El presidente golpista Michel Temer habló en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fueron menos de diez segundos, sin aviso previo, suficientes para una fuerte silbatina del público que enseguida se convirtió en estremecedora. El régimen político supuestamente responsable por sacar al país de su peor crisis no puede mostrar a su presidente en público.

 

La impopularidad del gobierno no alimenta, sin embargo, ninguna posibilidad de revertir la destitución de la presidente Dilma Rousseff (PT) por el Senado a finales de agosto. No estamos frente a un movimiento político pendular de izquierda a derecha, sino frente a una crisis vertical y transversal del poder político. La hipótesis que circula ahora es el reemplazo del gobierno de Temer y la sustitución del sistema presidencial por el parlamentario.

 

La hipótesis que plantea es la de la caída, no sólo del PT, sino del conjunto del gobierno elegido en 2014, y la posibilidad de cambio del régimen político y constitucional, substituyendo el presidencialismo por el parlamentarismo, o por un híbrido de ambos. El fortalecimiento ilusorio del Poder Judicial (simbolizada en la figura del juez curitibano Sergio Moro), elevado a la condición de salvador nacional por sus investigaciones sobre la corrupción estatal (y beneficiado por un corruptísimo aumento de 60% en sus “salarios”, en momentos de congelamiento salarial público y privado) no es una evidencia del fortalecimiento de las instituciones republicanas, sino de la descomposición del Estado.

 

El programa económico del gobierno consiste en un rescate de la burguesía y el Estado en quiebra por medio de un ajuste de los salarios, del empleo y de los gastos sociales, en especial del sistema previsional, acompañado por un endeudamiento feroz -tanto del sector público como del privado. Crece el número de empresas en concurso de acreedores, lo que habilita el remate de ellas a precios de pichincha. Lo mismo ocurre con la deuda pública. El plan oficial congela, por ley y por veinte años, los gastos estatales, y aumenta la desvinculación de la recaudación fiscal del gasto en salud, educación y gastos sociales, vinculación establecida en la Constitución. La crisis económica, con una consistente caída del PBI, ha sido el pretexto para suprimir más de 530 mil empleos “legales” en el primer semestre de este año. El desempleo es del 12% (más de doce millones de trabajadores).

 

La recaudación fiscal está en caída libre; ha caído en 60 mil millones de reales en relación con las cifras nominales de 2013, sin contar la inflación. El PBI per capita ha retrocedido al nivel de cinco años atrás, y el salario real medio ha sufrido un retroceso todavía mayor. El endeudamiento público y privado roza el 150% del PBI; la cartera de los bancos tiene una proporción creciente de ‘no performing’ (impagos). El déficit presupuestario está calculado para este año en 170 mil millones de reales (casi  50 mil millones de dólares), el déficit real, incluidos los llamados “esqueletos fiscales”, está calculado ¡entre 300 y 600 mil millones de reales! El gobierno anunció su intención de cubrir el muerto con nuevas privatizaciones (petróleo -ya han sido vendidas las reservas más promisorias, como las de Carcará- y electricidad, bancos públicos y sistema previsional). La perspectiva de un defol, anunciada por el aumento del “riesgo Brasil” por las agencias clasificadoras internacionales, está muy lejos de haber sido conjurada. Se ha abierto al capital extranjero áreas reservadas al capital local. Existe una fuerte disputa entre capitalistas chinos y norteamericanos por las privatizaciones, para arrancar nuevas garantías y exenciones impositivas, sin hablar de la completa apertura de los sectores económicos hasta ahora reservados para el capital local.

 

La crisis política se acrecienta por la “ilegitimidad” de un gobierno supercorrupto, elegido por nadie. Fora Temer puede ser el leit motiv de la unificación del conjunto de las luchas en curso, por el empleo, el salario, la casa, la tierra, la educación pública, los derechos sociales. En el segundo semestre habrá comisiones paritarias de petroleros, metalúrgicos, químicos, bancarios, correos y varias empresas estatales. Las burocracias de las centrales sindicales, sin embargo, se han integrado a las conversaciones con el gobierno sobre la privatización del sistema jubilatorio.

 

Oportunidad para la izquierda

 

La izquierda clasista tiene una oportunidad única de presentar un programa de conjunto frente a la crisis, y de plantear una alternativa política de clase. Sin embargo, tiende a limitar sus perspectivas a las elecciones municipales de octubre. La izquierda del PT, en nombre de la “reprogramación de la izquierda”, repite su táctica de presionar a la dirección del partido, que está en una crisis prácticamente terminal, para que haga (o al menos diga) lo que no hizo durante los trece años en que gobernó, sin ningún balance acerca de la estrategia política y la base social de esa dirección. En las cuestiones decisivas (la candidatura Haddad en San Pablo) se subordina a la dirección del PT.

 

El PSOL está concentrado en la posibilidad de llegar al segundo turno en las elecciones de cuatro capitales (en São Paulo sostiene la candidatura de Luiza Erundina, ex ministra de Itamar Franco y ex intendenta del distrito), e inclusive de vencerlas en Porto Alegre (con Luciana Genro). El PSTU, a su vez, se ha dividido, con una escisión de 30-40% de sus militantes (que constituyó el Mais en una plenaria celebrada en San Pablo) en torno a la cuestión del frente de izquierda y de la política de la dirección partidaria que ignoró el carácter golpista del juicio político a Rousseff. Asistimos a una adaptación democratizante, cada vez más acentuada, de la izquierda brasileña, sin excepciones, en un periodo de crisis excepcional.

 

Hay que abrir un debate para desarrollar la consigna Fuera Temer y la huelga general, en función de una crisis de poder con una posible irrupción de masas.