Este viernes, cientos de miles de personas coparon las calles con piquetes y barricadas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse y su gabinete. La chispa que encendió las protestas es el desabastecimiento -desde hace tres semanas- de combustibles en la isla caribeña, que ha dejado a gran parte de la población sin alimentos y sin energía.

Esta semana, las movilizaciones se extendieron por varias ciudades. La población se enfrentó a feroces represiones policiales, que dejaron como saldo la muerte del joven Vladimir Phebé.

Las imágenes hablan por sí solas: camiones de carga que pernoctan en las estaciones de servicios cerradas, todos los colegios y la mayoría de los hospitales paralizados y las góndolas de los supermercados vacías. Al mismo tiempo, el parlamento está paralizado. El oficialismo del Partido Haitiano Tèt Kale y la oposición del Movimiento Patriótico de la Oposición Democrática (MOPOD) desoyen los reclamos populares y no consiguen calmar la situación. Por momentos, el régimen político tambalea y acude en su auxilio Donald Trump. 

Pese a que se han retirado del país las tropas invasoras de la Minustah (con la que colaboraron los gobiernos “nacionales y populares” de Lula y Kirchner), la injerencia imperialista persiste por múltiples vías, entre ellas la Minujusth, sustituta de la primera.

¿Por qué falta el combustible?

Haití no es un país productor de hidrocarburos, con lo cual está constantemente maniatado a su compra en el exterior. Desde 2005 estuvo beneficiado con el programa Petrocaribe, por el que Venezuela vende petróleo a menor costo en los países caribeños. Sin embargo, este acuerdo finalizó el año pasado y Haití pasó a importar desde Estados Unidos a precios de mercado. Según resume Clarín (19/9), “el fin del acuerdo de Petrocaribe, la penuria de las  cuentas públicas y la privatización del sector petrolero han contribuido a agotar el suministro de carburantes en el país y ha tenido un efecto incendiario en las calles de Puerto Príncipe”.

A su vez, el gobierno trata de tapar la gigantesca corrupción y desvío de fondos. La Corte Superior de Cuentas develó en su informe que con los fondos del programa Petrocaribe se financiaban proyectos que jamás fueron llevados a cabo. Los nombres de las empresas que recibían dichos fondos están asociadas a Moïse y todo su entorno, incluyendo a funcionarios del oficialismo y de la oposición (EFE, 1/7). Toda la disposición del régimen político está concentrada en el enriquecimiento ilícito, aún en detrimento de una población que muere por hambruna.

Según un reporte de Unicef en 2018, el porcentaje de la población bajo pobreza extrema sería del 63% -si tenemos en cuenta la inflación de principios de año, sabemos que el porcentaje aumentó. A esto debemos agregar los niveles altísimos de mortalidad infantil por desnutrición, de desempleo y de analfabetismo. La población media vive con un promedio de dos dólares al día. La inflación y la devaluación de la moneda pulverizó el salario de los trabajadores.  

Aumentos: una olla a presión

En julio del año pasado, un millón y medio de personas salieron a las calles para protestar contra los anuncios de aumento en los combustibles. Ahora, decididos a todo, Moïse y el FMI vuelven a apostar por esa ficha. Si bien los medios de comunicación dicen que el desabastecimiento es total, esto también es falso. El gobierno cuenta aún con una reserva de 140 mil barriles, que pretende liberar cuando se efectivicen los aumentos. Se produce una situación interesante, porque tanto el desabastecimiento como un potencial “naftazo” son socialmente explosivos, por lo que sea cual sea la decisión del gobierno deberá enfrentar nuevas protestas.