En la misma jornada en que se conmemora el Día Internacional de las mujeres trabajadoras, el congreso de Guatemala, a contramano del movimiento de mujeres y diversidades, aprobó la ley 5.272 “Para la protección de la vida y la familia”. Esta ley penaliza el aborto (existía solo para casos en los que la madre corre peligro de vida), prohíbe en matrimonio igualitario y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas. De los 160 votos, solo 8 legisladores votaron en contra. Un retroceso en toda la línea.

“Según la ley, las mujeres que “se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo” enfrentarán un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas” (BBC, 8/3). Sin mencionar que esto lleva a la penalización de los abortos espontáneos, algo que se denuncia en varios países de América Latina que debaten la cuestión.

La ley que se acaba de aprobar es violatoria de un conjunto de derechos pero también un reforzamiento del control social que se ejerce sobre las mujeres y diversidades de la clase obrera.

Desde diferentes sectores, empezando por agrupaciones feministas y del movimiento LGTBI del propio país así como en todo el mundo, incluyendo a Amnistía Internacional advirtiendo además que esta ley fomenta el odio y la discriminación. “Al menos 32 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Guatemala el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, según el Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+, y en lo que va de 2022 se han registrado otros nueve asesinatos. El país también ha sufrido niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes: sólo el año pasado, 2,041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y el país registró más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años” (Amnesty.org, 9/3).

La ley deberá ser ratificada por el presidente Alejandro Giammattei, quien llegó a la presidencia básicamente con los votos de partidos y sectores conservadores aliados, los que en la votación representaron un total de 102 votos sobre 160. Sin embargo, este 10 de marzo se conoció a través de un video de presidencia que el mismo Giammattei vetaría la ley porque “viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria”, “adolece de deficiencias técnicas en su redacción” y “lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República”.

Desde ya, mientras declaraba esto, se comprometía en el congreso cristiano que se lleva a cabo en la capital y que tiene como objetivo declarar a Guatemala “Capital Iberoamericana Provida” a favor de hacer todos los esfuerzos para “respetar la vida desde su concepción”. Es decir, mientras veta la ley por cuestiones técnicas, garantiza el bloqueo en el acceso al aborto de facto.

El avance de los sectores religiosos, conservadores y ultramontanos en América Latina es propiciado por los mismos gobiernos para garantizar su elección y continuidad. Ocurre también en nuestro país, como se vio en las elecciones pasadas. No solo porque estos sectores organizan sus propios partidos sino por las alianzas que tejen con el Estado y con todos los gobiernos: son conocidos los encuentros de la Alianza cristiana de Iglesias evangélicas con los diferentes despachos gubernamentales, desde la presidencia y hacia abajo o como la oficina que les regaló Magario en la Matanza o los lazos con sectores católicos. Todos ellos territorializados y trabajando en las barriadas populares.

Esto debe ser frenado de manera urgente por el movimiento de mujeres y diversidades independiente, tomando las calles de forma contundente y masiva, desarrollando lazos de organización internacional y enlazado con las demandas de la clase obrera.

¡Vamos por todas nuestras conquistas, por la separación de la Iglesia y el Estado!

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