Este jueves 13 tendrá lugar una nueva jornada de lucha contra la reforma jubilatoria del presidente francés Emmanuel Macron, que eleva la edad de retiro y los años de aportes. Es convocada por la Intersindical, agrupamiento de las federaciones obreras.

La Intersindical fue dilatando en el tiempo las medidas de lucha, esquivando el llamado a una verdadera huelga general “ilimitada” –indefinida- que podría voltear  la odiada reforma y hasta al gobierno. Ahora pretende hacer girar el destino del movimiento en el pronunciamiento que tiene que hacer el Consejo Constitucional, un organismo conformado por “notables” hombres de Estado, que sesionará el día siguiente a la jornada de huelgas, el viernes 14 de abril. Allí se decretará si la reforma es ilegal o, como se especula, se ajusta a derecho y debe ser “respetada”. Esto significa que la burguesía se servirá de este mecanismo del Estado -ajeno a la “voluntad popular”- para revestir con un manto de “imparcialidad” una medida repudiada por la inmensa mayoría de los trabajadores.

El movimiento de lucha se venía desarrollando, especialmente a través de la acción de diversos sectores (petroleros de las refinerías, ferroviarios, metro, entre otros) que venían votando y ejecutando, día tras día, el paro. Pero el desgaste, producto del aislamiento impuesto por las maniobras de las burocracias sindicales, ha llevado a que algunos de estos sectores combativos levanten sus paros, participando solo en las marchas generales. Sin embargo, se suman otros: en particular, la masa del estudiantado universitario y secundario. La huelga general sigue manteniendo en jaque al gobierno y la mayoría de la población apoya la lucha por el retiro de la reaccionaria y antiobrera reforma previsional.

El Consejo Constitucional es uno más de los recursos de autopreservación del régimen de la llamada V° República de 1958. El gobierno Macron, que hizo uso y abuso de medidas despóticas,  decretó la disposición de 11.500 policías y gendarmes para la movilización del jueves 13. Una muestra más de las bases “democráticas” que sostienen la república francesa.

Además, el Consejo Constitucional puede habilitar otro recurso para desviar el movimiento de lucha: la convocatoria a un referéndum “trucho”. La legislación establece un mecanismo dilatorio previo (conocido como “RIP”) que estipula que el llamado a referéndum debe ser presentado por un sector del parlamento y luego recolectar firmas durante nueve meses. Luego, las cámaras legislativas dispondrán de otros seis meses para tratarlo, tras lo cual puede aprobarse o rechazarse, como cualquier proyecto de ley. Definitivamente un callejón sin salida.

El líder de la central sindical mayoritaria, la CFDT, Laurent Berger expresó en sus intervenciones que “acataría las resoluciones” y que está dispuesto a recolectar las firmas. Con esta línea de compromiso con el gobierno, las movilizaciones obreras deberían ser pospuestas al menos hasta septiembre, cuando se votaría la reglamentación de la reforma. La propuesta de Berger implica que los trabajadores deben abandonar cualquier pretensión de dirigir sus destinos para depositar su confianza en parlamentarios afines.

Los primeros que se subieron a esta idea fueron los bloques de la centroizquierda institucional, el Partido Socialista y el Partido Comunista. El ala derecha del PS, abucheada en la última movilización, anunció que sus parlamentarios darían los votos al referéndum. El PC, que viene de ahondar una línea electoralista en su reciente Congreso, también salió a apoyar la medida. Por el momento, Jean-Luc Mélenchon -líder del Nupes y referente con más apoyo popular en la centroizquierda- evitó pronunciarse. Mélenchon continúa barajando la idea de recibir el aval parlamentario de un sector del régimen –como ocurrió con su moción de censura contra Macron- para erguirse como candidato de un frente popular sin límites a la derecha.

Las luchas obreras en Francia son el punto más alto de una oleada de huelgas y movilizaciones en Europa, las más grandes de las últimas décadas, que expresa el hartazgo contra las medidas de ajuste impuestas por la Troika europea (Banco Central Europeo, Comisión Europea, FMI) y sus representantes gubernamentales, que tienen la contrapartida de un aumento del gasto bélico para sostener la guerra en Ucrania y la ofensiva de la Otan.

De visita en Países Bajos, Macron atacó a los huelguistas y anunció que, tras la resolución del Consejo Constitucional, pediría nuevas reuniones a los dirigentes sindicales. Su discurso, sin embargo, fue repudiado por un grupo de valientes manifestantes, quienes desplegaron banderas y entonaron cánticos contra la reforma jubilatoria. La continuidad de la lucha en las calles para imponer la huelga general “ilimitada” –indefinida-  y el rechazo a las componendas con el gobierno son el verdadero camino para tirar abajo la reforma y arrinconar a Macron.

Para ello, revisten más relevancia aún los esfuerzos que vienen realizando los sectores más aguerridos, que están a la cabeza de la movilización y de las huelgas en curso, en impulsar las iniciativas de acción y extender  todas las formas posibles de coordinación del movimiento de lucha.

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