La ofensiva capitalista contra la clase obrera ha dado un salto cualitativo en Francia en estos últimos días. La primer ministro Elisabeth Borne presentó el martes 10 el proyecto de ley sobre las jubilaciones, que incluye como medida central la postergación de la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Para el gobierno de Emmanuel Macron, y para la burguesía local, se trata de una cuestión fundamental. Fracasó durante su primer mandato (2017-2022) y ahora vuelve a la carga todavía con más energía, con el apoyo entusiasta de la central de las grandes empresas, el Medef.

Las ocho centrales sindicales francesas respondieron el mismo día con la convocatoria a la movilización. El capital y el trabajo se enfrentan; el primero con una clara dirección política, mientras que los trabajadores aparecen unidos contra la reforma y con el apoyo de la población, pero sin perspectivas políticas.

Este enfrentamiento se produce al mismo tiempo que las grandes huelgas en Gran Bretaña y movilizaciones en otros países y también en un continente donde la guerra progresa cada día. La independencia política de la clase obrera y el agrupamiento revolucionario de los militantes de la lucha de clases está en juego.

El ataque del gran capital

La jubilación es un salario diferido que forma parte de la remuneración del valor de la fuerza de trabajo, en forma de salario durante el período activo y en forma de pensión a partir de la jubilación. Esta noción teórica está muy integrada a la vida cotidiana de los trabajadores franceses, sobre todo cuando avanzan en edad. Jubilarse significa vivir sin el yugo inmediato del capital y disponer más libremente de su tiempo: la vida comienza con la jubilación. Claro está que la degradación física durante el período activo gangrena esta conquista de la clase obrera y las disposiciones legales la reducen y hasta la anulan. Como dice un trabajador entrevistado estos días por la prensa: “terminar con el trabajo para partir al cementerio o al asilo no vale la pena”.

Los gobiernos burgueses y el gran capital han combatido sistemáticamente la jubilación obrera, para reducirla y hasta anularla. Tuvieron que aceptar en su momento la jubilación por reparto (los activos cotizan y se pagan así, más la contribución financiera del Estado, las pensiones de los jubilados) y desde hace más de 30 años la sabotean, reducen sus beneficios, hacen más díficil el acceso, desprecian la salud popular. La forma más acabada del ataque burgués es imponer la jubilación por capitalización y terminar con el “reparto”. En Francia, existe junto al reparto varios sistemas híbridos de capitalización, en los sectores público y privado, con una activa intervención de las mutuales y los sindicatos. Son tomados como un elemento de refuerzo de la jubilación por reparto.

La jubilación por puntos que propuso Macron en el 2017 tenía como uno de sus objetivos la generalización de la jubilación por capitalización y dar lugar a la intervención masiva de las companías de seguro y los fondos de pensión, el capital financiero. En el 2023, ha cambiado de táctica: propone que muchos de los núcleos centrales de la población trabajadora trabajen más tiempo y cobren una jubilación menor. Por eso la edad mínima pasa de 62 a 64 años y se requieren 43 años de cotización para aspirar a una pensión completa. Serán varios años de trabajo gratuito y cotización. Al mismo tiempo se reducen las indemnizaciones por desempleo y se ataca el sistema de “ingreso de solidaridad”. Los desocupados de más de 57-58 annos, casi la mitad de esta franja de la población, esperarán más años para jubilarse con ingresos miserables.

De esta manera, el “costo” del sistema de “protección social” para el gran capital en su conjunto disminuye en forma signficativa. En lugar de atacarlo de frente, se lo carcome; se reducen los beneficios uno a uno, se empuja a una parte de la población trabajadora a la miseria y se impone más trabajo y menos ingresos a los sectores más activos y propiamente obreros y trabajadores, que no tienen estudios superiores y que no serán nunca ejecutivos ni capataces.

La respuesta obrera y la movilización popular

El programa del gobierno no daba ningún margen para la negociación con las burocracias síndicales. Estaba claro desde el comienzo. A pesar de esta evidencia, los dirigentes de las centrales sindicales se cansaron de ir a “reuniones de concertación” con los ministros, para afirmar a la salida que habían obtenido solamente el saludo y el vaso de agua. El gobierno trató de ganar a la CFDT (central de origen cristiano siempre dispuesta al “diálogo y la concertación” y que ahora es la primera central sindical, de acuerdo a los resultados de las elecciones profesionales) a la negociación y fracasó. El último congreso de la central votó su oposición a toda prórroga de la edad de partida y la dirección no podía provocar una crisis negociando las miserias del proyecto. El mismo martes 10 se reunieron las centrales y aprobaron un programa de movilización con una primera jornada de huelgas y manifestaciones para el jueves 19.

La fuerza de este llamado es su carácter unitario y es también su debilidad, porque le da a la CFDT y las centrales más conciliadoras casi un poder de veto a acciones más militantes, como precio de organzación común de la jornada del jueves 19. Por ejemplo, el llamado de las centrales sindicales no incluye la exigencia del retiro del proyecto gubernamental y trata de circunscribir la movilización a las decisiones que tomen las centrales. Por otra parte, todas las encuestas de opinión coinciden en que el gobierno no tiene el apoyo de la población; por el contrario, una mayoría se opone al proyecto oficial y apoya las movilizaciones obreras.

Esta es la contradicción que se desenvolverá en las próximas semanas y que dará lugar, o no, a la victoria de la clase obrera. Los sectores militantes tienen que agruparse, imponer las asambleas, proponer iniciativas de lucha y jornadas de huelgas, que deberían confluir en una huelga general. El gobierno está preparado para una movilización de centenares de miles de personas el jueves 19 pero tiene muchas dificultades para enfrentar una oleada de huelgas y movilizaciones, que dé lugar a la falta de combustibles, el cierre de las escuelas, la parálisis del transporte y de sectores productivos.

La experiencia de las movilizaciones de los “chalecos amarillos” así lo indica. Impedir toda provocación con supuestas acciones ejemplares e imponer la agitación permanente para hacer valer las armas de la clase obrera: la huelga y la agitación callejera.

Hace un par de semanas, los obreros ferroviarios impusieron esta orientación. Los gremios lanzaron un llamado a la huelga para los períodos de Navidad y Año Nuevo; se produjo una gran agitación pero la dirección de la empresa no cedió en nada ante este llamado. Los guardas de los trenes, por su lado, se organizaron a través de las redes sociales -un grupo de varios miles y la mitad de la profesión- y presentaron su propio pliego de reivindicaciones, al tiempo que solicitaron a los sindicatos que protegieran legalmente la huelga con un aviso formal. La huelga en Navidad de los guardas fue masiva y la dirección de la empresa convocó con urgencia a los sindicatos y al grupo organizado en las redes sociales para ceder en una parte importante del pliego de reivindicaciones. Varios miles de trabajadores se movilizaron por el camino tortuoso de Telegram y Facebook, se movilizaron con un pliego categorial y ganaron la batalla. Los militantes clasistas tienen que ser capaces de imponer la movilización lo más general posible.

Es el desafío de las próximas semanas. La lucha por la jubilación unifica a todos los sectores, aunque aparezca como abstracta para los jóvenes Favorece las iniciativas militantes, de asambleas, de coordinadoras, de huelgas con piquetes. Hay que tender todos los hilos de las organizaciones antiburocráticas, que se reclaman de la clase obrera y de la revolución, para formar rápidamente redes capaces de tomar iniciativas de lucha. Es un desafío, una carrera entre el gobierno que unifica a la burguesía y los sectores militantes de la clase obrera que tratan de organizar la lucha contra el poder político y las imposiciones del gran capital.

Luego del jueves, se podrá hacer un primer balance. El centro de gravedad tiene que estar en la organización independiente de los núcleos de activistas y en sus llamados a la lucha contra el gobierno. Existen direcciones síndicales intermedias favorables a esta orientación y hay llamados a jornadas de huelga durante las próximas semanas, sin esperar las decisiones de la intersindical, que vuelve a reunirse el jueves 19 por la noche.

Por su lado, los núcleos militantes han comenzado a lanzar iniciativas de organización y de movilización, para poner en jaque al gobierno. Las jornadas de lucha que probablemente serán llamadas por las centrales sindicales luego del jueves no serán un programa concreto que permita la derrota del gobierno. Con la coordinación de las acciones militantes en las bases y en los núcleos y sindicatos combativos, se podrá golpear con el peso social y político de la clase obrera y el apoyo de la población, en la marcha hacia la huelga general de masas.

París, l6 de enero de 2023.

  

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