El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado anoche en su domicilio de Puerto Príncipe, capital del país caribeño. Su esposa, Martine Marie Etienne Joseph, resultó gravemente herida. Un grupo comando, que según la versión oficial hablaba español e inglés (en la isla las lenguas son el francés y el creol), fue el autor del atentado. Tras una sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro interino Claude Joseph informó el dictado del estado de sitio.

Aún no hay claridad sobre quiénes fueron los promotores políticos del magnicidio. Moïse, perteneciente al PHTK (Partido Haitiano Tét Kale, “cabezas rapadas”), un partido de derecha, había llegado a la máxima magistratura en 2017 y era el hombre fuerte del país. Desde enero de 2020, cuando dispuso el cese de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado, alegando el fin de sus mandatos, gobernaba en base a decretos. Venía llevando a cabo también un proceso de depuración del Poder Judicial. La oposición denunciaba que su mandato estaba vencido desde febrero de este año, por lo que se produjeron movilizaciones e incluso un paro general para reclamar su salida. La clase dominante se dividió, con un sector alentando la salida del mandatario, lo mismo que el clero, en tanto que la Corte también planteó que su período había culminado. Moïse interpretó que en realidad le quedaba un año más de gobierno, un enfoque que contó con el apoyo de Estados Unidos. No sólo eso: la OEA y Naciones Unidas convalidaron el calendario electoral del oficialismo, que establecía elecciones presidenciales y legislativas para septiembre y, sobre todo, un referéndum constitucional para la misma fecha concebido para reforzar las atribuciones del Poder Ejecutivo (fin del cargo de primer ministro; disolución del Senado y reemplazo por un parlamento unicameral devaluado; habilitación de la reelección -dos períodos consecutivos-, etc.).

¿Vacío de poder?

Con la muerte del presidente, un sitio haitiano (AyiboPost) se pregunta entonces con cierta perplejidad quién gobernará ahora la nación antillana. Ocurre que el primer ministro en funciones es una figura interina, dado que Moïse designó la semana pasada a un sucesor -quien iba a ser el séptimo primer ministro bajo su gestión, lo que muestra el debilitamiento del cargo. El parlamento, como ya vimos, está disuelto. La Corte Suprema cuenta con la mitad de sus miembros, debido a algunos desplazamientos por parte del presidente, y acaba de morir por Covid su titular René Sylvestre.

Por el lado de las fuerzas represivas, las cosas no van mejor. La Policía Nacional, que cuenta con unos 15 mil efectivos, y es por tanto el principal aparato de seguridad del país (el Ejército fue disuelto en los 90, y si bien Moïse lo removilizó, solo cuenta con algunos cientos de efectivos), se encuentra sumida en una crisis. En marzo, una facción rebelada contra la cúpula -Fantom 509- se manifestó y amenazó con “prender fuego el país” si no le devolvían los cuerpos de algunos oficiales caídos. A su vez, en las últimas semanas Puerto Príncipe y el área metropolitana se han visto asoladas por el choque entre bandas criminales (hay alrededor de 77) y de éstas con la policía. En este contexto, una facción de uniformados desató hace pocos días una masacre en un barrio capitalino (entre las 15 víctimas estaban el periodista Diego Charles y la activista por los derechos de las mujeres, Antoinette Duclair), a modo de descargo por la muerte de uno de sus referentes.

Más de cien personas han muerto y cerca de 20 mil debieron huir de la capital, a raíz de esta espiral de violencia armada. Hay denuncias de violencia sexual contra las desplazadas y un campamento de refugiados fue incendiado.

No existe una barrera infranqueable entre la policía y las bandas criminales. “Barbecue”, el cabecilla de la federación criminal G9, es un oficial exonerado hace pocos años de la Unidad de Mantenimiento del Orden. En julio de 2020, la alianza delictiva marchó impunemente por la capital, con vehículos similares a los que utilizan las fuerzas de seguridad.

Barbecue participó personalmente a comienzos de 2020 de la entrega de alimentos en un barrio empobrecido de la capital, junto a efectivos de la Policía Nacional. El oficialista PHTK está acusado de apoyar estas bandas, que les sirven para aterrorizar a las masas. El G9 controla lugares estratégicos de la capital y el área metropolitana. Según un interesante artículo de Lautaro Rivara, estos grupos bloqueaban los accesos de barrios empobrecidos y amenazaban de muerte a quienes quisieran movilizarse hacia Champ de Mars, centro del poder político, durante las jornadas de movilización nacional (Resumen Latinoamericano, 1/7). En marzo pasado, el secuestro del médico Jerry Bitar desató un paro de trabajadores de la salud y una movilización, que logró finalmente su liberación.

El pueblo haitiano protagonizó dos levantamientos populares en 2017 y 2019, motorizados por el aumento y el desabastecimiento de los combustibles. Las bandas armadas son un recurso para tratar de mantenerlas a raya mediante el terror. El valor del paro de los hospitales es que expresa un principio de intervención obrera en medio de una situación espeluznante.

Al apelar a las bandas criminales, el oficialismo juega con fuego. En las últimas semanas, Barbecue señaló en un video -rodeado de seguidores encapuchados- el comienzo de una “revolución armada” (ídem).

Descomposición estatal

Todo lo dicho configura un escenario de descomposición estatal, en uno de los países más pobres del continente y que hasta hace unas semanas no había inoculado una sola vacuna contra el Covid-19. La vecina República Dominicana dispuso el cierre y militarización de la frontera.

La crisis que abre la muerte de Moïse plantea la amenaza de salidas golpistas o de una nueva intervención extranjera. A comienzos de siglo, el imperialismo impulsó la Minustah, una fuerza de 7 mil efectivos votada por el Consejo de Seguridad de la ONU (a la que aportaron varios gobiernos “nacionales y populares” del momento, como la Argentina de Néstor Kirchner y el Brasil de Lula) que cometió todo tipo de abusos contra los derechos humanos de la población, además de introducir el cólera. La misión llegó a su fin en 2017. Hoy está presente la Binuh, una misión injerencista de carácter político, pero que no dispone de soldados.

Está planteado desarrollar un reagrupamiento independiente, en la perspectiva de abrir una salida de los trabajadores frente a los inauditos padecimientos a que el imperialismo y el régimen someten al pueblo haitiano.