El asesinato en la calle y a plena luz del día de Pedro Huillac, secretario general de la CGT peruana (central sindical dirigida por el stalinismo), conmovió al país.

 

Familiares y amigos denunciaron que Huillac había recibido amenazas de muerte a partir del momento en que se pronunció abiertamente contra los planes de “reforma laboral” de la dictadura.

 

Aunque la dictadura pretendió endilgarle el asesinato a Sendero Luminoso, las agencias internacionales de noticias coinciden en señalar que éste no tiene ninguna de las características habituales de las acciones senderistas. Es un nuevo ataque del terrorismo de Estado.

 

El asesinato se produjo horas después de la primera manifestación obrera contra la dictadura: la marcha convocada por la CGT para rechazar los planes oficiales de “flexibilidad laboral” y de “liberalización de la política de remuneraciones”; según la agencia United Press, la marcha fue “muy nutrida” (La República, 21/12). Los anuncios dictatoriales llevaron al londinense The Economist a decir que “no aparecía tan atractivo invertir en minería, pesca y propiedades agrícolas en Perú desde la década del ’50” (14/11).

 

La masividad de la marcha realizada bajo el estado de sitio y el terrorismo de Estado más salvaje que haya conocido Perú, podría plantear la emergencia de un nuevo cuadro político.

 

La base social del régimen se angosta rápidamente. La principal central empresaria, la Confiesp, ha salido a criticar abiertamente la política económica oficial, a la que responsabiliza por la aguda recesión (El Cronista, 8/12).

 

Con todo, el principal “peligro” para el futuro del régimen proviene de su principal base de sustentación, las fuerzas armadas. Con el correr de los días, la prensa ha ido mostrando que el fracasado golpe militar en los días previos a las fraudulentas elecciones para la Constituyente tenía abundantes ramificaciones en las instituciones armadas, en los partidos y en la propia burguesía. Según Cambio 16 (30/11), “en la intentona estarían comprometidos más de 60 oficiales en activo, los mejores en sus promociones y los más experimentados en la guerra antisubversiva”. Según Le Monde (17 y 18/11), “la enfermedad se agrava en el seno del ejército” después del golpe, y señala “de buena fuente” que el comando conjunto de las tres armas permaneció en silencio frente al golpe “por el rechazo de la marina… conocida por sus estrechas relaciones con la US Navy… a firmar un texto de apoyo al gobierno”.

 

Los ascensos de militares adictos digitados por Fujimori en los últimos días han producido “malestar y descontento en el interior de los cuarteles” (La República, 28/12) y se han constituido “en un tema central”. “Entre los militares habría fuertes tendencias nacionalistas que buscan, según se afirma, restablecer cuanto antes el equilibrio de poderes y la vida constitucional en Perú” (ídem). La prensa plantea, abiertamente, la posibilidad de una nueva crisis militar.