Hace poco más de quince días, la Asamblea Nacional Francesa, en medio de un deba­te público sobre las garantías ciudadanas, “votó permitir la apelación de las decisiones del jurado en procesos criminales y fortalecer la presunción de que los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad”. Al mismo tiempo, fueron “agu­damente limitados los poderes de los jueces a cargo de las in­vestigaciones para encarce­lar sospechosos”.

Como corolario de la re­percusión provocada por el conocimiento de las condi­ciones horrendas de hacina­miento en la cárcel de La Sante, de París, donde están detenidos muchos acusados con proceso pendiente, la Asamblea también “resolvió que quienes están en custodia pendientes de un juicio, senten­cia o apelación deben ser hospe­dados en celdas individuales. La resolución le da tres años al go­bierno para construir los espa­cios necesarios en la prisión”.

En la provincia de Buenos Aires, la ley de seguridad acaba de liquidar el régimen de excarcelaciones de los imputados bajo proceso, somete a éstos a las condiciones de los condenados y coloca la investigación bajo la tutela de la Bonaerense. París y La Plata, sin embargo, no están tan distantes. El debate en Francia tiene uno de sus centros en la “sospecha pública de que los fiscales son menos duros con las personalidades políticas que con los ciudadanos corrientes” y “(se vive) un tiempo de ansiedad pública generalizada por los re­petidos casos de corrupción en los mayores niveles que quedan impunes”. En la ley peronista- aliancista que acaba de aprobar­se en La Plata la dureza tiene una excepción. Entre los delitos no excarcelables no figuran los casos de corrupción cometidos por civiles (sean políticos o no) en perjuicio del Estado, bajo cualquiera de sus formas (la ley sólo incluye a “funcionarios in­volucrados en hechos de corrup­ción contra la administración pública”).

 (Las citas son del International Herald Tribuno, 14/2).