Francia se ha colocado a la cabeza del derrumbe industrial de Europa. Sólo durante los últimos tres años, cerraron sus puertas 900 fábricas. El peso del sector industrial en el Producto Bruto se redujo del 25 al 13 por ciento.

La promesa de revertir la crisis, por parte del gobierno de Hollande, ha terminado en un fiasco: los incentivos a los capitalistas no han tenido efecto.

La garantía al grupo Peugeot-Citroën (PSA) -por 7.000 millones de dólares- no detuvo sus planes de cerrar una de sus plantas (Aulnay sous Bois). Tampoco hay ninguna seguridad sobre la reubicación del personal afectado y se reanudaron las suspensiones.

La consigna del gobierno -"aumentar la competitividad"- significa una drástica reducción de salarios y contribuciones previsionales. Renault, por ejemplo, reclama que las fábricas francesas se alineen, en términos de costos, con las fábricas españolas y británicas. Esto implicaría pasar de los 35 euros actuales por hora a los 20 que está cobrando un trabajador español. Los traslados compulsivos de una fábrica a otra han desatado huelgas y otras medidas de lucha.

Pero es en Arcelor-Mittal, la principal acería de Europa, donde el fiasco socialista se manifiesta más groseramente. El gobierno amenazó con nacionalizar la planta -ubicada en la comuna de Florange- y revenderla, para evitar su cierre y el despido de 600 trabajadores. Los altos hornos de esa planta se encuentran paralizados desde el año pasado. No apareció ningún privado interesado, por la simple razón de que se excede a la capacidad de la industria en más del 50 por ciento. El desplome de la industria de la construcción y de las terminales automotrices ha golpeado fuertemente a la industria siderúrgica. Las arcas del Estado están exhaustas (la deuda pública se acerca al 100% del PBI). El espectáculo de París en penumbras por un apagón planificado por el gobierno, en una búsqueda desesperada de achicar la erogación que representa la importación de energía, habla por sí mismo.

Los sindicatos que representan a los obreros del astillero STX, de Saint Nazare, plantearon que el Estado se hiciera cargo del establecimiento.

En vez de la nacionalización de la acería, el gobierno anunció un acuerdo precario. La única obligación asumida por la empresa es no desmantelar los hornos de inmediato, sino en los próximos seis años. Una vez conocido el anuncio oficial, los trabajadores han ocupado la planta.