Los dieciocho años de gobierno conservador se destacaron por un cercenamiento de las libertades democráticas en Gran Bretaña, que no tiene precedentes.

Bajo los ‘tories’ se abolió el derecho a deliberar pacíficamente, se recortó el derecho de los acusados a guardar silencio y se fortalecieron los poderes de la policía para espiar, investigar y detener a las personas sin cargos.

El siguiente es un apretado resumen de las leyes represivas aprobadas durante el ‘reinado’ recientemente terminado de Thatcher-Major:

• Elevación a siete días del plazo en que una persona puede ser detenida sin que se le formulen cargos, bajo sospecha de ‘terrorismo’ (1983);

• Duplicación de dos a cuatro días del plazo en que una persona puede ser detenida sin que se le formulen cargos, cualquiera sea la sospecha que pese sobre ella (1984);

• Recorte del derecho del acusado a guardar silencio en los interrogatorios policiales o judiciales. La ley que recorta este derecho, votada en 1993, “socava el principio de que el sospechoso debe ser considerado inocente hasta que se demuestre que es culpable. También le da a la policía el poder para investigar personas o detenerlas sin ninguna sospecha específica y para prohibir las manifestaciones, lo que significa abolir el derecho a la libre reunión” (The Economist, 26/4).

• La ley de asilo e inmigración permite a la policía detener a cualquier persona ‘sospechosa’ de ser un inmigrante ilegal.

• Se estableció una ley (llamada de ‘protección contra el acoso’) que puede ser usada contra los periodistas que investigan episodios en los que se encuentran implicados miembros del gobierno.

• La policía recibió nuevos poderes este año, mediante una ley que le permite entrar en las viviendas y poner micrófonos sin autorización judicial. La versión final de esta ley establece que la policía puede realizar estos actos sólo en casos “urgentes”, dejando la determinación de la urgencia en manos de la propia policía.

Estas leyes, que le otorgan un poder sin límites a la policía y ponen al pueblo en libertad condicional, muestran que la ‘democracia’ británica es un enorme aparato de espionaje y provocación policial.

Como era de esperar, “el número y significación de las violaciones a las libertades civiles se incrementó en gran medida bajo los ‘tories’. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Gran Bretaña 43 veces desde 1979 y 12 veces en los últimos dos años solamente, el peor registro de un país que haya firmado la Convención Europea sobre los Derechos Humanos. En 1995, el Comité de Derechos Humanos de la ONU elaboró un informe condenando las normas británicas. Un reciente informe sobre las libertades civiles en Gran Bretaña, elaborado por un grupo de abogados y académicos, identificó 42 violaciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Gran Bretaña, y otros 22 casos donde las leyes británicas están al borde de quebrantar estos tratados” (ídem).

Como la sombra sigue al cuerpo, la liquidación de las libertades democráticas está directamente relacionada con la política ‘tory’ de concentración de la riqueza y pauperización de las masas que convirtió a Gran Bretaña en el país europeo con mayor proporción de niños viviendo en la pobreza.

Con todo, “el aspecto más alarmante de la reciente erosión de las libertades civiles –señala The Economist, que publica un largo informe sobre la política de‘seguridad interior’ de los conservadores– ha sido la disposición de la oposición para acompañar algunas de las propuestas más objetables del gobierno, simplemente con el objeto de aparecer rigurosos contra el crimen”. Ni los laboristas ni los demócratas liberales hicieron campaña contra estas leyes o se comprometieron a derogarlas o enmendarlas en caso de llegar al gobierno. Al contrario, los laboristas han presentado su propia ‘agenda’ sobre la ‘seguridad interior’, que incluye el establecimiento de ‘toques de queda’ —como los de Duhalde— para la juventud.