Hace tres semanas estalló la más importante de las cinco sublevaciones militares que enfrentó el gobierno filipino de Corazón Aquino desde su asunción en febrero de 1986. El levantamiento, de neto corte derechista, tuvo por eje el planteo de reforzar la guerra contra la guerrilla y destituir a los elementos democratizantes del gobierno y de la cúpula de las FFAA.

La sublevación provocó una profunda división entre los militares, aunque inicialmente solo 14 de los 86 batallones se sumaron al alzamiento. Al gobierno le resultó muy difícil movilizar a las tropas “leales”. Esta contemporización con los derechistas contrastó con la dura represión que realizó el ejército contra los manifestantes civiles que salieron a la calle a repudiar el alzamiento.

La situación actual es extremadamente inestable porque Hohasan, el cabecilla de la revuelta, declaró en varias entrevistas su intención de reiniciar la ofensiva. Está probado que el golpe tenía ramificaciones más vastas que no llegaron a manifestarse. El ‘‘Internacional Herald Tribune” (18-9) estima, por ejemplo, que “cerca del 90% de las tropas simpatizaban con los rebeldes”.

Disgregación del régimen

La sublevación se desarrolló en un momento de ‘profunda disgregación del régimen político democratizante de Aquino. “Cory” fue llevada al gobierno como resultado de una revolución popular. Las masas ocuparon las calles, obligando al imperialismo yanqui a reemplazar al dictador del país por una coalición del partido de Aquino, ex militares de Marcos (Ramos, Enrile) y los representantes de la oligarquía terrateniente y el gran capital de Filipinas (Salvador Laurel). El gobierno de Aquino despertó enormes ilusiones en las masas que esperaban conquistar la democracia política, la transformación agraria y la expulsión del imperialismo. Estas expectativas se frustraron; a lo largo de 18 meses la democracia fue el instrumento con el que se pretendió desmovilizar a las masas y desactivar la revolución.

Pero desde principios de año se ha producido un reanimamiento de las huelgas. El mes pasado se multiplicaron los paros como consecuencia de los “tarifazos” y luego un fuerte incremento de los combustibles desató (dos días antes de la sublevación de Honasan) la primera huelga general contra el gobierno burgués de Aquino. Los propios funcionarios de “Cory” debieron reconocer oficialmente la amplitud que alcanzó el paro y Aquino debió recular parcialmente anunciando que reducía a la mitad el aumento de la nafta.

El gobierno se lanzó a una amplia redada contra activistas y dirigentes sindicales, horas antes del estallido de la sublevación derechista, es decir, cuando en los cuarteles se ultimaban los detalles del alzamiento. Esta actitud retrata cabalmente el carácter antidemocrático y antipopular del régimen de Aquino.
La huelga general fue indicador de la progresiva radicalización de los trabajadores filipinos y del proceso de ruptura con el régimen patronal. Hay que recordar que fue justamente en el movimiento sindical donde el gobierno logró conquistar una base de apoyo al comienzo de su gestión y por eso algunos diarios han calificado al paro como un acontecimiento “histórico”.

La revolución en el campo

En el campo se ha creado una situación aún más explosiva por la impotencia del gobierno para cumplir con su promesa de implantar una reforma agraria. El 70% de la población vive en las regiones agrarias dentro de la más absoluta miseria, trabajando temporariamente la tierra monopolizada por un puñado de grandes propietarios. Aquino se limitó hasta ahora a medidas simbólicas (como la aplicación en sus propias estancias de algunos decretos de entrega de tierras a los arrendatarios de la época de Marcos) y el envío al Congreso de un proyecto de modificación de la propiedad de la tierra.
El alcance de la reforma es muy limitado, ya que excluye del reparto de los campos a todos los ocupantes ilegales, que forman una enorme porción de los plantadores. En la isla de Negros, por ejemplo, la propuesta contempla que los campesinos pobres recibirán sólo el 10% de las tierras. La reglamentación de la reforma ha quedado igualmente en manos del Congreso, cuya mayoría está controlada por los exponentes de la oligarquía, que han prometido además resistir a “punta de pistola” cualquier distribución de terrenos. Los terratenientes cuentan con verdaderas “milicias privadas” conectadas con el ejército, que aterrorizan desde hace décadas a la población, especialmente en las islas de Cebú, Mindanao y Negros.

La lucha de clases en el campo adquirió gran virulencia a principio de año, cuando una multitudinaria manifestación campesina fue brutalmente reprimida por las tropas, dejando un tendal de muertos entre los participantes. La “masacre de Mendiola” desató una oleada de resistencia en las 5.000 islas del archipiélago y este movimiento alimenta a la guerrilla del “Nuevo Ejército del Pueblo”. El NEP cuenta con más de 25.000 hombres y ha renovado su actividad después, de una negociación frustrada con el régimen de Aquino. Después de la sublevación derechista, Aquino anunció oficialmente el lanzamiento de una ofensiva general contra la guerrilla, como lo viene reclamando la oligarquía a viva voz.

Crisis revolucionaria

Aquino adoptó la misma política de capitulación ante la sublevación que siguió Alfonsín con Rico en Semana Santa. Está cumpliendo con los reclamos de Honasan. Desplazó del gabinete a Joker Arroyo y Teodoro Locsin, que eran los hombres más cuestionados por los militares; los sueldos de las Fuerzas Armadas serán triplicados y no habrá sanción alguna contra los que se sublevaron (solo serán “reeducados”). Es evidente que el gobierno está buscando entablar una negociación directa con Honasan (si es que no la inició). Para congraciarse con los derechistas liberó al hermano de Honasan, no detiene al ex ministro Ponce Enrile (verdadero jefe nacional del golpe), ha puesto en el gabinete a un nuevo ex-funcionario de Marcos. Aquino pretende enfrentar con la militarización la convulsión revolucionaria que se está gestando en todo el país. La reaparición del terror y los asesinatos contra la izquierda es una manifestación de este proceso.

El imperialismo yanqui se negó a apoyar a Honasan, sostuvo a Aquino y probablemente obligó al resto del ejército a mantenerse dentro del régimen democratizante. Los yanquis —que tienen enormes intereses económicos en la región y sus dos principales bases militares del Pacífico en el Archipiélago— estiman que Cory Aquino aún representa una importante carta política. Por esto se ha limitado a apoyar a quienes reclaman a Aquino el establecimiento de la ley marcial, lo que permitirá centralizar el poder para apoyar la acción antiguerrillera y la liquidación del movimiento obrero en las ciudades.
Estados Unidos pretende aplicar la táctica que ya se usara en El Salvador un gobierno elegido y un Estado militarizado. Como ya ocurriera en Centroamérica, el gran problema que se plantea en Filipinas es que las organizaciones obreras no sean destruidas por el Estado, ni disueltas por la guerrilla con un planteo de “guerra prolongada”.