Gaza está nuevamente bloqueada. Egipto cerró el paso de Rafah, que durante dos semanas fue el único acceso que tuvo la población palestina de Gaza a alimentos, medicinas y las mercancías más elementales. El cierre de la frontera entre Egipto y Gaza fue sistemáticamente reclamado por Israel y Estados Unidos. Los términos del cierre de la frontera, negociados entre el gobierno egipcio y Hamas, no han sido dados a conocer.

Del lado israelí se mantiene un bloqueo total que va a continuar por mucho tiempo. En los últimos días, fue reforzado políticamente por un fallo de la Corte Suprema de Israel, la misma que considera legal la tortura de palestinos detenidos por las fuerzas armadas sionistas. Ante el reclamo presentado por organizaciones de derechos humanos israelíes – que protagonizaron, junto a organizaciones palestinas, una movilización al paso de Erez en rechazo al bloqueo- la Corte Suprema israelí dictaminó que el bloqueo y la restricción de energía eléctrica y combustible a la Franja de Gaza era perfectamente "legal" (Haaretz, 2/2).

Cínicamente, el fallo sostiene que "en tiempos de guerra, la población civil es la primera y principal víctima del conflicto"; la "diferencia" entre Israel y sus enemigos, sostiene la Corte, es que el daño causado por Israel a la población civil palestina es "accidental". El "accidente" afecta a los hospitales, la planta potabilizadora de agua y la de tratamiento de aguas servidas, que quedan fuera de servicio por falta de combustible. Desde 1948, Israel desarrolla una política de expulsión de los palestinos ("limpieza étnica") que ha tomado como blanco principal a la población civil.

El bloqueo de Gaza es un "castigo colectivo", una práctica inaugurada por el imperialismo inglés, luego perfeccionada por Hitler.

El tratado Israel-Mercosur, un arma del arsenal sionista

En este cuadro de ataque sistemático contra la población civil palestina – a la que se quiere rendir por el hambre y las enfermedades- el acuerdo de "libre comercio" firmado por Israel con los países del Mercosur es un arma que refuerza la opresión del pueblo palestino.

Desde hace décadas, Israel sostiene una deliberada "guerra económica" contra los palestinos, tanto de Gaza como de Cisjordania. Ha destruido sistemáticamente plantaciones de olivos; se ha apropiado de tierras de labranza palestinas (tanto mediante la instalación de colonias como mediante la construcción del Muro en Cisjordania); ha impedido la exportación de las mercancías producidas en los territorios ocupados; ha prohibido el ingreso de materias primas para sus fábricas y explotaciones agrícolas; impide el tránsito de mercancías dentro de los propios territorios con bloqueos camineros y retenes militares; ha bloqueado el financiamiento de los emprendimientos económicos palestinos.

Uno de los aspectos más salvajes de esta "guerra económica" – cuyo objetivo es tornar imposible la supervivencia de la población palestina en los territorios apetecidos por Israel- es la apropiación por parte del estado sionista de los mejores acuíferos de una región en la que el agua es extremadamente escasa. El consumo de agua por habitante en Israel es más de diez veces superior al consumo de los palestinos. Precisamente, "una de las protagonistas en el comercio entre Israel y el Mercosur" es Netafim (Agencia de Noticias Judía, 6/2). Netafin es una de las empresas israelíes dedicadas a la manipulación y tratamiento del agua confiscada por Israel a la población palestina. Aquí tenemos un caso concreto, con nombre y apellido, de cómo el "libre comercio" entre Israel y el Mercosur refuerza el saqueo y la opresión del pueblo palestino.

Cuando Israel comenzó a levantar el Muro del Apartheid en Cisjordania – dejando del "lado israelí" tierras de labranza y acuíferos palestinos- la Corte Internacional de Justicia recomendó a los estados que no prestaran reconocimiento ni cooperación de ningún que favorezca la prolongación creada por dicho Muro – que la organización recomendó demoler- , y la ocupación israelí de los territorios palestinos. El acuerdo del Mercosur con Israel viola esta resolución de la Corte Internacional de Justicia.

El bloqueo de Gaza es una versión agravada del bloqueo impuesto a la Cisjordania contra el muro y, según las leyes internacionales, un crimen contra la humanidad porque su blanco es la población civil.

Los bloqueos, la ocupación, los asentamientos sionistas en tierra palestina, la "guerra económica", las incursiones militares en los territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, son ilegales. El "libre comercio" del Mercosur con Israel refuerza cada uno de estos mecanismos de opresión y de expulsión del pueblo palestino.

Es necesaria una enérgica movilización política para impedir la aprobación parlamentaria de este acuerdo contra el pueblo palestino.