El pasado 9 de noviembre la URSS y Alemania firmaron un pacto de “cooperación y no agresión”, que en realidad significa el apoyo del imperialismo alemán a la política de Gorbachov-Yeltsin de liquidación de las conquistas históricas y sociales de la revolución de 1917, que aún sobrevivían en la Unión Soviética. El imperialismo (alemán y mundial) sale a socorrer a su aliado, la burocracia restauracionista, que “generosamente” le entregó la causa de la unidad alemana al gobierno democristiano de Kohl, para lo cual se impidió el libre pronunciamiento del pueblo alemán por medio de una Asamblea Constituyente.

Antes del “pacto”, el gobierno alemán entregó un crédito de “agradecimiento” de cinco mil millones de marcos a Gorbachov, que el gobierno soviético dilapidó en cuatro semanas a través del pago de intereses atrasados de la deuda externa e incluso por medio de una fuga de capitales organizada por los capitanes de la industria de la burocracia.

Lo interesante del nuevo “pacto”, aunque de ningún modo novedoso, es la cláusula que establece el “respeto (de) la integridad territorial de todos los estados europeos en sus límites actuales” (Clarín, 10/ 11 y Wall Street Journal. 9/11). El lector poco avisado supondrá que esta cláusula apunta a impedir un reclamo alemán sobre los territorios que le fueron usurpados luego de la segunda guerra en beneficio de Polonia (a cambio de los que ésta perdió en favor de la URSS); pero no es así. En realidad apunta a mantener la integridad de la Unión Soviética bajo la égida de la burocracia restauracionista, contra las aspiraciones a la separación de parte de las naciones del Báltico, Ucrania o las del Cáucaso. El imperialismo persigue una política común, no contra el desmembramiento de la URSS, sino contra la posibilidad de que las nacionalidades que la integran se separen usando métodos revolucionarios, o de que esas independencias produzcan crisis y situaciones revolucionarias.

La unidad alemana que celebran los nacionalistas pequeño burgueses de esas naciones sovietizadas en forma forzada (y que no es tal, simplemente el Oeste anexó al Este), se revela como un instrumento para mantener la opresión nacional de la burocracia soviética dentro de sus confines.

La ratificación de estas fronteras, claro que en el marco del “libre comercio de bienes”, es decir de una restauración de! capitalismo, ha sido el objetivo de la reciente reunión del Consejo de Seguridad y Cooperación europeos. Los trotskistas denunciamos estos objetivos estratégicos cuando este CSCE se fundó en 1975, en Helsinki, mientras los “comunistas renovados” (sic) de hoy (y los castristas por sobre todo) lo saludaban (¿aún lo saludan?) como una victoria de la “política de paz” de Brezhnev.

Pero a no engañarse, la posibilidad de la burguesía mundial para evitar el separatismo de la URSS tiene sus límites. La descomposición sin retorno de la burocracia y una acción más amplia de las masas pueden llevar a la conquista de la independencia por vía revolucionaria. Si ella es dirigida por la clase obrera, podrá conducir a una reunificación de la URSS sobre la base del régimen de los consejos obreros, y extenderse incluso a los confines occidentales de Europa. Para bloquear esta posibilidad, la diplomacia occidental está estableciendo contactos por separado con las diferentes repúblicas soviéticas y también con las de la desintegrada federación yugoslava. El propósito inmediato es impedir la separación, el segundo organizarla “en orden” —esto para que no convierta a Europa en un único terreno de crisis y revolución.

“Las disposiciones establecidas en Helsinki (respeto a las actuales fronteras de los Estados), dice The Economist (13/ 10). aún tienen vigencia para Yugoslavia (y la URSS) Pero más allá de esto, no es asunto del resto del mundo mantener a Yugoslavia unida, como tampoco lo es con la Unión Soviética. Más que un asesoramiento para el matrimonio, estos países pueden necesitar un consejero de divorcios”.