Tras el paro general del 1 y 2 de febrero, miles de personas se movilizaron en Haití el 7 y el 15 de febrero, para exigir la inmediata salida del presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, el empresario bananero se sigue negando a declinar, con la intención de continuar gobernando, hasta 2022.

Moïse se impuso en las elecciones de 2015 y debía asumir en febrero de 2016, pero los resultados fueron anulados por fraude. Se formó un gobierno de transición y en noviembre de 2016 se hizo una nueva elección, ganada por Moïse. Este asumió sus funciones en febrero de 2017 y cuenta su mandato de cinco años desde entonces. En cambio, la oposición considera que se debe contar desde febrero de 2016, por lo que el mandato se habría vencido este 7 de febrero.

La crisis ha dividido el aparato estatal. El Consejo Superior Judicial emitió una resolución donde declara que el gobierno de Moïse finalizó el 7 de febrero.

En este contexto, la oposición proclamó un nuevo gobierno de transición y nombró al juez Joseph Mécène Jean-Louis como presidente interino. Lo acompañan desde los progresistas de la Agrupación de Demócratas Nacionales hasta los conservadores del Pitit Desalines y del Movimiento Patriótico Popular Dessaliniano, pasando también por sindicatos, cámaras empresariales, la Iglesia Católica (que esta semana rompió definitivamente todos sus lazos con el oficialismo) y sectores de la Protestante. Sectores del clero le han pedido a Moïse que renuncie para evitar “una nueva explosión social”.

Moïse no tardó en responder. Desde el aeropuerto capitalino, denunció vía cadena nacional un supuesto intento de magnicidio y de tentativa golpista, justificando así la detención ilegal y sin pruebas de 23 personas, entre ellas el juez Ivickel Dabrésil, hombre propuesto en primera instancia para ser el nuevo presidente interino (Infobae, 11/2). También ordenó la jubilación forzosa de tres jueces, entre ellos Jean-Louis, designando sin concurso y de manera arbitraria a otros tres (Le Nouvelliste, 11/2). Y ratificó el referéndum constitucional de abril, que tienen como propósito reforzar las atribuciones del presidente, y las elecciones legislativas y presidenciales de septiembre, en las que asegura que no se presentará como candidato.

El imperialismo norteamericano, que ha sido el sostén clave de Moïse todo este tiempo, parece seguir apoyando su continuidad en el cargo. La OEA, en tanto, validó la interpretación que hace el presidente de cuándo termina su mandato. En cambio, hay sectores de la burguesía que apoyan a la oposición. Pero la insurgencia popular no se debe solo a los problemas “institucionales”, sino a la grave crisis social. Entremedio aparece un pueblo sumergido en la extrema pobreza, la mayor del continente, que no encuentra sosiego ni satisfacción de sus necesidades en ninguna de las dos variantes.

Las masas haitianas han enfrentado en las calles al gobierno. Protagonizaron dos levantamientos (2017 y 2019) contra el aumento de los combustibles y ante su desabastecimiento. Redoblar la movilización es el camino para echar a Moïse. Pero no se puede tener expectativas en el gobierno de transición que alientan sectores de la burguesía. La vanguardia obrera y de los luchadores haitianos debe organizarse en forma independiente y levantar un programa de reivindicaciones transitorias con el objetivo de constituir en este proceso de luchas un partido obrero independiente y revolucionario con la perspectiva estratégica de la instauración de un gobierno de trabajadores.

Haití es parte de la convulsiones populares que recorre Latinoamérica incentivadas por la crisis capitalista.