06/10/2021

Gran Bretaña: una ley «antipiquetes» para criminalizar las luchas ambientales

El gobierno de Boris Johnson busca ilegalizar los cortes que llevan dos meses reclamando mayor eficiencia energética.

El gobierno de Gran Bretaña, liderado por Boris Johnson, prepara un paquete de leyes para ilegalizar las protestas sociales, en respuesta a la seguidilla de manifestaciones con cortes de carreteras y puentes por parte de las organizaciones ambientales en los últimos dos meses.

Insulate Britain, una escisión del agrupamiento internacional Extinction Rebellion y protagonista de las acciones callejeras, exige que se mejore la eficiencia energética del envejecido parque de viviendas británico. Los activistas y colectivos advierten sobre la problemática del cambio climático y cómo repercute en el país. Debemos recordar que en Glasgow, Escocia, se organizará la conferencia climática (COP 26) de la ONU, en el mes de noviembre.

Si bien las fuentes de energía renovables (eólica, solar) son mayoritarias, todavía dependen en parte importante de las centrales eléctricas a gas y la energía nuclear. El cumplimiento de los compromisos asumidos para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera en las próximas décadas viene muy rezagado.

Frente a esta situación la ministra de Interior británica, Priti Patel, en lugar de atender los reclamos se ha lanzado al ataque de los ambientalistas, calificándolos como «delincuentes» (Ap News, 5/10). La funcionaria afirmó que «aumentaría las sanciones máximas por interrumpir el tráfico de una carretera, crearía poderes para impedir que algunos manifestantes viajaran por el país y crearía un nuevo delito de ‘interferencia con infraestructuras claves’ como carreteras, vías ferroviarias y medios de prensa» (Ídem). Esta aberración jurídica no es más ni menos que la criminalización de la protesta social, reforzando los aparatos represivos de seguridad y curarse en salud ante las crisis migratorias o sociales, económicas y políticas como la del Brexit.

Debemos advertir que se sentaría un peligroso precedente si el Reino Unido avanzara con esta legislación represiva contra las libertades democráticas. Las organizaciones sociales, ambientales, juveniles y sindicatos independientes y de lucha de todo el mundo deberíamos llamar a una gran campaña internacional en defensa de los luchadores ambientales británicos.

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