Este jueves 29 se llevó a cabo una jornada de movilizaciones y piquetes en Guatemala para reclamar que se vayan el presidente Alejandro Giammattei y la titular de la fiscalía general, Consuelo Porras. Ambos se encuentran en el ojo de la tormenta por denuncias de corrupción y el encubrimiento de las mismas.

La jornada incluyó movilizaciones al Palacio Nacional y al Ministerio Público de la capital, además de una decena de bloqueos en distintos puntos del país, incluyendo una carretera clave en el occidente. Participaron organizaciones indígenas, campesinas, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), médicos de los hospitales Roosvelt y San Juan de Dios, y algunas fuerzas opositoras al gobierno derechista. En las calles se hizo sentir la bronca contra la pobreza, la corrupción, la criminalización de líderes sociales y la falta de vacunas, en momentos en que la pandemia registra récords de casos (3 mil diarios) y el sistema sanitario se encuentra fuertemente estresado.

La semana pasada, la fiscal general destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien investigaba funcionarios próximos al presidente e inclusive, según algunas versiones, al mismo mandatario. Sandoval abandonó el país, al igual que un exasesor del titular del Banco de Guatemala, quien confesó haber realizado un soborno a miembros del organismo que comanda Porras para evitar que su jefe, ligado a Giammattei, fuera investigado por tráfico de influencias.

La FECI es heredera de la Cicig, una comisión anticorrupción impulsada por la ONU y Estados Unidos para monitorear a los gobiernos locales, que resultó expulsada por el expresidente Jimmy Morales en 2019. El gobierno norteamericano rechazó la destitución del fiscal Sandoval y detuvo la cooperación en materia judicial con Guatemala. La Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana emitió también un pronunciamiento crítico con el gobierno. Lo mismo que la Iglesia.

El imperialismo tiene roces con la corrupta camarilla que gobierna Guatemala, pero al mismo tiempo la utiliza para tratar de frenar la estampida migratoria hacia los EE.UU. La vice Kamala Harris -que visitó la nación centroamericana hace pocas semanas– ratificó este lunes esos acuerdos, que implican la represión de quienes intentan huir de un país devastado por la pobreza y las bandas criminales.

El conflicto entre el gobierno guatemalteco y la FECI tiene una de sus facetas más ilustrativas en el caso Odebrecht, referido a los sobornos de la contratista brasileña en todo América Latina. La Fiscalía Especial realizó acuerdos de “colaboración eficaz” con directivos de la empresa, a semejanza de la “delación premiada” de Sergio Moro en Brasil o los “arrepentidos” en Argentina, en el marco de una investigación sobre un contrato de construcción de casi 400 millones de dólares por una ruta que nunca se terminó (Prensa Libre, 29/7). La fiscal general acusó a la FECI de puentearla y de no tener jurisdicción para hacer esos pactos.

En el fondo de los choques entre Giammattei y la FECI están los intereses cruzados de distintos sectores de la clase dominante. El presidente representa un sector de la burguesía que ha hecho enormes negocios con el Estado, mientras que la Fiscalía Especial se encuentra tutelada desde el norte.

El pueblo guatemalteco, que ha vuelto -como el año pasado– a salir a las calles para enfrentar a un gobierno corrupto y hambreador, no debe depositar ninguna expectativa en los fiscales de la FECI y solo confiar en sus propias fuerzas.