El gobierno de Iván Duque ha cerrado un acuerdo con Estados Unidos para el despliegue de 800 soldados norteamericanos en Colombia, que se sumarán a partir de junio a las siete bases militares yanquis instaladas en el país.

Se trata de un reforzamiento de la injerencia imperialista en el país y en América Latina, hecho con el mismo pretexto de siempre -el combate del narcotráfico.

El despliegue norteamericano es inescindible de las amenazas golpistas contra la vecina Venezuela. El mes pasado tuvo lugar el Operativo Gedeón, con la participación de mercenarios yanquis. Previamente, el gobierno norteamericano anunció el despliegue de buques en las costas venezolanas y ofreció una recompensa por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Por el lado del gobierno colombiano, fue uno de los más fervientes patrocinadores de las intentonas golpistas de Juan Guaidó. Desde Colombia se montó el fracasado operativo de febrero de 2019, que a caballo de la “ayuda humanitaria” buscó dar un golpe de Estado.

La tensión en la región se vio recientemente en las amenazas yanquis contra los buques iraníes que transportaron gasolina a Venezuela, sorteando el bloqueo económico norteamericano.

Pero además, el despliegue yanqui debe pensarse a la luz de la propia situación doméstica colombiana, que viene de un enorme proceso de movilizaciones en 2019 y de una intensificación de los conflictos en el campo. Cuanto más tropas intervienen, más crece la violencia en el país. En 2019 la cifra de activistas sociales asesinados fue de 231; este año, ya son alrededor de 150. El Ejército colombiano no ha cesado los desalojos campesinos: durante marzo, en las regiones de Santander, Nariño, Cúcuta y Vista Hermosa Meta, los intentos de desalojo provocaron choques violentos entre militares y campesinos, que en cada enfrentamiento dejó varios muertos -ninguno militar (Resumen Latinoamericano, 29/5). A su vez, se ha retomado la política de fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, una política de guerra contra los campesinos. A esto hay que sumar el espionaje cotidiano por parte de las fuerzas de seguridad.

Algunos han advertido también que la llegada de los 800 soldados afectará el proceso de paz con las Farc, dado que muchos se desplegarán en áreas importantes para la aplicación del acuerdo, como Catacumbo y Arauca (Semana.com, 28/5). Pero lo cierto es que ese proceso ya ha naufragado hace tiempo, como resultado de la victoria electoral del uribismo (que reclamó la rediscusión de los acuerdos) y la persistencia del terror paramilitar -lo que ha llevado a una fracción de las Farc a anunciar un retorno a la lucha armada.

Para las masas, la situación es explosiva. El coronavirus agudizó todas las problemáticas del país. Se han producido centenares de miles de despidos y suspensiones, principalmente en los sectores hotelero, textil y petrolero. Otro sector vapuleado por la crisis es el informal, que constituye el 47% de la fuerza de trabajo, es decir 13 millones de personas que no tendrían sus ingresos garantizados (The New York Times, 17/4). Todo esto explica que se hayan desarrollado cacerolazos contra el hambre y protestas del sector salud, que denuncia falencias en materia de seguridad e higiene.

Fuera las tropas yanquis de Colombia. Abajo el golpismo contra Venezuela. Por un plan de lucha de las centrales obreras contra el gobierno de Duque.