El juez Baltasar Garzón, en un libro de memorias que acaba de aparecer, describe la operación de Estado que impidió la extradición de cuarenta militares argentinos que se encontraban detenidos a su pedido en la Argentina. Garzón cuenta que el ministro de Justicia de España le comunicó que el pedido de extradición de los militares argentinos sería rechazado por pedido expreso del presidente Kirchner , quien había argumentado la necesidad de “tiempo” para “desarrollar la acción contra la impunidad”.

 

En efecto, luego del pedido de Garzón y un día después que el juez federal Canicoba Corral ordenara las detenciones solicitadas de los militares en cuestión, Kirchner derogó un decreto que impedía la extradición de militares para su juzgamiento en el exterior. La acción, sin embargo, sólo era aplicable a delitos cometidos con anterioridad a esta disposición, pero servía para la operación de Estado que estaba en marcha, o sea, “que los procesos se llevaran adelante en la Argentina y no en España. Pero, hasta este relato de Garzón, nadie había afirmado la existencia de una gestión gubernamental para que así ocurriera”. En Prensa Obrera Nº 813 (14/8/03), decíamos precisamente que “La ‘anulación’ no es lo que parece, (es) un pacto para salvar los indultos e impedir las extradiciones”.

 

Para impedir las extradiciones, Kirchner dio vía libre al PJ para que se tratara y aprobara la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, porque esto permitía argumentar que los juicios se hacían en el país. El acuerdo del gobierno con la bancada justicialista excluía la anulación de los indultos , porque hubiera impulsado la posibilidad de una prisión efectiva inmediata para todos los genocidas beneficiarios de la decisión de Menem. Una vez preservados los indultos, hasta los menemistas votaron la ley de derogación del Punto Final y la Obediencia Debida.

 

La “anulación” de estas leyes de impunidad permitía armar una excusa jurídica para impedir la vigencia del convenio de extradición con España. Nadie se ha preguntado por qué, si este paso afectaba a las FFAA, Kirchner no sólo no perdió el control del generalato sino que tuvo el acuerdo de éste para su política (a diferencia de lo que ocurrió con Alfonsín). Lo que Garzón acaba de demostrar es que Kirchner impulsó la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no para poner fin a la impunidad, sino para evitar las extradiciones, sin tener que recurrir, para esto, a un decreto de De la Rúa que lo obligaba a poner de manifiesto que defendía la impunidad para los represores.