Durante más de veinte años, el régimen político uruguayo no pudo “cerrar" el reclamo de­mocrático y popular del juicio y casti­go a los genocidas de la dictadura mi­litar, a pesar de acuerdos, leyes de amnistía y “olvidos". El Frente Amplio-Encuentro Progresista ha toma­do a su cargo enterrarlo definitiva­mente en su próximo gobierno.

“La intención de (Tabaré) Vázquez informa Ultimas Notidas(15/9) es apli­car el artículo 4 de la Ley de Caduci­dad de la Pretensión Punitiva del Es­tado (la versión uruguaya de la Ley del Punto Final argentina), para terminar a corto plazo con el tema de los desa­pareados, informar a los familiares y dar vuelta la página”. Es decir, termi­nar con los juicios e investigaciones y dejar intacto el aparato represivo.

Tabaré se lo comunicó a los miem­bros de la Legión Tenientes de Arti­gas, una agrupación militar a la que el diario La República (15/3/2003) de­finía no hace mucho como “sucedánea de la logia militar impulsora del quie­bre institucional de 1973".

La respuesta de los militares (a Vázquez) continúa. Ultimas Noticias fue clara: los desaparecidos están muertos”. En este punto, por cierto, ya no había divergencias. En marzo del 2000, Tabaré y el presidente Jor­ge Batlle llegaron a un acuerdo para impulsar una ley que declarara muer­tos a los desaparecidos. En realidad, la izquierda era la verdadera impul­sora del proyecto: “El tema lo planteó (Liber) Seregni (presidente del FA- EP)", quien “tras una larga etapa de silencio público (reclamó) una solu­ción política al tema de los desapare­cidos”. Para que no quedaran dudas acerca de sus intenciones, el recien­temente fallecido Seregni “precisó con mucho énfasis que no se trata de bus­car culpables” (Clarín, 29/3/2000).

La “coalición de izquierda" se co­loca de este modo contra todos los principios jurídicos que dice defen­der y contra un reclamo histórico: el secuestro de personas es un crimen.

Sobre esta cuestión no hay diver­gencias en el Frente Amplio. Todos los integrantes del FA-EP participan ac­tivamente en la tarea; en la primera fila se encuentran los ex guerrilleros tupamaros. Dos de ellos, los senado­res Fernández Huidobro y José Mujica, vienen manteniendo “conversacio­nes desde hace años” con los golpistas de la Legión de Tenientes de Artigas (Ultimas Noticias,15/9).

En una de estas ocaciones, se in­forma, “transmitieron a los militares que en un eventual gobierno de iz­quierda serán ‘los primeros en opo­nerse a que los miembros de la Fuer­zas Armadas sean extraditados al ex­terior’ por hechos ocurridos durante la guerra que Uruguay vivió en los años "60 y 70" (ídem).

Con tan firmes “principios", no es de extrañar que uno de los sena­dores tupamaros, Fernández Huido­bro, haya sido considerado para ocu­par el cargo de ministro de Defensa. Este, sin embargo, “no desea ocupar el cargo (…) debido a que tendría que dar órdenes a quienes enfrentara en la guerra" (ídem). El defensor de la impunidad tiene la preocupación de no herir la sensibilidad de los geno­cidas.

En Uruguay nadie se considera sorprendido por la política amnistiadora que el FA declara públicamente que va a aplicar. Es que la de­sarrolló durante veinte años en la oposición. El FA-EP boicoteó el ple­biscito contra la Ley de Caducidad, apoyó la “Comisión de la Paz" de Batlle y de una manera sistemática se opuso a todas las iniciativas de impulsar el juicio y castigo.

Todo esto es público y conocido. Iz­quierda Unida, de Argentina, que apoya al Frente Amplio y hasta lo presenta como su verdadero “mode­lo", no puede argumentar que ignora la política amnistiadora de sus con­géneres uruguayos.