de las condiciones y exigencias del mercado mundial para la extracción de riquezas.

Durante el juicio en el tribunal de Nueva York -el mismo que juzgó y condenó a cadena perpetua al líder del cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019- la defensa del exsecretario cuestionó la falta de pruebas documentales, ya que el proceso se basó mayoritariamente en testimonios de exintegrantes de dicho cártel. La fiscalía respondió este cuestionamiento argumentando que “así funciona la corrupción en los niveles más altos, se hace en secreto y se paga en efectivo” para terminar sentenciando: “se necesita a un criminal para conocer a otro” (El País, 15/2).

Y, de criminales, Estados Unidos conoce bastante. No se puede dejar de señalar el hecho de que la justicia estadounidense procesa y condena a políticos y líderes de cárteles mexicanos, pero deja impunes a los responsables de las políticas de seguridad imperialistas de los Estados Unidos que son, en gran medida, las que impulsan en América Latina y el resto del mundo el negocio de las drogas y las llamadas guerras contra el narcotráfico con sus terribles consecuencias.

Radiografía del narcoestado mexicano

Según los testimonios durante el juicio, García Luna utilizó su cargo público para ayudar al cártel de Sinaloa a expandirse, no interfiriendo en la distribución de droga, facilitando el ingreso de cocaína a Estados Unidos, brindando información sobre operaciones de control de las fuerzas de seguridad y nombrando funcionarios afines al cártel en posiciones de poder. La Policía Federal, a cargo del exsecretario, “actuó como guardaespaldas y escolta del cártel” a cambio de millones de dólares de sobornos, de acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia.

Todo este profundo entrelazamiento del poder político y policial con el narcotráfico enraizado en todo el aparato estatal que expone este caso es una radiografía de un verdadero narcoestado. Pero que no se limitó a la presidencia de Calderón, sino que hay toda una línea de continuidad, incluso con el cambio de partidos en el gobierno, durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como lo desnudó la lucha por justicia por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

En un reciente informe de agosto del año pasado de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), que la lucha de los familiares y organizaciones sociales arrancó al gobierno, confirmó lo que vienen denunciando hace años: el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes fue el Estado. El informe detalla el accionar del 27 Batallón del Ejército y tira por tierra la llamada “verdad histórica” que buscó responsabilizar al grupo narco Guerreros Unidos y encubrir el accionar del Estado y del gobierno de Peña Nieto en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La enorme lucha por la verdad y justicia por los 43 estudiantes puso al descubierto todo el entramado político que abarca a todos los niveles del Estado, desde el municipio, la gobernación del estado de Guerrero y el gobierno federal, ya que además del ejército a cargo de Peña Nieto, por este caso cayeron el presidente municipal  de Iguala, José Luis Abarca, que ordenó la represión que terminó con 6 normalistas asesinados y 43 desaparecidos y el gobernador del estado, Ángel Aguirre, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Repercusiones del caso García Luna

Las repercusiones del caso del exsecretario García Luna y la declaración de culpabilidad por narcotráfico están siendo aprovechadas por el gobierno de López Obrador para acusar a Calderón de haber encabezado un narcogobierno y reafirmar su campaña contra la corrupción que es el principal eje del discurso del actual presidente. Sin embargo, las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico están lejos de ser superadas. No sólo sigue la violencia, sino que, pese a las promesas de campaña de López Obrador de que los militares regresarían a los cuarteles, no ha sido así y siguen en las calles. Es más, la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional finalmente quedó bajo mando militar y, a fines del año pasado, a propuesta del gobierno, el Congreso aprobó la continuidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Pero las repercusiones del caso también exceden las fronteras mexicanas y ponen en cuestionamiento propuestas como las de Patricia Bullrich en plena campaña para las elecciones de este año en Argentina de querer poner a los militares a combatir al narcotráfico. Una estrategia que ya se demostró fallida en México, con graves consecuencias en términos de muertes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, y que como señaló el precandidato presidencial por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Gabriel Solano en una reciente recorrida por Rosario, “el protagonismo de la policía [de Santa Fe] en la captación de los pibes como ‘soldaditos’, refuta a Patricia Bullrich y la campaña de la militarización: además de policías narcos, tendríamos generales narcos gerenciando las redes y hostigando a una juventud sumergida en la pobreza” (El Ciudadano, 23/2). El derrotero mexicano, que el caso de García Luna vuelve a desplegar en toda su extensión, muestra que además de policías y generales, tendríamos ministros narcos y todo un Estado narco.